MARTES Ť 30 Ť ENERO Ť 2001

Ť Festejos de ONG fuera de Chile por la decisión

Los delitos del ex dictador ofenden a la humanidad, sostiene Menchú

Ť Garzón, satisfecho y confiado en la justicia chilena

AFP, REUTERS Y DPA

Montevideo, 29 de enero. Organizaciones y defensores de derechos humanos festejaron hoy la decisión del juez chileno Juan Guzmán de ordenar el procesamiento y arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet, al tiempo que los gobiernos latinoamericanos, con excepción de Venezuela, optaron por el silencio.

Fuera de Chile, Pinochet también es perseguido judicialmente. La lista comienza en España, con el frustrado proceso por delitos de lesa humanidad que pretendía el juez Baltasar Garzón, quien no logró que el ex dictador fuera extraditado desde Londres, donde permaneció detenido 503 días y luego fue liberado por "razones humanitarias". Los otros países son Argentina, Suiza, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Gran Bretaña.

Precisamente en España la comunidad política se congratuló por la decisión de Guzmán, que Garzón recibió "con satisfacción y plena confianza en la justicia chilena", dijo una fuente cercana al magistrado.

El conservador Partido Popular (PP), del presidente José María Aznar, consideró que la orden del juez chileno demuestra el "acierto" del PP al confiar en la plenitud del estado de derecho en Chile.

Para la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Obrero Español, Trinidad Jiménez, la decisión es "enormemente positiva" para el pueblo chileno y la causa de los derechos humanos.

La coalición Izquierda Unida, que forma parte de la acusación en el proceso abierto en 1996 en Madrid contra Pinochet, expresó su "satisfacción" por la decisión de Guzmán, que "pone en cuestión a quienes, desde los gobiernos británico y español, consiguieron evitar el juicio a Pinochet en España".

La Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y la organización Human Rights Watch elogiaron también el proceso contra Pinochet, mientras que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, manifestó su esperanza en que éste "culmine con la aplicación de la justicia, pues los graves delitos cometidos por el ex dictador no sólo ofenden la conciencia del pueblo chileno, sino de la hum anidad entera". La nota divulgada en Guatemala por la líder indígena destacó que la decisión del juez no hubiera sido posible "sin la iniciativa de quienes llevaron su caso ante la Audiencia Nacional de España".

En Buenos Aires, entidades humanitarias argentinas calificaron de "histórica" la decisión. "La justicia llega, aunque tarde, pero llega", dijo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras que Matilde Mellibovsky, dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, se congratuló que "pese a que Pinochet logró regresar a su país y ponerse a salvo de la justicia internacional, finalmente gracias al trabajo de Garzón y a la presión internacional, será juzgado en su país".

El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Víctor Abramovich, se mostró a su vez confiado en que "esto que está haciendo el juez Guzmán con Pinochet podamos también hacerlo nosotros en Argentina". Un indulto presidencial liberó en 1990 a los miembros de las juntas de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, régimen que dejó 30 mil desaparecidos.

En Asunción, el médico paraguayo Alfredo Boccio Paz, un experto en el Operativo Cóndor -la coordinación represiva entre las dictaduras que gobernaron el Cono Sur- sostuvo que la medida es positiva para terminar con "la impunidad aparentemente inviolable que gozaba el ex dictador chileno".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Brasil, Marcos Rolim, manifestó este lunes su "alegría" y consideró que "lo más importante es la sentencia definitiva en la que se reconozcan las responsabilidades en la masacre cometida en Chile".

Para el colombiano Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, "en el caso de Colombia es una advertencia a todos aquellos que insisten en atentar contra la población civil".

En Caracas, el canciller venezolano José Vicente Rangel -quien residió en Chile- consideró la orden de procesamiento como "un acto de justicia trascendental, muy importante para la región, donde se impone reivindicar el estado de derecho".

Estados Unido rehusó comentar oficialmente la decisión de la justicia chilena. El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo que "no hemos tenido comentarios en el pasado y no vamos a comenzar a tenerlos ahora". Documentos estadunidenses recientemente desclasificados confirmaron que Washington ayudó a crear las condiciones para el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, que daría inicio a una dictadura de 17 años.

Identificación y prontuario

El encausamiento formal de Augusto Pinochet acarrea, además del arresto domiciliario, una serie de medidas reglamentarias. Así, tras la notificación del dictamen, el ex dictador debería ser identificado y prontuariado, según lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal.

El prontuario penal da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra y debe incluir las huellas dactilares y fotografías del reo.

Fuentes consultadas por Afp dijeron que en el actual proceso a Pinochet, los trámites de identificación se cumplirán en el lugar fijado para el arresto domiciliario y no en la sede del tribunal.

Pero el 1o. de diciembre pasado, cuando el juez Juan Guzmán -quien reconoció haber recibido presiones de diversos sectores en el caso- ordenó por primera vez el procesamiento y el arresto del ex gobernante, medidas que la Corte Suprema dejó en suspenso a la espera de los exámenes médicos y el primer interrogatorio del militar, el eventual trámite del fichaje desató una reacción de la guardia armada que protege a Pinochet.

Los guardaespaldas del ex dictador -reveló la prensa- se prepararon con chalecos antibalas, ametralladoras y hasta cohetes para rechazar la entrada de cualquier extraño a la finca de descanso de Los Boldos, donde Pinochet se encontraba ese día.

La situación, agravada con llamadas de solidaridad desde regimientos de todo el país, sólo pudo ser superada con una intervención de la comandancia en jefe de la institución castrense.

Ahora, tres años después de que la secretaria del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, presentara una querella por la desaparición en 1976 de su esposo, la primera de las 215 querellas que pesan sobre el ex dictador, el ejército se ha limitado a manifestar su preocupación por la salud de Pinochet.

Sin embargo, la defensa se movilizará para evitar el fichaje del hombre que alguna vez se jactara de que "en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa". (Afp)