SABADO Ť 27 Ť ENERO Ť 2001

Víctor M. Quintana S.

Chihuahua: modernización desintegradora

Tres sacudidas tuvo la opinión pública en Chihuahua. Un balazo, casi definitivo, que recibió el gobernador Patricio Martínez García. El reconocimiento, por parte del procurador de la República, de que la frontera, sobre todo Ciudad Juárez, presenta "focos rojos" por las disputas de los cárteles de la droga. Y el excelente reportaje de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, sobre los problemas de drogadicción y alcoholismo en la comunidad menonita.

Desde principios de los años ochenta el estado se entregó de lleno a la industria maquiladora, al punto que ahora da empleo a más de 312 mil personas, alrededor de 22 por ciento del total en el país. Aunque poco más de dos terceras partes de esos empleos están en Ciudad Juárez, el resto de la entidad se ha ido "maquilizando" poco a poco. El ataque del libre comercio, la sequía y las políticas neoliberales a la economía agropecuaria han hecho que en pequeños municipios rurales, donde antes era impensable una industria, se establezcan ahora maquiladoras.

Pero si bien la maquiladora ha representado una tabla de salvación para generar empleos en esta entidad norteña, no se han podido enfrentar con eficacia hasta ahora los graves problemas sociales que esta rápida industrialización trae aparejados. Ciudad Juárez es el más típico ejemplo. Hay casi pleno empleo, pero a la vez ocupa el segundo lugar nacional en adicciones de los jóvenes. El número de madres solteras se ha disparado. Las ejecuciones entre los grupos rivales de narcotraficantes se han hecho tan corrientes como impunes. La entidad pasó de los primeros lugares nacionales al último en eficiencia terminal en escuela secundaria; una de las razones: para trabajar en las maquiladoras sólo se requiere primaria. Pocas son las madres trabajadoras que cuentan con una guardería para dejar a sus niños mientras laboran. En muchas plantas el trato a la mujer es indignante y se sigue pidiendo la toalla sanitaria mensual como prueba de no embarazo.

Agréguense a esto dos ingredientes: la penetración de los cárteles de la droga, sobre todo entre los jóvenes, con la complicidad de los diferentes cuerpos policiacos. Y la macabra cadena de más de 200 jovencitas violadas y asesinadas en unos cuantos años. Esto completa el cuadro de desintegración social y de violencia que la entidad padece, a pesar del crecimiento en sus indicadores económicos.

En este ambiente es que han de ubicarse los tres hechos de la semana pasada. Como constataba en su reunión en Chihuahua Rafael Macedo de la Concha, la frontera no es sólo escenario de enfrentamientos, sino rico mercado para los traficantes. Mercado que se expande doblemente: por la participación en la producción y tráfico de enervantes de muchos jóvenes campesinos orillados por la política agropecuaria del gobierno. Y porque esos mismos jóvenes son pagados con droga para ser ellos mismos consumidores y promotores del consumo. Ni siquiera los antes rígidos lazos religiosos de la comunidad menonita han sido suficientes para salvar a los muchachos: son más contundentes el crimen organizado y la crisis de la agricultura.

Por eso sería de lo más miope restringir la investigación del atentado contra el gobernador a la hipótesis del desquiciamiento mental de la agresora material. En el Chihuahua integrado a la economía mundial y desintegrado de sí mismo hay un terrible ambiente de violencia, que lo mismo puede utilizar dedos de judiciales o de jóvenes de bandas o de campesinos en quiebra para accionar gatillos. Indigna y preocupa el intento de asesinato contra la persona del gobernador. Pero antes de él, por lo menos 200 jóvenes no corrieron con su misma suerte. Y a pesar de ello no ha habido una acción eficaz del gobierno para esclarecer los asesinatos y ponerles un término.

Cuando se habla de magnicidios o intentos de es porque en el inconsciente también se considera que hay "parvicidios". Los primeros generan condenas unánimes y desplegados de apoyo; los segundos se pretende que se olviden entre la impunidad y el anonimato. Ojalá que la agresión a Patricio Martínez, que afortunadamente no le costó la vida, sea un parteaguas para que el gobierno y la sociedad chihuahuenses emprendan un proceso decidido contra la violencia cotidiana y multiforme que ataca a gobernantes, pero también a ciudadanos y, sobre todo, a ciudadanas.