LUNES Ť 22 Ť ENERO Ť 2001

Francisco López Bárcenas

Reforma constitucional y derechos indígenas: los retos

Con la presentación que el Presidente de la República hizo el 5 de diciembre del 2000, de la iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas con base en la propuesta elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), se cerró la etapa de intransigencia del gobierno federal y se abrieron posibilidades para comenzar a avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Esto no significa que el gobierno por fin haya decidido incluir a los pueblos indígenas en la construcción de la nueva sociedad ni que éstos hayan triunfado; por el contrario, lo que se presenta en el futuro inmediato es una serie de retos a los que habrá de dar respuesta, si no se quiere perder el rumbo.

Uno de los retos inmediatos del movimiento indígena es volver a insertarse en el debate que la sola presentación de la iniciativa ha generado. Se trata de una actividad urgente, porque los opositores del reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos no descansan. Hoy, igual que ayer, y como antes sus predecesores, insisten en que reconocer los derechos de los pueblos indígenas violenta la igualdad jurídica y crea fueros, rompe la unidad nacional y socava la soberanía. Cierto que sus argumentos, cuando tienen, obedecen a posiciones políticas y concepciones de los derechos humanos ancladas en concepciones del siglo pasado, y que desconocen los postulados teóricos más actualizados sobre el tema, pero no por eso dejan de ser un fuerte dique al reconocimiento de la diversidad cultural y al ejercicio diferenciado de los derechos humanos.

Nuevamente está a debate el reconocimiento de los pueblos indígenas como titulares del derecho a la autonomía y su contenido: la autoafirmación o capacidad exclusiva de proclamarse existente, la autodelimitación o facultad de delimitar su territorio, y la autodisposición interna o derecho de organizarse de la forma que más les convenga y de acuerdo con sus propios sistemas normativos. En otro sentido, la autonomía conlleva el derecho a ser pueblos y, como tales, titulares de derechos colectivos; poseer un territorio y ejercer su propio gobierno. Alrededor de estos derechos se encuentran otros como el de mantener su propia identidad, de acuerdo con su especificidad cultural.

Esto es lo que no entienden los defensores del ideal igualitario, es decir, no la idea de que todos debemos ser tratados de manera igual cuando nos colocamos en una misma situación jurídica, sino por el solo hecho de ser personas; es lo que no comprenden quienes confunden unidad nacional con uniformidad bajo reglas impuestas por la sociedad dominante y soberanía nacional con un poder que se impone a la población y no que reside originaria y esencialmente en pueblo, que dimana del pueblo para su beneficio, dotándolo en todo tiempo del inalienable derecho de modificar su gobierno, como desde 1917 establece nuestra Constitución política.

El debate sigue vivo. Y no de ahora, sino desde hace tiempo, por lo menos desde las discusiones sobre la forma de Estado que debíamos adoptar los mexicanos para organizar nuestra vida política. Al respecto es importante no olvidar las palabras de Ignacio Ramírez durante el Congreso constituyente de 1857, en el que advertía a los diputados que "entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mista que se estiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola". Nadie le hizo caso entonces, y por eso hoy todavía vemos a los pueblos indígenas luchar por sus derechos. No lo olvidemos.

No cerremos los ojos ante la realidad. El nuevo Estado tiene que erigirse en nuevas bases que den sustento a la pluriculturalidad de la nación mexicana, que son las mismas para arribar a la democracia. Mas para que eso sea una realidad, debemos seguir luchando. La presentación en el Senado de la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas ha desatado muchas expectativas. Una de ellas, la salida de los zapatistas de Chiapas y su presentación en el Congreso de la Unión para exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Otra es la posibilidad de revitalizar el movimiento indígena en torno a una demanda central: el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.