DOMINGO Ť 21 Ť ENERO Ť 2001

Ť La medida, propuesta por la delegación de senadores que visitó Oaxaca

Darán apoyo jurídico a presos de Loxicha

Ť Se definiría el proyecto de una ley de amnistía para liberar a los supuestos eperristas

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Oaxaca, Oax., 20 de enero. De visita en el Cereso de Santa María Ixcotel, una delegación del Senado de la República interrogó a 29 presos, todos ellos zapotecas de la región serrana de Loxicha. "ƑSon estos los temibles comandantes y guerrilleros del EPR a quienes el gobierno de Diódoro Carrasco juzgó por delitos de terrorismo, sedición, rebelión y homicidio múltiple?", se preguntaron panistas y perredistas.

El senador panista por Querétaro, Guillermo Heber Pérez, justifica la insistencia de los legisladores en inquirir sobre sus presuntos nexos con el grupo armado que opera en esa zona. "Entiendan, nosotros no podemos, ni debemos ni vamos a avalar delincuentes. Pero por otra parte no vamos a permitir que en México haya presos políticos, ni que se aplique la tortura."

Por eso él y su correligionario Francisco Fraile García una y otra vez preguntan: Ƒpor qué los involucran con el EPR? Y la respuesta es siempre la misma: "No lo sabemos, no tenemos ni idea. La única arma que nosotros conocemos es el machete".

Ese hombre que habla a nombre de los demás, que notoriamente es el líder del grupo, Ƒrealmente participó en el asalto eperrista al cuartel de la policía de La Crucecita, Huatulco, la noche del 29 al 30 de agosto de 1996?, cargo por el que fue juzgado y sentenciado a 32 años de cárcel. Es Agustín Luna Valencia, quien en aquellas fechas era presidente municipal de San Agustín Loxicha. Cuenta que en esos días, a partir del 27 de agosto, arrancaron las fiestas patronales de su pueblo, y él, como máxima autoridad y según las normas de la tradición, estaba obligado a encabezarlas. El día 29 estuvo en la premiación de los ganadores del campeonato de basquetbol, y el día 30 salió junto con otros tres síndicos de su cabildo rumbo a Oaxaca, donde tenía pendiente una gestión oficial. En el camino el grupo fue detenido.

Una historia repetida

Lo que sigue es historia mil veces repetida: torturas y todo tipo de procedimientos ilegales en manos de las autoridades policiacas y judiciales. Días después de su detención, el jefe de la judicial le enseñó a Luna Valencia la fotografía de un hombre muerto. "Claro -lo identificó-, es Fidel Martínez, mi regidor de Hacienda". Esta afirmación fue el detonante de cuatro años de represión en Loxicha. Según versión policiaca, el cadáver de Martínez fue uno de los caídos durante el combate de La Crucecita. En el bolsillo de la camisa llevaba su credencial que lo identificaba como miembro del cabildo de San Agustín. A partir de ahí, sobre todas las comunidades de la región cayó el estigma de ser eperristas.

"Fidel -nos dice Agustín Luna- era un señor común, pobre, ya mayor, trabajador y pacífico. A principios de agosto pidió permiso de ausentarse de su cargo para salir a trabajar". Muchos zapotecos de la sierra bajan a la costa, principalmente a Huatulco, a trabajar en la construcción como una forma de obtener un ingreso mínimo.

Las pruebas de descargo que presentó Luna Valencia no fueron atendidas por el juez que dictó la sentencia. Lo que valió fue su declaración ministerial autoinculpatoria, la cual fue arrancada bajo tortura. En poco tiempo, el cabildo en pleno estaba en la misma situación, preso y acusado de terrorismo. El Congreso local convino, sin mayor trámite, decretar la desaparición de poderes en el municipio.

Con esto terminaba una etapa de la historia loxicha, en la que los indígenas habían logrado mantener su gobierno comunitario durante 12 años.

El gobernador Jose Murat, a favor de una amnistía federal

Por la tarde, en una reunión que sostuvieron, a puertas cerradas, los senadores y el gobernador José Murat, el mandatario expresó que con la ley estatal de amnistía para los presos de la región Loxicha, la cual una vez cumplida en su totalidad permitirá la liberación de 60 por ciento de los reos, él agotó las posibilidades que están a su alcance para solucionar el problema. Lo demás, les dijo a los legisladores, está en sus manos. También les indicó que en conversaciones con el presidente Vicente Fox y con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, señaló precisamente la necesidad de decretar una ley federal de amnistía.

