En entrevista, la coordinadora de Consegu, María de la Luz Lima Malvido, explicó que este nuevo paradigma comienza a ser implantado en todo el mundo y en México ya funciona en los estados de Querétaro y Quintana Roo. Su origen, aseguró, se debe a los severos cuestionamientos a los que a nivel mundial se enfrenta "el modelo retributivo", vigente actualmente en casi todo el planeta y el cual se basa en el castigo, pero cuyos resultados dejan mucho que desear pues sólo se han traducido en el incremento de penas, la sobresaturación de las cárceles y la dudosa readaptación social de los delincuentes, aunado a la resistencia de la gente para denunciar.

En cambio, según Lima Malvido, con los Centros de Resolución de Conflictos se pondera la conciliación entre parte afectada y agresor en caso de delitos no graves para que ambas partes llegan a un acuerdo y solucionen de raíz su problema. Con ello el presunto agresor se responsabiliza ante la comunidad de la falta que cometió y al buscar repararla se reintegra al núcleo social, agregó.

El modelo es denominado "restaurativo" porque su intención es, como su nombre lo indica, restaurar el mal que se cometió contra la sociedad, el Estado y las víctimas, y en el cual la comunidad está vinculada en el proceso mientras en el modelo tradicional el infractor o agresor "nunca se responsabiliza de los hechos aunque se le puedan probar y condenar por ellos".

Precisó que en el caso de México, tal forma de impartir justicia retoma las prácticas comunitarias que existen en los pueblos indígenas mientras que a nivel mundial el principal ejemplo radica en China, donde "se resuelve el 70 por ciento de los delitos tanto no graves como graves" debido al número de habitantes que tiene. Sin embargo, ante lo que consideró un fracaso del "modelo retributivo" o de castigo, mencionó que corrientes de criminalistas de Europa pugnan por propalar los Centros de Resolución de Conflictos en sus varios países del viejo continente.

Lima Malvido argumentó que esto puede ser posible dado que "así el 80 por ciento de los delitos del orden común son de convivencia: referidos la propiedad, lesiones, patrimoniales y muchos delitos que la gente no considera como graves que quisiera que se resolvieron pero que no encuentra respuesta en el sistema tradicional".

Además, consideró que ante la desconfianza que existe entre la gente en torno a la impartición de justicia ,ha crecido el número de casos en que la gente opta por solucionar por su propia cuenta problemas en los que se ha visto involucrada aún cuando impliquen algún delito.

Así, dijo que los Centros de Resolución de Conflictos que ya existen en el país han sido instalados tanto en ámbitos completamente distintos a la impartición formal de la justicia o "en el áreas entre lo formal e informal, como es el caso de Querétaro y Quintana Roo donde se localizan en oficinas pequeñas dentro de los Tribunales Superiores de Justicia".

Respecto al primer estado, la titular de Consegu manifestó que "las autoridades del Tribunal están impresionados con los resultados porque en menos de un año y medio han resuelto la mayoría de los casos de delitos no graves que se presentan" y anunció que las autoridades de la delegación Iztapalapa han mostrado interés en el proyecto, por lo que Consegu prepara ya un programa piloto para esa demarcación.

La coordinadora destacó que de acuerdo con nuestro sistema judicial actual, la víctima "no es parte de los juicios porque es representada por el MP y carece de posibilidades de acceder directamente al juez". En cambio con el mediador cuya función se limita a reconstruir el conflicto, dijo, los protagonistas del problema, pueden enfrentarse directamente siempre y cuando así lo deseen y no exista una relación desigual o de poder entre ambos

Se pronunció porque las autoridades actuales "se atrevan a romper paradigmas" y adopten este nuevo modelo en lugar de abrir más penales "creando un círculo vicioso sin fin". Enlistó que en comparación con el sistema vigente, el modelo restaurativo es abierto, con procedimientos breves, accesibles y muy baratos, informal, que no requiere mucho personal burocrático.

Los centros mencionados que ya existen, ejemplificó, funcionan en una oficina pequeña atendida por una trabajadora social, donde la gente llega en busca de asesoría sin importar "si su asunto ya prescribió, si es civil o penal. Se recomienda que no sean abogados ni ministerios públicos los responsables de dichos centros porque dado el entrenamiento 'persecutorio' que tienen, difícilmente van a actuar como conciliadores entre ambas partes para lograr una resolución que satisfaga a ambas".