viernes Ť 26 Ť enero Ť 2001
Luis Javier Garrido
El replay
El gobierno de Vicente Fox no ha tenido en sus primeros 50 días políticas diferentes a las de Ernesto Zedillo y para justificar sus promesas de campaña se limita a imponer la idea del cambio a través de los medios, de manera que ante esta falta de claridad sus pocas iniciativas están siendo vistas como actos publicitarios, como acontece en los casos de la política económica o de lucha contra el narcotráfico, y muy especialmente en el de los pueblos indígenas.
1. El caso de Chiapas es de significado excepcional, pues si bien el candidato Fox se situó al fragor de la campaña del lado de los pueblos indios, respaldó la ley Cocopa y prometió resolver el conflicto "en 15 minutos", ya como Presidente ha actuado luego del 1Ɔ de diciembre no sólo como heredero de los intereses del ancien régime, sino muy similar a sus predecesores: con una falta de claridad y de decisión, dudando y contradiciéndose, anunciando medidas y echándose para atrás al día siguiente para terminar buscando el aval de las antiguas instancias del poder político y económico a una política de cerrazón.
2. Su error principal en el caso de Chiapas ha sido, como en otros aspectos de la vida nacional, asumir que él es el guardián de los intereses creados, aun y cuando sean en absoluto ilegítimos, y que la guerra de los pueblos indios contra el antiguo sistema es contra él y su gobierno (que en los hechos se apoya en el viejo sistema en plena recomposición). Y en vez de anteponer una lógica de paz ha actuado con una estrategia de guerra.
3. El gobierno foxista ha actuado en Chiapas de manera contradictoria, pretendiendo avanzar en el camino hacia la paz, pero después echando marcha atrás al más puro estilo zedillista: quitando retenes y después volviendo a poner algunos, anunciando su decisión de retirar los enclaves militares en la que sigue llamando "zona del conflicto", pero después retractándose y dejando los dos más significativos; autoalabándose porque ya no existe necesidad para los extranjeros de un visado para Chiapas, pero anunciando poco después que deportaría a las misiones de defensa de los derechos humanos que buscan acompañar a los delegados zapatistas que viajarán a la capital y que tienen todo el derecho de venir; anunciando que impulsaría la aprobación de la ley Cocopa, pero limitándose a enviar la iniciativa con un propio a la oficialía de partes del Senado sin dialogar siquiera con los legisladores.
4. Las contradicciones del gobierno foxista en Chiapas podría suponerse que provienen de que, con una lógica gerencial, el nuevo Presidente ha creado toda una maraña de instancias de decisión que llevan al absurdo de que la última palabra en la materia la tenga Jorge G. Castañeda (secretario de Relaciones Exteriores), según informaba La Jornada (14 de enero), pero en el fondo lo que subyace en todo este complejo escenario es algo muy evidente. El hecho de que quienes respaldan con más fuerza al gobierno foxista son los mismos grupos de interés que apoyaron a los gobiernos de Salinas y de Zedillo, y que tienen intereses muy particulares en Chiapas.
5. No sorprende que la forma de autoapoyarse del gobierno de Fox sea la misma que tuvieron los gobiernos priístas (aunque con una política mucho más vigorosa), o que aquéllos a quienes el gobierno envía a los medios para anunciar toda la intransigencia oficial en Chiapas sean individuos tan desprestigiados como el empresario salinista Claudio X. González o el ex corredor de bolsa Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec. Lo que sorprende es que el nuevo gobierno no se dé cuenta de que actúa del lado de las mafias de narcopoder del salinismo.
6. La desubicación del nuevo gobierno frente a la ley o a los intereses creados es evidente, como se ve ante los últimos acontecimientos que afectan las relaciones de la administración foxiana con los cárteles: el atentado contra el gobernador de Chihuahua (17 de enero), la fuga del Chapo de Puente Grande (20 de enero) y la absolución de los implicados en el caso Stanley (25 de enero). Fox declaró en Culiacán que buscaba erradicar el narcotráfico "de la sociedad" (24 de enero) cuando lo que debe hacer es erradicarlo del aparato de Estado: de la administración pública, del sistema financiero, de los aparatos de seguridad. E impedir que esos intereses sigan apoderándose de los recursos del país, que son de los mexicanos, como pretenden hacerlo en Chiapas.
7. La elevación a rango constitucional de los acuerdos de San Andrés, la liberación de los presos políticos zapatistas y el retiro de las fuerzas armadas de las comunidades no son, como señaló erróneamente Fox y lo pretenden esas voces del salinismo, "concesiones al EZLN" (11 de enero), sino actos de justicia reclamados por amplios sectores de la sociedad y promesas de campaña de Fox que no está honrando: faltando como Zedillo a su palabra empeñada y queriendo negociar con ella.
8. La propuesta de la Cocopa, se olvida por otra parte, fue redactada en 1996 por legisladores de los cuatro partidos (PAN, PRI, PRD y PT), que no actuaban en los Altos de Chiapas como particulares, sino que estaban mandatados por sus grupos parlamentarios, comprometidos a aprobar dicho texto. Mismo que, además, según especialistas, está por debajo del Convenio 169 de la OIT, suscrito por México, y que ya es norma suprema en el país.
9. La reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indios debe aprobarse tal cual, y a partir de ahí el gobierno y el EZLN deben acordar en el diálogo qué cambios legislativos serían consecuencia de ésta. No es admisible, como sugirieron algunos voceros del priísmo en la Cámara de Diputados (20 de enero), que se pretenda reglamentar desde ahora, a espaldas de las comunidades, a fin de ponerle "candados" en leyes secundarias y anular los derechos que ahí se han consagrado, en una chicana vergonzosa.
10. Los mexicanos están demandando una paz justa y digna para los pueblos indios de la República, y es por lo mismo preocupante que el nuevo gobierno esté actuando, no sólo en Chiapas, con las mismas políticas y con la misma estrategia de Zedillo y los salinistas.