Después de la reunión con los presos, a la cual el único priísta de la subcomisión, Mariano González Zarur, se incorporó casi hasta el final, los legisladores destacaron la necesidad de encontrar una solución integral, proponiendo una fórmula legal para lograr la liberación de los presos, lo más pronto posible. Se comprometieron a enviar un abogado del Senado para que junto con la defensa de los acusados elaboren la fórmula más viable.

Francisco Fraile García apuntó la urgencia de "resolver el problema de la guerra" en la zona. Pero la realidad es que en Loxicha no ha habido enfrentamiento, sino una prolongada y violenta disputa por el ayuntamiento entre las fuerzas caciquiles y el proyecto comunitario.

En el penal Etla

A los senadores les hubiera quedado más claro el panorama, de haber visitado el penal de Etla, ubicado a media hora de la capital. Pero solamente el perredista Daniel López Nelio cumplió esa parte del programa. Ahí se encuentran 18 presos loxichas más, pero llegó a albergar 40.

Alberto Antonio Antonio expuso los antecedentes de esta historia. El fue el primer presidente municipal (entre 1984 y 1988) que se negó a someter la decisión de la asamblea al control de los caciques. Se atrevió a construir un mercado y un palacio municipal nuevos, con lo que las 12 familias que controlaban todo el comercio de la zona fueron desplazadas. Había tocado un interés neurálgico del poder local. Y se siguió con otras medidas: la asamblea recuperó el control del comisariado ejidal y se limitaron los abusos de los intermediarios del café y la madera.

La gradual recuperación de los espacios económicos y políticos tuvo éxito, porque fue apoyado por la comunidad y por el movimiento magisterial democrático. Nada fue gratis, la lucha tuvo un alto costo en sangre. En 1986, seis miembros de ese cabildo y un niño que los acompañaba fueron emboscados y asesinados por pistoleros de la familia de Lucio Vázquez. Alberto Antonio sufrió varios atentados. Entonces decidió "exiliarse" en la ciudad de México. Pocos días después de los hechos de La Crucecita fue detenido, con lujo de violencia, en el Distrito Federal, y luego fue presentado en Oaxaca como el "comandante Francisco". Su sentencia de 30 años es por el asesinato, nunca esclarecido, de sus seis compañeros en 1986. ƑPruebas? Ninguna, salvo su propia declaración arrancada bajo tortura.

A su lado están dos miembros de aquel cabildo histórico, también tras las rejas. Uno de ellos es Zacarías Pascual, quien fue detenido un domingo cuando caminaba hacia el templo evangélico al cual pertenece. Antes habían sido asesinados en el propio patio de su casa, en dos allanamientos diferentes, sus hermanos Calixto, de 17 años, y Ciriaco. El es, según la autoridad, el "peligroso comandante Z".

Pretextos de los caciques

Al final, el senador Daniel López Nelio ofrece su interpretación: "El caso del regidor caído en La Crucecita fue el pretexto que los caciques esperaban para recuperar el poder perdido, fue el detonante para poder lanzarse contra sus enemigos naturales, los maestros democráticos, los dirigentes comunitarios, los comisarios ejidales. Toda la comunidad fue criminalizada e involucrada con el EPR. Conozco en carne propia esta historia".

Zapoteca, fundador de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), López Nelio recuerda el violento periodo entre 1975 y 1978, cuando se enfrentaron los poderes caciquiles de Juchitán, pertrechados tras el PRI y los coceístas. Es una historia sembrada de muertes y desapariciones. "Igualito que ahora, nos acusaban de ser de la Liga Comunista 23 de Septiembre o del Frente Sandinista. Todo el movimiento fue satanizado".

La desmilitarización

La propuesta que los senadores empiezan a perfilar incluye, en primer término, el envío de un abogado del Senado, para que junto con la defensa de los presos definan el proyecto de ley de amnistía que facilite la rápida liberación de todos los presos con cargos del fuero federal.

Después se planteará la desmilitarización de la zona, que cuenta con cuatro bases de operación mixta en El Portillo, La Sirena, Magdalena y San Agustín, como una medida de distensión previa a las elecciones municipales que tendrán lugar en agosto.

Para entonces, en opinión del perredista Daniel López Nelio, para lograr la plena recuperación de la legalidad indígena, el actual alcalde, Lucio Vázquez, ya tendría que haber sido destituido.