La inseguridad es, sin duda, uno de los mayores problemas nacionales, y para dar constancia --objetiva-- de la gravedad de esta problemática, más vale apegarnos a las cifras disponibles. 

En el periodo 1991-1998 el número de delitos denunciados en el ámbito federal creció en un 69.7 por ciento. De acuerdo a las proyecciones, esta tendencia alcista se mantiene a la fecha. Las encuestas de opinión aseguran que más del 50 por ciento de los mexicanos considera a la inseguridad y la delincuencia como el principal problema. Los mayores índices delictivos se registran en las ciudades fronterizas, en el Distrito Federal y Guadalajara. De acuerdo con un estudio de la Fundación Rosenblueth, indicadores como violencia, inseguridad, drogadicción, delincuencia y desempleo son directamente proporcionales a los índices de pobreza. La relación entre inseguridad y pobreza es más que evidente en la mayoría de los estados de la República. 

La cadena de hechos violentos suscitados en los últimos días confirma la insuficiencia en los esfuerzos gubernamentales en el combate al crimen organizado. Las estadísticas sobre la violencia relacionada al narcotráfico son el mejor ejemplo. Entre 1993 y 1999, tan sólo en Ciudad Juárez se registraron 196 desapariciones vinculadas al narco. En 1999 se reportaron 600 asesinatos por el mismo motivo en Sinaloa. El año pasado Baja California registró, en un mes, 22 homicidios ligados a este ilícito. 

Sin embargo, estas cifras --alarmantes-- no alcanzan a reflejar el problema en su justa dimensión. Los mexicanos desconocemos la verdadera magnitud del crimen organizado, sus vínculos con los diferentes niveles de gobierno y sociedad, los miles de millones de dólares que genera y, sobre todo, la red de intereses supranacionales que lo respalda. Para darnos una idea, se estima que el monto por venta de drogas en Estados Unidos es de 60 mil millones de dólares al año, del cual los cárteles mexicanos obtienen una ganancia del orden de los 5 mil millones de dólares anuales. Ante este poderío económico y de violencia, no es de sorprender que el gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, se haya declarado incompetente para combatir el narcotráfico, ni que el problema sea considerado, desde 1987, como una amenaza a la seguridad nacional. Para colmo, mientras la cúpula de la seguridad pública y justicia nacional se encontraban de gira, ayer se escapó con aparente facilidad uno de los capos de mayor peso en el país. 

Los problemas que debe enfrentar de inmediato el gobierno de Vicente Fox son la inseguridad y la pobreza, cuyo vínculo converge en la desatención del Estado a los sectores más vulnerables. El hueco es tan grande, que los mismos capos de la droga llegan a ganarse el respeto --y el miedo-- de la gente pobre en sus comunidades, porque les ofrecen alternativas para salir de la miseria que el gobierno nunca les ha brindado. El círculo es vicioso y, en cierto modo, inducido por la grave situación económica nacional. 

Estos son los problemas en los que se deben concentrar los actos del gobierno foxista. Son las verdaderas demandas de la población. ¿Por qué la distracción en otros frentes de acción y decisión, cuando los problemas reales de México llenan las planas de los diarios con notas amarillas?