martes Ť 30 Ťenero Ť 2001
Alberto Aziz Nassif
ƑInstituciones en quiebra?
La noticia de que la corrupción se ha apoderado de los espacios institucionales en el país no es ninguna novedad; lo nuevo es que las expectativas de cambio se han topado con inercias que se reproducen como si nada hubiera pasado en México el 2 de julio.
La famosa fuga de El Chapo Guzmán abrió de golpe la decadencia que se vive en las cárceles del país, que son gobernadas por las mafias (La Jornada, 29/01/2001). De la misma forma, los casos de Tabasco y Yucatán han mostrado la fragilidad de las instituciones electorales en los estados. El ejercicio de los derechos humanos y una vida electoral transparente y equitativa son dos condiciones mínimas en cualquier país que se diga democrático. Reconstruir las instituciones que el viejo régimen dejó en quiebra, debe ser una tarea prioritaria del nuevo gobierno.
ƑCómo tener instituciones sanas y transparentes que puedan cumplir su tarea? Después de muchas reformas en el ámbito electoral se llegó a un modelo de autonomía y ciudadanización, el Instituto Federal Electoral (IFE), que ha funcionado de forma eficaz en los comicios de 1997 y del 2000. En cambio, en el espacio estatal electoral las instituciones están cotidianamente sometidas a una manipulación de las fuerzas políticas --partidos, autoridades, actores--, que repercute en una debilidad en su autonomía; así lo han evidenciado las intervenciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no termina de tener un diseño institucional suficientemente autónomo y eficaz. La fuga de El Chapo y las denuncias que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco son una grave descalificación a la CNDH. Hay, al menos, dos elementos críticos en el caso: negligencia para atender las quejas de los custodios y contubernio para que se desistieran de su denuncia.
En México, el pacto entre la Federación y los estados no ha podido generar una adecuada división del trabajo político; tenemos los dos modelos de instituciones públicas, las estatales y las federales, lo cual es altamente costoso y poco eficiente. Quizá ha llegado el momento de optar por uno de los modelos. En el caso del IFE, se trata de una institución que cumple funciones de Estado, tiene autonomía y un carácter federal. Frente a los institutos estatales tiene la ventaja de ser un organismo que, por su ubicación y composición, puede hacer frente a las presiones de las fuerzas políticas locales. Una de las propuestas del proyecto de reforma del Estado que le fue entregado al presidente fox días antes del primero de diciembre, y que ya empieza a acumular polvo, es tener una sola estructura federal para toda la materia electoral. Esa puede ser la vía para que los caciques del viejo régimen no metan las manos en las elecciones.
En materia de derechos humanos, el carácter nacional de la comisión no ha sido suficiente para tener una actuación eficiente. Es posible que la CNDH necesite de una estructura parecida al IFE en la cual el presidente del organismo tenga un consejo general con fuerza y con la participación de actores claves en el proceso, como los organismos civiles de derechos humanos, que se convierta en un contrapeso ciudadano. Al mismo tiempo, se necesita establecer algún tipo de factor vinculatorio de las recomendaciones, porque de lo contrario seguiremos con el juego de las observaciones que terminan en un basurero debido a que no se atienden. Imaginemos que hubiera una regla que condicionara el presupuesto al respeto a los derechos humanos, habría un cambio radical en el país.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha funcionado y ha cumplido con sus tareas, pero es, según la opinión de varios especialistas, una excepción en el ámbito nacional. Este caso muestra que además de las reglas que puedan generar dinámicas institucionales eficientes y con transparencia, se necesita del factor moral. La presidenta de la comisión de Jalisco, Guadalupe Morfín, se ha ganado a pulso el respeto social por su trabajo. Al igual que en materia electoral, los derechos humanos necesitan una reforma institucional para reconstruir un espacio público que ha perdido, en su corta vida, el prestigio y la fuerza con la que comenzó sus labores. El caso Jalisco puede ser la excepción que confirme la regla para optar por estructuras de Estado ubicadas en el ámbito federal. ƑQué fuerza va a tener una comisión estatal de derechos humanos frente a los caciques políticos que todavía abundan en el país, sobre todo cuando su titular es, en la mayoría de los casos, otro empleado más del gobernador en turno?
Esperamos que al nuevo gobierno no se le vaya el sexenio sólo en apagar fuegos.