MARTES Ť 30 Ť ENERO Ť 2001
Ť Denuncian violaciones a los derechos en San Quintín
Acusan jornaleros al gobierno de BC de vender terrenos federales
JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL
Tijuana, BC, 29 de enero. El gobierno de Baja California vendió a jornaleros terrenos propiedad de la nación, denunciaron indígenas migrantes avecindados en el Valle de San Quintín a integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión.
Además, los campesinos narraron a los legisladores diversos abusos de que son víctimas en San Quintín, región ubicada a 250 kilómetros de esta frontera. Ahí, según el procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Raúl Ramírez Baena, miles de indígenas nativos y migrantes viven en condiciones de explotación, "similares a las de la época porfirista, por lo que es impostergable la intervención seria y comprometida de las autoridades laborales".
El ombudsman bajacaliforniano agregó que las extensas áreas privadas de cultivo de San Quintín reciben, en migraciones cíclicas, un promedio de 35 mil jornaleros anuales provenientes de los estados de Oaxaca y Guerrero, "que enfrentan severos problemas de explotación y violación de sus derechos humanos".
Ramírez Baena abundó: "Encontramos (en San Quintín) a grandes grupos de jornaleros indígenas inmigrantes que se han asentado sin títulos de propiedad, lo que causa conflictos por la tenencia de la tierra".
Durante una reunión que sostuvo con diputados federales que el pasado fin de semana recorrieron el valle de San Quintín, el dirigente indígena Julio Sandoval Cruz aseveró que funcionarios del gobierno de Baja California les vendieron a jornaleros terrenos "que a final de cuentas resultaron ser propiedad de la nación".
Sandoval Cruz indicó que en 1989, el entonces gobernador del estado, Ernesto Ruffo Appel, usó a líderes jornaleros para invadir 50 hectáreas de terreno, pero después, so pretexto de regularizarlas, funcionarios estatales "nos las vendieron muy caras".
Dirigentes de cinco organizaciones de jornaleros, y el titular de la Procuraduría de los Derechos Indígenas, Benito García, señalaron a los diputados federales que en San Quintín se registran violaciones a los derechos laborales y humanos, los patrones no comprenden los usos y costumbres de las etnias, además que faltan viviendas, así como espacios educativos y deportivos.
Igualmente, solicitaron a los legisladores federales la liberación de reos indígenas detenidos en la Penitenciaría de Ensenada, que cumplen condenas debido a que las autoridades no respetan costumbres étnicas como el que un adulto contraiga matrimonio con una menor de edad.
A la reunión con indígenas en San Quintín asistieron Carlos Raymundo Toledo, diputado panista por Chiapas, y la priísta Irma Piñeiro Arias, presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión.