Ť Viudas denuncian amenazas de guerrillas y suplican al Ejército que no se retire

Lejana, la conciliación en la región Loxicha

Ť Tensa asamblea de senadores el domingo pasado Ť El panista Fraile García propuso bajar los "tonos de guerra" para reconciliar a las comunidades con la cabecera municipal

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Loma Bonita, Loxicha, Oaxaca. En las breves horas que una subcomisión del Senado de la República para el caso de los Loxicha estuvo en la conflictiva zona, el domingo pasado, vio y escuchó dos visiones opuestas de una misma realidad: dedos acusadores que se señalan unos a otros sin una sombra de conciliación.

En la sala principal del palacio municipal, en la cabecera, nueve mujeres viudas acusan a un "partido del EPR" de haber cometido decenas de asesinatos entre 1985 y 1996. Describen un panorama de presiones y amenazas "de las guerrillas" y suplican que no se retiren de la región las cuatro Bases de Operaciones Mixtas que controlan la zona desde hace cuatro años.

En la comunidad de Loma Bonita, los senadores se enfrentan a una asamblea tensa. Han llegado de 14 comunidades. No hay mujeres ni niños y los hombres se tapan el rostro con pañuelos.

Dudan mucho antes de atreverse a hacer uso de la palabra. Cuando lo hacen enumeran constantes allanamientos, emboscadas, secuestros, torturas y asesinatos que han sufrido durante los últimos cuatro años a manos de militares, judiciales y paramilitares. Claman por la salida de las bases militares de la región. Expresan su miedo a la cárcel y a la tortura.

A nombre de la delegación de senadores, de la cual el priísta Mariano González Zarur ya desertó, el panista Francisco Fraile García propone como posible solución "ir bajando los tonos de guerra, de odio entre unos y otros" para que, "con policía o sin policía, vuelvan a aprender a convivir".

Al menos hace una promesa: en el informe que presentará la subcomisión al Senado propondrán que la ley de amnistía federal para la liberación de todos los presos políticos de la región se extienda también a las órdenes de aprehensión pendientes, cerca de 250, según refieren las comunidades.

Ronda en San Agustín el fantasma de la guerrilla

En dos tandas, un pequeño helicóptero remonta el escarpado macizo de la Sierra Sur y deposita a cinco senadores enmedio de una gran polvareda y una gran expectativa en el corazón de la conflictiva región.

Los perredistas Daniel López Nelio (promotor de la iniciativa) y Leticia Burgos, los panistas Fraile García y Guillermo Heber Pérez y el priísta Ulises Ruiz, que no forma parte de la subcomisión senatorial, son trasladados a San Agustín.

No sólo es día de mercado sino que el presidente municipal Lucio Vázquez ha hecho coincidir la visita de los senadores con un informe de gobierno fuera de programa. Sesiona el cabildo en pleno y están presentes los agentes municipales de las 27 las comunidades que integran el municipio.

Frente al palacio hay un despliegue in  usitado: es día de plaza y al ajetreo acostumbrado se suman algunas novedades. Pequeñas colas de indios se forman frente a módulos de odontología, vacunación y detección de enfermedades. Hay un gran despliegue de funcionarios estatales que tratan de presentar una buena imagen del municipio.

Por invitación del edil, que en esos momentos lee con dificultad los interminables números de su informe de gobierno en el auditorio, se reúnen en la oficina principal nueve mujeres. Lleva la voz cantante Gloria Bórquez, la única mestiza del grupo. Es viuda de Crisóforo Ruiz, quien fuera tesorero del antiguo presidente municipal Alberto Antonio. Este purga en Etla una condena de 32 años, acusado de haber mandado matar en 1985 a todo su cabildo, siete hombres, por un conflicto que las mujeres reducen, en un enmarañado relato, al robo del sello del ayuntamiento. Ella pide que a este preso no se le otorgue la amnistía sino que por el contrario "lo encierren en Almoloya".

Le siguen las demás. Hablan de cómo fueron asesinados sus finados esposos, algunos por ser del PRI, otros simplemente por no haber querido colaborar con "los otros, esos que llaman del partido EPR". Cuentan sus penurias de mujeres solas, temerosas de regresar a sus ranchos, sin apoyos oficiales. Y refieren muchos rumores: que si en casas de "los otros" todavía de guardan las metralletas "del señor Beto", que si los foros que han organizado las ONG y Ofelia Medina en Tierra Blanca y Quilové son reuniones "clandestinas" a las que llevan "hasta bombas". Piden y suplican que el Ejército no se retire "porque sólo con ellos nos sentimos seguras".

Privó la desconfianza en Loma Bonita

Los senadores panistas, entusiastas y participativos, se frenan un poco al llegar al desolado paraje de Loma Bonita. Lo que les espera es una valla compacta de "enmascarados". Respiran hondo y avanzan. A tropezones se instala la reunión. Sobre los pañuelos sucios miran ojos llenos de desconfianza. Donaciana Antonio dirige la asamblea pero los representantes  de las comunidades son renuentes a tomar la palabra. Al fin explican: se tapan la cara no porque tengan algo que esconder sino por seguridad. Las cámaras de la prensa los inhiben. Heber Pérez los tranquiliza: "Tienen toda la razón en sentir miedo, en cubrir su rostro. Nosotros queremos escucharlos, ayudarlos".

Y empieza el desfile de denuncias: en La Sirena, comunidad de 300 habitantes, 30 presos, 10 muertos, la base militar de 200 hombres está presionando al pueblo para que le donde terrenos para ampliar sus instalaciones. En Llano Paraje cuatro familias tienen órdenes de aprehensión. En Magdalena Ortocio José Ruiz fue asesinado recientemente.

Un joven en harapos lanza un sentido discurso: "Yo soy pobreza, campesino y hombre libre, pero tengo que vivir en el monte, pasar frío, sufrir con las víboras. Ya no quiero. Tengo derecho a vivir en mi casa y por eso quiero que salgan esos cabrones, los ejércitos".

Finalmente, uno de Trinidad Loxicha increpa: "¿Traen solución o no tren nada?"

Y Fraile García, poblano, les responde: "Me pregunto si es posible reconciliar a las comunidades con la cabecera municipal ¿Cómo le hacemos? Hay que bajar los tonos de guerra, buscar la paz con trabajo".

Más tarde, a los reporteros Fraile ofrece sus conclusiones: "Esta es una lucha entre familias, entre comunidad y autoridad. Y después aparece el EPR como punto de contradicción en la zona. Aunque con este grupo estoy confundido. Lo único que se sabe es lo ocurrido en 1996 (el asalto a Huatulco) pero después al parecer no se caminó en ese sentido".

Su correligionario Heber Pérez se deslinda de la posibilidad de que se retiren las cuatro bases mixtas de Ejército y Policía Judicial. "Tenemos que sopesar las dos posiciones. No podemos decir si va a salir el Ejército porque ofendemos a la otra parte".

"¿Otra Cocopa? ¡Nooo!"

Al recordársele que en Chiapas se avanzó en ese sentido, el panista respondió: "Acuérdense que ahí tienen una Cocopa". Fue inquirido entonces si era necesaria una Cocopa para Loxicha y retrocedió: "Nooo, tampoco."