MARTES Ť 30Ť ENERO Ť 2001

Ť El cargo: 75 secuestros y homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte

Pinochet, bajo arresto domiciliario; el juez Guzmán ordena su proceso

Ť Alegría entre familiares de desaparecidos Ť Preocupa al ejército la salud del ex dictador

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 29 de enero. El juez Juan Guzmán Tapia ordenó hoy el procesamiento de Augusto Pinochet por la autoría de 75 secuestros y homicidios cometidos en 1973 por una comitiva militar que recorrió Chile, así como su arresto domiciliario en la lujosa residencia que el ex dictador posee en el sector capitalino de La Dehesa.

En la primera reacción castrense al dictamen, el ejército dijo temer un deterioro en la salud de Pinochet; el gobierno no comentó el asunto, aunque descartó estar negociando una solución política al caso.

"Se somete a proceso a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en su calidad de autor de los delitos de secuestro y homicidio calificado", señala el principal párrafo de la histórica resolución, que deberá ser refrendada primero por la Corte de Apelaciones y luego por la Corte Suprema. La resolución indica que se dispone "la prisión preventiva del procesado en su propio domiciliado", con "la debida custodia a cargo del oficial del ejército que corresponda".

El juez Guzmán -quien tiene a su cargo más de 200 querellas contra Pinochet- tomó la decisión luego de un interrogatorio el martes pasado en el que Pinochet negó su relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y el cual se realizó tras exámenes médicos según los cuales el militar padece de una "demencia moderada".

"Estoy profundamente preocupado por el estado de salud del general Pinochet y no me cabe la menor duda de que el ejército también lo está", advirtió el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, quien sin embargo no opinó sobre el contenido del dictamen.

El dictamen de Guzmán indica que Pinochet aparece con la imputabilidad "disminuida, pero no extinguida", por las condiciones mentales certificadas por los médicos, situación que impide "por ahora" el sobreseimiento del imputado, como exigían los abogados defensores.

El ex dictador, de 85 años, había sido internado el viernes por 24 horas en el Hospital Militar tras una amenaza de "infarto cerebral", y luego fue trasladado a su residencia de descanso.

La resolución fue confirmada recién al comienzo de la tarde, tras varias horas de espera y tensión.

Confirmados, 27 años de lucha contra la impunidad

Al conocer la noticia, los abogados querellantes, acompañados de unos 200 manifestantes, reaccionaron con sonrisas y lágrimas. La abogada Carmen Hertz, esposa de un desaparecido, señaló que esta decisión viene a confirmar los "27 años de perseverancia y de lucha por la justicia y contra la impunidad".

El jurista y diputado socialista Juan Bustos indicó a su vez que la resolución no es sólo una "enorme alegría" para los familiares de los detenidos desaparecidos, sino que también "dignifica a la sociedad chilena", al tiempo que el abogado Hugo Gutiérrez sostuvo que "la justicia nos está dando lo que tanto perseguimos: sancionar al principal criminal y ese es Augusto Pinochet".

Como un fallo "histórico" calificó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, la resolución de Guzmán. "Lo más importante es que con este fallo", señaló la hija del desaparecido líder comunista Víctor Díaz, es que se somete a proceso "al principal responsable".

"Parece que en Chile el estado de derecho va a funcionar y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", dijo por su parte la diputada socialista Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende, derrocado cruentamente por el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. La legisladora oficialista agregó que "después de la declaración del ex general Joaquín Lagos, ya nadie duda de la responsabilidad" del ex dictador, quien gobernó entre 1973 y 1990.

Una de las piezas procesales en manos del juez Guzmán que resultaron claves, es un oficio enviado por Pinochet a Lagos en octubre de 1973, en el cual rechaza una lista redactada por ese general, de fusilados por la llamada Caravana de la muerte, la comitiva punitiva enviada por el entonces dictador y comandante en jefe del Ejército para aplicar "mano dura" a los partidarios de Allende. El oficio contiene tachas y enmendaduras de puño y letra de Pinochet, quien ordena entonces a Lagos que él asuma la responsabilidad por esa lista y borre el nombre de su "oficial delegado", es decir el general enviado a su nombre como jefe de la Caravana de la Muerte.

"Arbitraria decisión"

En el campo de los partidarios del ex dictador, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el ex general Luis Cortés Villa, aseguró que los abogados de la defensa van a seguir "todos los caminos jurídicos necesarios para revertir" la "arbitraria" decisión de Guzmán.

Cortés Villa restó importancia a las pruebas presentadas por el general Lagos, y dijo que "con o sin sus declaraciones el juez Guzmán Tapia igual habría resuelto lo que resolvió", al recordar que ya había intentado procesarlo antes. El magistrado había ordenado en diciembre el arresto domiciliario y procesamiento de Pinochet, pero entonces la Corte Suprema anuló el fallo pidiendo que el ex dictador fuera sometido antes a exámenes médicos y a un interrogatorio.

El jefe de los abogados defensores y otrora líder de la ultraderechista organización Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, se limitó a declarar que "es un fallo errado, que se puede revertir", mediante apelaciones, o un recurso de amparo.

En tanto, un clima de tranquilidad reinó en Los Boldos. Por la tarde llegaron al lugar los hijos de Pinochet, además de algunos de sus amigos y colaboradores más cercanos.

Interrogada en Santiago, la hija mayor del ex dictador, Lucía, declaró alterada: "Responsabilizo a Guzmán por la vida de mi padre. Pensé que iba a ser más humano".

Hasta el momento, ninguna fuente consultada por las agencias de prensa extranjeras confirmó si el ahora procesado ex dictador fue informado de las decisiones de Guzmán.

A todo esto, el gobierno del socialista Ricardo Lagos permaneció en silencio, y el ministro del Interior, José Miguel Insulza, indicó que el Ejecutivo no planea emitir ninguna declaración, pues "no vamos a comentar la decisión del juez". En declaraciones posteriores recogidas por Afp, negó además rumores sobre posibles brotes de "insubordinación en algunos sectores del ejército", o que existan conversaciones para alcanzar una "solución política" al caso, como sostienen varios analistas locales.

Entre tanto, este mediodía se presentó la querella número 215 contra Pinochet por la muerte y desaparición de 93 indígenas mapuches, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. De todas estas querellas, finalmente fue la de la Caravana de la muerte la que ahora permitirá llevar a Pinochet ante tribunales.

El juez Guzmán recibió la primera querella en contra de Pinochet el 29 de enero de 1998, cuando el ex dictador estaba detenido en Londres por solicitud del magistrado español Baltasar Garzón, quien intentó procesarlo por genocidio.

Pinochet permaneció bajo arresto en una lujosa residencia en la capital inglesa durante 16 meses, hasta que en marzo de 2000 el gobierno británico le permitió regresar a su país por "razones humanitarias".