En su cuarto Consejo Nacional, que terminó ayer, el Partido de la Revolución Democrática trazó líneas de acción orientadas a situar al instituto político en una posición vigente y beligerante en el escenario nacional de principios del tercer milenio. El novísimo territorio político que se configura en México, a raíz del derrumbe del PRI en las elecciones federales del 2 de julio del año pasado y del reciente inicio de la primera Presidencia no priísta en más de siete décadas, se ha traducido en una crisis de identidad y de programa para el conjunto de las fuerzas partidarias del país, y el PRD no es la excepción. 

Fundado hace doce años con los objetivos centrales de poner fin al régimen de partido de Estado y retomar los contenidos de justicia social abandonados por el gobierno desde tiempos de Miguel de la Madrid, la organización surgida de la insurgencia electoral opositora de 1988 ha reconocido ahora que el primero de esos propósitos ha empezado a cumplirse y que la prioridad política actual es "apuntalar el proceso de conformación y consolidación de un régimen democrático". En esa medida, el PRD se propuso, en su cuarto Consejo Nacional, emprender la búsqueda de alianzas electorales con Acción Nacional, en Tabasco, Yucatán y Chiapas, a fin de enfrentar los reductos caciquiles que el PRI mantiene en esas entidades. 

Lo anterior no significa, ciertamente, y así se ha establecido en los resolutivos del cónclave perredista, una subordinación del partido del sol azteca al gobierno del presidente Vicente Fox. El deslinde ante el Ejecutivo federal reside en los principios perredistas de justicia social, los cuales, a diferencia de la exigencia fundacional de democratización nacional, siguen tan vigentes hoy como en 1989. 

Destaca, entre los diversos puntos aprobados por el cuarto Congreso, el respaldo perredista a la lucha de los zapatistas chiapanecos y a su anunciado viaje a la capital de la República. En esta medida, la política de paz del PRD contrasta con las reservas, las vacilaciones y hasta la abierta hostilidad que se expresan, en el resto de la clase política, ante la iniciativa de los rebeldes chiapanecos de impulsar con su presencia la aprobación, en el Congreso de la Unión, de la iniciativa de reformas legales sobre derechos y cultura indígenas, elaborada por la Cocopa. Y es que, a diferencia de los otros partidos, en el del sol azteca se tiene claro que dicha aprobación ha de ser punto de partida para reactivar el proceso de paz, y no su culminación. 

Finalmente, cabe esperar que tenga éxito el empeño de los perredistas por reconfigurar su organización como un partido legalista y como una alternativa de poder, sin olvidar sus vínculos de origen con los movimientos sociales, porque la institucionalidad de la nación requiere de una formación política de izquierda moderna, cohesionada y competitiva.