MIERCOLES Ť 24 Ť ENERO Ť 2001
Ť Las remociones estuvieron plenamente apegadas a derecho, se dice en un comunicado
Acatará la Procuraduría la resolución que emita el Poder Judicial en torno a juicios de amparo de funcionarios cesados
CAROLINA GOMEZ MENA
Pese a que la remoción, durante el sexenio zedillista, de más 2 mil 500 elementos de la Policía Judicial Federal y del Ministerios Público fue ''apegada a derecho'', y las evaluaciones a que fueron sometidos se ''efectuaron con respeto absoluto a sus garantías individuales'', la Procuraduría General de la República informó que acatará plenamente la resolución que emita el Poder Judicial de la Federación en torno a los juicios de amparo promovidos por los quejosos, le sean favorables o no.
Asimismo, la dependencia explicó que los cesados no aprobaron los exámenes que aplica el Centro de Control de Confianza.
En un comunicado de la institución, y sin contradecir su criterio respecto a la validez de las evaluaciones practicadas, la Procuraduría se compromete a revisar los criterios del Centro de Control de Confianza, a fin de ''garantizar que sus resultados cuenten con el sustento científico suficiente'', y agrega que invariablemente lo hará ''en los casos que estén en trámite en el ámbito de la institución''.
En el documento, la PGR sostiene que los resultados de los análisis fueron legales, y expone que el reglamento de la Ley Orgánica de la institución ''establece claramente que cuando un servidor público resulte no apto en alguno de los seis exámenes (médico, toxicológico, psicológico, de entorno social, situación patrimonial y polígrafo), dejará de prestar sus servicios'' en la dependencia.
De esta forma, explica, el Centro de Control de Confianza se basa en la máxima de que la PGR ''tiene un compromiso ineludible con la sociedad'', por lo que debe contar con ''servidores públicos que den cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez''. Así, todos aquellos elementos que salgan de estos márgenes establecidos deberán ser cesados. De ello se desprende que, para la institución, el alejamiento del cargo de los elementos citados -los que han demandado la realización de nuevos exámenes- estaría justificada.
En cuanto al procedimiento ejecutado hacia los cesados, la Procuraduría sostiene que se siguieron cada uno de los pasos marcados por la ley. Una vez que el evaluado resultó ''no apto'', por la evaluación del Centro de Control de Confianza, la dependencia giró notificaciones a cada una de las unidades administrativas en las que prestaron sus servicios los elementos.
Luego, la unidad administrativa presentó las quejas respectivas ante el comité de zona correspondiente e instancias colegiadas, presididas por subprocuradores de Procedimientos Penales e integradas por representantes del procurador general de la República. Inmediatamente, el comité de zona dio garantía de audiencia a los servidores públicos, quienes tuvieron la oportunidad de desahogar las pruebas a su alcance.
Los afectados por las resoluciones del comité de zona pudieron impugnar las resoluciones o bien solicitar juicios de amparo.
La PGR afirma que las remociones siguieron el procedimiento descrito, y fueron ''apegadas a derecho''. Sin embargo, la institución señala que el procedimiento también establece que, en caso de ''ser necesario'', se puede efectuar ''una profundización de las evaluaciones practicadas al personal por el Centro de Control de Confianza''.