SABADO Ť 27 Ť ENERO Ť 2001

Miguel Concha

Responsabilidad para la paz

La polémica, exacerbada sospechosamente por algunos medios, sobre todo electrónicos, acerca de la legitimidad, la licitud, las condiciones, la oportunidad y las circunstancias de la anunciada visita de los zapatistas, para defender en las Cámaras la ya de por sí limitada iniciativa de la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas, ha vuelto a poner en evidencia los diferentes intereses nacionales y trasnacionales que se siguen moviendo en el escenario político del país, así como el solapado racismo que aún pervive en muchos sectores de la población, y ha tenido como principales efectos el desorientar la información sobre el verdadero fondo del asunto, obstaculizando con ello un largo y penoso proceso de paz, no únicamente para Chiapas, sino para todo el país.

Por el bien de todos, es preciso en cambio informar con responsabilidad sobre las poderosas razones históricas, ético-políticas y jurídicas que avalan los acuerdos ya firmados de San Andrés, luego también de un largo proceso de diálogo y acuerdo, con la participación y el consenso además de una amplia representación de los pueblos indígenas, el compromiso de los principales partidos políticos, y la firma de los rebeldes y los gobiernos federal y local.

Es necesario igualmente clarificar con exactitud a nuestros legisladores y a la opinión pública el verdadero sentido, los auténticos alcances y las reales implicaciones de una justa y legítima reforma jurídica, política e institucional en materia de derechos y cultura indígenas.

Es la hora de la decisión, y de elevar por ello con visión y nobleza la calidad de la información y la naturaleza de la discusión social y política. Es la hora de la responsabilidad histórica de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes. Para contribuir a ello, me propongo clarificar de ahora en adelante, en algunas de mis colaboraciones, hasta donde me sea posible, y desde la perspectiva de los derechos humanos, el significado y el alcance jurídico de algunos términos, polémicos por su novedad en nuestro medio, que están implícitos en la discusión de la ley de la Cocopa.

ƑExisten o no derechos humanos colectivos? ƑEstos han sido o no reconocidos por instrumentos internacionales de derechos humanos? ƑQuiénes son los verdaderos sujetos de tales derechos? ƑSe ha adherido o no, y ha ratificado o no nuestro país tales instrumentos? ƑQué obligaciones éticas y sobre todo jurídicas ha contraído o no nuestro país para con sus connacionales en la esfera internacional, al firmar o ratificar tales instrumentos?

ƑDebe seguirse hablando en términos jurídicos de pueblos indígenas, y no de poblaciones, y mucho menos de simples comunidades? ƑCuál es el verdadero sentido de la autonomía y la libre determinación que reclaman al interior de un Estado nacional, ya definido constitucionalmente como pluricultural, por sus orígenes históricos? ƑSe pone realmente en riesgo, como muchas veces se dice, la soberanía del país? ƑSon compatibles o no sus sistemas jurídicos con la legislación nacional? ƑQué significa realmente en términos jurídicos y políticos la reivindicación de sus tierras y de sus territorios? ƑEs verdad que con ello se pone en riesgo la integridad territorial del país? ƑCuáles son las fuerzas que realmente conspiran contra la integridad territorial de México y su identidad como país soberano?

Estas y otras cuestiones fundamentales son las que deberían tener ya muy claras y con honestidad nuestras autoridades y nuestros legisladores, y no perderse en problemas secundarios, que lo único que hacen es enrarecer el ambiente y confundir a la opinión pública. Es a la difusión responsable de estos contenidos a lo que tienen que contribuir los medios, como un derecho humano fundamental a la información de la sociedad, sin servir solamente de altoparlantes de miedos y prejuicios. Para ello allí están nuestras propias comunidades y pueblos indios, quienes desde hace muchos años vienen reflexionando desde su experiencia sobre estos problemas, y hay felizmente en el país muchos especialistas y equipos interdisciplinarios, quienes también desde hace años vienen analizando con ellos estos problemas.

Estas son en efecto cuestiones que no se plantean por primera vez entre nosotros, y que no pueden resolverse sin su experiencia, historia y participación. No basta además ostentarse como representante y poseer legítimamente un mandato popular. Es indispensable estar cerca de nuestros indios, y escuchar directamente y de viva voz el sentido y los alcances de sus demandas.