ENTREVISTA
Lucio Esteban Vázquez, presidente municipal En San Agustín Loxicha no hay represión
BLANCHE PETRICH ENVIADA
San Agustin Loxicha, Oax. Lucio Esteban Vázquez Ramírez fue comandante de la Policía Judicial Federal en este municipio en 1996 y 1998. En este periodo de cruentos operativos contra presuntos núcleos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la región Loxicha se registran cerca de 20 ejecuciones extrajudiciales, más de un centenar de presos torturados ?quedan aún 59 tras las rejas?, y cientos de desplazados. Hoy este joven mestizo es presidente municipal y asegura que en la zona "no hay ninguna represión", o al menos "yo hasta ahorita no la veo. Yo noto que la gente anda muy a gusto, trafica, camina".
Según la historia de la región, los Vázquez, abuelos de Lucio, llegaron a la Sierra Sur procedentes de Sola de Vega. Durante décadas fueron pistoleros que sirvieron a los caciques en una larga secuela de despojos y de dominio a sangre y fuego de los xiches. Ahora el joven Vázquez es el hombre fuerte de la región, presidente municipal electo en una asamblea comunitaria en enero de 1999, desconocida en muchas comunidades.
Robusto, con una gruesa cadena de oro y un escapulario al cuello, botas vaqueras y celular al cinto, confiesa que lo tiene "un poquito confundido" el que los indígenas de las comunidades le tengan temor, si él lo único que ha hecho es invitarlos "a que no guarden ningún secreto para que no se involucren en cuestiones que obedecen a pequeños grupos de interés, de personas que lo único que hacen es desestabilizar".
Contento, orgulloso, un poquito confundido
Responde a La Jornada:
-¿Cómo caracteriza el conflicto de la región?
-Pues ora sí, honestamente, este problema tiene mucho tiempo, desde 1985. Pero yo me siento contento, orgulloso porque el pueblo ha depositado la confianza en mí. Yo lo único que he hecho es seguir instrucciones del señor gobernador, de trabajar y caminar de la mano con la comunidad. En dos años ha disminuido la violencia, ha habido acercamiento en las comunidades que antes estaban alejadas.
-¿Entonces por qué hay cuatro bases militares en la zona?
-Cuando yo llegué a fungir como autoridad ya estaban.
-¿Por qué la gente de las comunidades dice que no puede llegar a la cabecera municipal por temor a sus paramilitares?
-Yo, como ustedes, estoy también un poquito confundido. Ignoro cuáles sean sus motivos por los que no se acercan. Los he invitado a que bien o mal informen, a que no guarden ningún secreto para que no se involucren en cuestiones que obedecen a pequeños grupos de interés, de personas que lo único que hacen es desestabilizar.
-¿A quiénes se refiere usted?
-A unas cuantas personas. Es malo hacer señalamientos. Pero ellos me han atacado ora sí que demasiado, la señora Donaciana, el licenciado Ochoa Lara.
-La Unión de Pueblos Loxicha lo acusa a usted de manejar un grupo de guardias blancas, los entregadores.
-Desde que empezaron esas acusaciones le solicité al procurador y al gobernador que se me investigue. Lo único que me protege aquí es la seguridad que hay en la región. Permanecen por motivos de la violencia que hay.
-¿Quiénes son los responsables de esa violencia que dice?
-Yo no puedo denunciar a nadie ante un medio de comunicación. Sería deshonesto. Hay instancias.
-Pero usted afirma que hay violencia, ¿cuál es el origen?
-La violencia empezó aquí desde 1985, cuando era presidente municipal un tal Alberto Antonio Antonio, a quien se le acusa de las siete muertes de (miembros de) su mismo cabildo. Desde esa fecha he reportado 201 actas de defunción, de 1985 a 1998, que me proporcionó el Registro Civil de Miahuatlán.
-¿Y quién mató a esas personas?
