LUNES Ť 29 Ť ENERO Ť 2001

Leon Bendesky

ƑQuién paga?

Entre los pobres saldos que ha dejado la gestión de la economía en los últimos 20 años sobresale la crisis fiscal del gobierno. Larga, pero consistentemente se ha mermado la capacidad de obtener ingresos, y con ella, la de gastar en lo que se necesita y que, por cierto, es mucho, como le consta a la gran mayoría de los mexicanos. Por mucho tiempo se ha ido acumulando una enorme deuda que se ocultaba -y sigue ocultándose- mediante distintos subterfugios, como las diversas cuentas contingentes que se crearon, primero el Fobaproa, luego el IPAB, el rescate carretero, las pensiones del IMSS, las del ISSSTE, las enormes deudas de algunos gobiernos estatales.

Pero, sobre todo, se fue fabricando la ilusión de que se ha reducido significativamente el déficit fiscal. Tal y como se mide, es decir, por pedazos. Esto ha sucedido sólo en términos contables y seguimos, entonces, pensando la política económica como si de veras tuviéramos un déficit de apenas 0.6 por ciento del producto, cuando que si contáramos todo lo que en realidad se debe llegaríamos a una cifra cercana a 5 por ciento. ƑCómo se hace una reforma fiscal con apellido de integral en estas condiciones?

Vivimos de ilusiones contables promovidas desde el gobierno en una situación que la propia Secretaría de Hacienda hallaría imposible de aceptar para cualquier contribuyente. ƑSerá? La verdad es que el régimen fiscal que se ha creado ha promovido la evasión, la discriminación tributaria, el crecimiento de la economía informal, la generación de enormes beneficios para muchas empresas que cuentan con toda clase de instrumentos fiscales para acumular ganancias sin tener que pagar impuestos, y grandes hoyos en la estructura de los ingresos públicos.

Esta economía vive de prestado, tanto el gobierno por la enorme deuda que tiene, como una buena parte del sector de las grandes empresas que recogen dinero del mercado, lo colocan en la bolsa, capitalizan su inversión y las ganancias que obtienen están libres de impuestos. O bien, usando otros mecanismos que parecen de una filantropía digna de las hermanas de la caridad y que sirven para transacciones contables muy rentables. Eso sí, todo es legal. Y así se ha ido creando un sistema fiscal lleno de parches, de exenciones, privilegios, trampas, regímenes especiales, que han creado una situación en la que los beneficiados se rompen las vestiduras ante cualquier intento de afectarlos. Todos los demás pagamos por esta deuda a diario cuando consumimos, y con parte de nuestros ingresos y cada vez recibimos menos a cambio.

Ahí esta la otra parte del asunto. Es falso plantearse una reforma fiscal "integral", si desde el principio las propuestas que se hagan al respecto, vengan de donde vengan, no consideran de modo explícito la contraparte de las cuentas fiscales que corresponden al gasto público, a saber: en qué se gasta y cuánto se gasta y qué consenso social existe al respecto. O Ƒes que la democracia es sólo ir a las urnas a votar? No, comprende igualmente lo que se hace con el dinero público -de dónde sale y adónde va-, que, finalmente, es lo único que puede legitimar al mismo régimen fiscal y al gobierno que lo administra. El gobierno se deja desfalcar en materia de impuestos y luego restringe su capacidad de gasto con demasiados argumentos ideológicos que no puede sustentar. Ese es hoy el juego que todos jugamos.

Esto es lo que hay que poner en orden con una reforma fiscal y ello, claramente, no puede hacerse con una sola propuesta al Congreso y en un único acto de legislación. El marshall Gil Díaz puede disfrutar mucho de ser llamado el fiscal de hierro; la verdad eso no conmueve a nadie, ya que la ley fiscal debería cumplirse con la misma plenitud que las otras leyes. El secretario ahora debe comprender también que la reforma que proponga debe ser un proceso de transición a una nueva realidad fiscal que sirva a esta nación para adelante, no nada más para cubrir su periodo como secretario del ramo o para saldar las cuentas de este gobierno.

Hoy el régimen fiscal mexicano es inequitativo, provoca mayor desigualdad social y menor capacidad de crecimiento económico. Una reforma fiscal debe eliminar los muchos privilegios existentes, tiene que convencer a la población sobre la necesidad de pagar impuestos, lo que significa ofrecer compensaciones reales a cambio; tiene que empezar a legitimar la función vital del Estado, que es recaudar y gastar.

La reforma que este país necesita en el ámbito fiscal equivale a una recreación del contrato social, ya que el actual es obsoleto e insostenible. Y en ese contrato social debe revisarse todo: la estructura de los impuestos, las tasas, los incentivos y también el hecho que todos deben pagar impuestos, claro que en relación con sus ingresos. La democracia de derecha o de izquierda no puede ser irresponsable, pues todo cuesta.