Lunes en la Ciencia, 22 de enero del 2001

Indispensable, el control de organismos vivos modificados genéticamente

Bioseguridad: la regulación urgente

Yolanda Cristina Massieu Trigo

México firmó en 2000 el Protocolo Internacional de Bioseguridad o Protocolo de Cartagena, después de que su aprobación había pasado por múltiples conflictos. Su elaboración fue decidida por la Comisión de la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. El principal obstáculo para su aprobación fueron los intereses encontrados. Por un lado, los países del Grupo Miami (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay y Australia) consideraban que regular el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados (OVM) era una medida de proteccionismo comercial, todos ellos son fuertes agroexportadores. Estados Unidos y Argentina son de los países que más siembran cultivos transgénicos. Por su parte, las naciones pobres y de alta diversidad biológica, del Grupo de Pensamiento Afín, presionaron en las negociaciones para que sí exista control del movimiento de los OVM, sobre todo cuando hay posibilidades de daño a la diversidad biológica y la salud humana. La Unión Europea, si bien es también fuerte agroexportadora, tiene un movimiento de consumidores muy reacio a ingerir alimentos elaborados con transgénicos. En el documento firmado se aprobó el principio precautorio, que implica que un país puede negarse a recibir importaciones de productos transgénicos si considera que hay duda razonable sobre posibles daños a su medio ambiente y/o la salud de su población. Quedó establecida la obligación de identificar claramente los OVM en cuestión. Se reconoce el derecho que tiene un país importador para demandar a la parte exportadora la evaluación de riesgo de los OVM. También se considera la creación de un Centro de Información Internacional sobre Biotecnología y que un país con escasos recursos para investigación científica pueda solicitarlos si lo considera necesario. Quedaron excluidos del protocolo los OVM destinados a procesamiento.

Los posibles riesgos, en el aspecto ambiental, comprenden la posibilidad de que el cultivo transgénico se transforme en una maleza difícil de controlar, traslade sus genes a parientes silvestres u otros cultivos no transgénicos, o altere los ecosistemas acabando con poblaciones de insectos benéficos y otros organismos. En los casos de las regiones de México donde existe una gran riqueza de parientes silvestres o variedades criollas de cultivos importantes existe un riesgo a considerar. En cuanto a los daños a la salud humana no se ha demostrado a la fecha que su consumo haga daño, pero tampoco lo contrario y la demanda de las organizaciones civiles es que se investigue más antes de sacarlos al mercado. Por lo pronto, en México se importa maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano, si bien no se han autorizado siembras. Existen pruebas precomerciales de algodón resistente a insectos y soya resistente a herbicidas en el norte del país. Estas pruebas son monitoreadas por científicos mexicanos y los productores encuentran ventajas de costos importantes. En el caso de la resistencia a insectos, un beneficio ambiental importante es la menor aplicación de insecticidas.

Un mandato para los países firmantes del protocolo es la elaboración de legislaciones nacionales respecto a la siembra, tránsito y consumo de OVM. En México existe un proyecto de ley de bioseguridad que fue publicado en el boletín de la agenda legislativa en el 2000. Debería, por tanto, ser materia de trabajo de la presente legislatura. Nuestro país cuenta con experiencia: funcionó un Comité de Bioseguridad Agrícola de 1988 a 2000 y desde noviembre pasado asumió sus funciones la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad (Cibiogem), que es asesorada en su quehacer por un consejo consultivo de expertos.

Dado que México es uno de los países con mayor diversidad biológica y que la agricultura en nuestro país se encuentra en un grave estado de postración, es imperativo que el país legisle al respecto teniendo en cuenta el interés nacional. México es centro de origen y diversidad de muchos cultivos importantes y existen parientes silvestres y ecosistemas que aún no se conocen bien, dados los montos ínfimos que se destinan a la investigación, realizada mayoritariamente en instituciones públicas. Permitir la siembra de transgénicos sin ningún control (algo que no ha sucedido a la fecha porque existen las instancias mencionadas) podría perjudicar nuestra biodiversidad y afectar negativamente a muchos productores agrícolas.

Por lo anterior, es muy importante que la bioseguridad y la legislación se discutan ampliamente entre todos los sectores involucrados y se busquen consensos. Es urgente la organización de foros amplios y plurales donde científicos, compañías multinacionales, productores agropecuarios, funcionarios, organizaciones no gubernamentales y consumidores hagan oír su voz. Resulta lamentable que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Cibiogem hayan convocado, en enero de 2001, a un primer Foro Nacional sobre Biotecnología y Bioseguridad en la Agricultura Mexicana, donde los principales ponentes e invitados fueron miembros de la industria agrobiotecnológica, la cual tiene fuertes intereses y no cabe duda que es un actor importante. Por la asimetría que existe entre estas compañías y algunos de los involucrados que están en una posición débil, como los campesinos de subsistencia, es imperativo que la discusión sea plural y abierta.

La autora es profesora-investigadora del Departamento de Sociologia de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

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