-Pues eso queremos que se investigue. Pedimos el apoyo de los organismos de derechos (humanos) para que se vean ambas partes y le den el derecho a quien lo tenga. Aquí mucha gente está ansiosa de justicia, no quieren justicia de mano propia, eso se les ha tratado de sacar rotundamente de la cabeza.
-Hubo 137 presos en los últimos cuatro años. Quedan todavía 59 y dicen que hay otras 250 órdenes de aprehensión. ¿Están relacionados con esas 201 muertes violentas?
-Ignoro.
-¿Considera necesarias esas órdenes de aprehensión?
-Hay actas de defunción. Yo lo que solicito es que esas muertes no queden impunes.
-¿Está usted de acuerdo con que se amnistíe a los presos?
-A mí ni me afecta ni me beneficia. A quienes les afecta es a esas personas que están en la cárcel. Por mí, en buena hora. El gobernador sabe lo que hace y yo hago lo que me indique. A mí me toca estabilizar a la ciudadanía y estoy en la mejor disposición de sentarme a una mesa redonda cuando se me indique. No tengo nada que esconder.
-Si se decreta una amnistía federal saldrían libres dos de los presidentes municipales anteriores: Agustín Luna Valencia y Alberto Antonio, a quien usted señala. ¿Está usted de acuerdo en que regresen a Loxicha?
-Le vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de ningún preso sino al contrario. Lo que se les invita es a que luchemos todos unidos por la paz. Eso sí, que se defina quiénes van a ser los responsables si se vuelve a revivir la violencia aquí.
-Hay otras 20 actas de defunción y averiguaciones judiciales de otras muertes. Los dolientes lo culpan a usted de esos homicidios. ¿Esas muertes las están investigando también?
-Lo ignoro, yo soy administrativo. Eso corresponde al procurador.
-Algunos de esos asesinatos se cometieron durante el periodo en el que usted fue comandante de la Policía Judicial (entre 1996 y 1998) aquí en el municipio.
-Vuelvo a repetirle, yo únicamente fui un servidor. Mi carrera no tengo por qué negarla. Anteriormente fui policía preventivo.
La justicia sabe lo que hace
-En el periodo que usted fue jefe de la Judicial se produjeron varios de los homicidios denunciados.
-Vuelvo a repetirle, las actas de defunción son desde 1985 hasta los hechos de La Crucecita, en 1996.
-Yo me refiero a los asesinatos y detenciones con tortura que se produjeron después de los hechos de La Crucecita. Son 20 denuncias de asesinatos.
-Pues eso no me corresponde. Ellos saben cuáles fueron los motivos.
-¿Aquí hay guerrilla?
-Ignoro. Lo que sí es que aquí hay células del EPR. Las pruebas las tiene el gobierno, personas que se sorprendieron en el ataque a La Crucecita.
-¿No fue una sola persona, el regidor de Hacienda?
-No sé por qué buscan más pruebas si son personas del ayuntamiento. El hecho de que tantas personas hayan salido inocentes fue porque no se les guardaron pruebas. Pero aunque no se las hayan encontrado por eso están donde están. La justicia sabe lo que hace.
-¿Y la tortura que se ha documentado y denunciado, tortura cometida aquí mismo?
-Vuelvo a repetirle, todo cuerpo sabe cuál es su responsabilidad. Y yo al menos injusticias, lo que se dice injusticias, no he notado aquí. Por eso yo lo único que hago es agradecerle al gobierno por el servicio.
-La CNDH ha emitido dos resoluciones señalándolo por violaciones a los derechos humanos.
-Yo, como todo ciudadano, o sea, lo que uno hace, sabe cuáles son los resultados. Si así fuera el pueblo no me habría elegido.
-¿Y cómo calificaría su gestión?
-¡Qué panadero va a hablar mal de su pan! Aunque no soy monedita de oro, mientras no me salga de mi ley orgánica municipal, yo creo que todo está bien.