Ť Custodios, administrativos y el ex director de Puente Grande, entre los detenidos

Obtiene la PGR orden de arraigo en contra de 71 presuntos involucrados en la fuga de El Chapo

Ť La medida permitirá proseguir interrogatorios; se han tomado 152 declaraciones ministeriales
 

CIRO PEREZ SILVA

La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez noveno de distrito en materia de procesos penales federales una orden de arraigo por 40 días naturales contra 71 personas presuntamente involucradas en la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellos custodios, personal administrativo y el propio ex director del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, Leonardo Beltrán Santana.

La orden de arraigo fue girada "a las cero horas del lunes 29 de enero", es decir, 40 minutos antes de vencer el plazo constitucional para que los investigados fuesen informados de su situación jurídica, o bien salieran libres en caso de que las autoridades no contaran con elementos suficientes que acreditaran su responsabilidad.

Pese a haberse girado en la madrugada, la notificación se oficializó hasta las 13 horas del mismo lunes, entregándose a los familiares de los detenidos que se encuentran a las afueras del edificio ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y Basilio Badillo. En el texto se indica que las 71 personas permanecerán en el hotel Fontán, en Paseo de la Reforma número 27, colonia Tabacalera, ciudad de México.

Solicitada por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, la orden de arraigo permite a la PGR mantener a los presuntos responsables bajo custodia, para continuar con los interrogatorios que iniciaron el pasado sábado 20 de enero, fecha en que se dio aviso de la fuga del narcotraficante. La institución informó que hasta ayer se habían tomado 152 declaraciones ministeriales y se han llevado a cabo diversos cateos, inspecciones e investigaciones policiales.

Además de Beltrán Santana, están bajo arraigo el subdirector de Seguridad y Custodia, Luis Francisco Fernández Ruiz; el subdirector de Seguridad Externa, Samuel Salcedo Enríquez; los subdirectores adjuntos de Seguridad y Custodia, Jesús Vizcaíno Medina y Carlos Fernando Ochoa López, y Antonia Bustos Hernández.

La PGR informó ayer por la tarde que las diligencias del Ministerio Público de la Federación se han desarrollado con pleno respeto a las garantías fundamentales de los detenidos, y que la institución ha brindado todas las facilidades a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que permanezcan al tanto de las investigaciones y constaten las condiciones de las 71 personas arraigadas.

Sujetos a la medida cautelar decretada por el juez Alejandro Sergio González Bernabé, los detenidos han recibido la visita de sus familiares por algunos minutos, se les han proporcionado alimentos y de acuerdo con la PGR, están provistos de condiciones adecuadas en su estancia. "Las 71 personas han tenido, siempre, un trato digno y respetuoso", afirma la dependencia.

La notificación de la orden de arraigo es la primera información oficial que reciben los presuntos responsables y sus abogados de su situación jurídica, ya que desde el pasado 20 de enero hasta ayer al medio día, las diligencias se habían desarrollado en total secreto "para evitar fugas de información". Incluso en las breves reuniones entre familiares y detenidos, éstos desconocían en qué calidad se les mantenía encerrados en las instalaciones de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada.

Fue luego de una de esas visitas --que para amigos, abogados y familiares de los hoy arraigados son "escasas"-- cuando el hermano del ex director del penal de Puente Grande, Alfredo Beltrán, comentó que si bien los detenidos no presentan signos de tortura física, "han estado sujetos a una tortura aún peor, la sicológica. Mi hermano está muy afectado", comentó.

Su abogado, Antonio Maluf, informó que será hasta hoy cuando acudan al juzgado noveno para conocer, directamente en el expediente, los elementos que el juez González Bernabé tomó en cuenta para determinar la procedencia de la orden de arraigo que promovió la PGR.