lunes Ť 29 Ť enero Ť 2001
Elba Esther Gordillo
Cultura de la legalidad
Nadie puede estar en contra o por encima de la ley. Sujetarse a la ley, hacerla valer, respetarla como base de la convivencia democrática es un asunto de equidad, pero también de ética, y por tanto, de convivencia pacífica.
Todos somos iguales ante la ley, pero también todos debemos, en el sentido del deber ser, acatarla. Lo contrario es apostarle al desorden, al caos y a la violencia, que encuentra en tal clima una de sus causas profundas.
Cuando se piensa en la distancia que hay entre la ley escrita y su aplicación, es fácil concluir que no basta que existan leyes, por perfectas que pudieran ser. La cultura de la legalidad es un asunto en el que habría que reflexionar con seriedad. ƑLos mexicanos tenemos realmente una cultura de la legalidad?
Nos hemos ufanado de tener la primera revolución social del siglo XX en el mundo y de haber logrado una Constitución que, como la de 1917, plasmó las luchas sociales, las reivindicaciones históricas de la justicia social, la conformación de un Estado de derecho.
Todo parecería indicar que los mexicanos hemos aprendido a vivir en el imperio de la ley, pero la realidad es otra. Hemos aprendido a ignorar la ley, a no respetarla, a violarla, a interpretarla de manera artificial al grado de que popularmente se ha llegado a decir: "las leyes se hacen para ser violadas", porque más tarda en aparecer una ley que en encontrar más de una manera de distorsionarla. Si no fuera así, se dice, los abogados (que hay muchos y muy respetables) no tendrían razón de existir.
Muchos casos se dan en los que es fácil ver que tratándose de la aplicación de la ley para hacer justicia, quienes pueden pagar buenos abogados alcanzan la impunidad. Parecería que la ley sólo favorece a la gente adinerada, a los grandes capos del narcotráfico, que pueden sobornar para evadirse de prisión de manera mágica, que pueden comprar privilegios en las prisiones; que pueden, en suma, promover la corrupción del sistema penitenciario. Ahí están también los casos de los llamados delincuentes de cuello blanco.
Por otro lado, los hechos demuestran que quienes tienen el poder de pagar a los llamados "defensores" de la ley, pueden tener la capacidad de evadirla. Todo ello es el resultado de una verdadera cultura de la legalidad que consista no en cómo encontrar "lagunas" o cómo interpretar la ley para, como se dice también comúnmente, "darle la vuelta".
Lo que hace falta es que los mexicanos volvamos a confiar en lo que representa vivir en el respeto a los derechos de los demás y bajo el amparo de la legalidad; en reconocer el significado de la legislación que nos da fuerza en lo individual y en lo social, que nos hace iguales, que nos protege, en lugar de creer que las leyes son simples textos que cuando mucho sirven para ser evocados en el caduco lenguaje político.
El tema de la justicia es inherente al de la legalidad, sobre todo el de la justicia social, que no es, como muchos creen, un paradigma que ha cumplido su ciclo. Si la ley no tiene el propósito de que todos por igual tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, si la ley sirve para hacer más profunda la brecha entre ricos y pobres, entre los que tienen todo y los que no tienen nada, llega entonces a anular todo valor ético, toda forma de democracia posible.
Por ello, todo combate que implique el castigo al delito, la rigurosa aplicación de la ley, la impartición de justicia, el combate frontal a la delincuencia, al crimen organizado, pero también que signifique hacer llegar a todos los beneficios del desarrollo, representa un paso para alcanzar esa cultura de la legalidad que no existe como tal.
Y en todo esto, no se puede pensar que vivimos aislados del mundo. No es cierto que haya una "cortina de nopal". Nuestras leyes son también un factor de identidad ante el mundo, esto es, ante las leyes que norman las relaciones internacionales y que hablan del respeto entre las naciones; ante una globalidad en la que no podemos ser esclavos de las nuevas relaciones económicas y en la que se deben buscar formas para una mejor distribución de la riqueza y no para acrecentar la pobreza, que sirvan para fortalecer el principio de soberanía y no para debilitarlo.
Se trata, entonces, de una concepción más amplia de la legalidad a la que es posible acceder, si en este proceso de transición se toman como pivote todas las acciones encaminadas a lograr una sociedad igualitaria, justa, sana y abierta.
Las condiciones parecen ser propicias. Sin ello, la democracia, concebida como una forma de vida, seguirá postergada.