SABADO Ť 20 Ť ENERO Ť 2001
Ť UNORCA y CODUC aprueban la descentralización de fondos del programa
Positivo, evitar que recursos del Procampo se conviertan en la caja chica de gobernadores
Ť Sugieren dirigentes campesinos "reglas y supervisión social férreas" de los planes
CAROLINA GOMEZ MENA
Delegar a los gobiernos estatales y municipales la administración de los recursos de Procampo es una "buena intención", y será un signo "positivo" si sus normas de operación, además de ser equitativas, "impiden que este apoyo se convierta en la caja chica de los gobernadores, como ocurrió con Alianza para el Campo", consideraron Alberto Gómez Flores, coordinador de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), e Ignacio Irys Salomón, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), al referirse a los cambios anunciados por Javier Usabiaga, titular de la Sagarpa.
En entrevista, ambos líderes campesinos coincidieron en que por el momento no es conveniente -a fin de no contaminar el proceso- prejuzgar respecto de si la cesión de esta responsabilidad respondió a un verdadero interés gubernamental de beneficiar a los productores, o si bien fue una forma de desligarse de sus obligaciones.
No obstante, consideraron como fundamental, para el éxito de esta empresa, que se desarrollen "reglas claras", así como una supervisión social férrea, que eviten un posible manejo discrecional del apoyo. De no ser así -expusieron-, lo que se pensó como un beneficio podría "meternos en una feroz disputa de recursos con los gobiernos estatales, y salir peor que como estábamos".
En cuanto a la idea del actual programa de desarrollo rural, de que de ahora en adelante los productores 'serán los verdaderos rectores de la política agropecuaria', Irys Salomón mostró sus reservas, ya que "las buenas intenciones de los funcionarios no bastan" para cambiar la terca realidad, y "porque del dicho al hecho, hay mucho trecho". Sin embargo, confió en la buena voluntad gubernamental, pero comentó que una vez que las normas de operación sean aprobadas por la Cámara de Diputados, lo primordial será cómo se negociará con los estados la asignación de estos apoyos.
Para Gómez Flores se debe superar la práctica de ponerle trabas a los gobiernos estatales para que administren el dinero del subsidio, y también debe emprenderse un análisis "a fondo" de la efectividad del Procampo.
"Además de no querer que sea utilizado como instrumento político, el Procampo tiene un deterioro en términos reales de 35 por ciento de su valor respecto de 94, fecha en que representaba cien dólares. Por eso, además de garantizar limpieza en su reparto, demandamos que sea ley, se abra el padrón para que se amplíe su cobertura y sea entregado directamente al dueño de la tierra hasta por un volumen máximo de 20 hectáreas".
Asimismo, la CODUC considera que la administración federal cometería un error si entrega la totalidad de los recursos del programa a las entidades, ya que ello le impediría actuar ante la posible exacerbación de "cacicazgos o desidia de los gobiernos locales". Sugirió que la Federación debe contar con un resguardo económico que le posibilite la ejecución de mecanismos y medios financieros en esas circunstancias, por lo que lo "ideal" es que en sus arcas permanezca "25 por ciento de los recursos del apoyo".
En cuanto a la entrega de los 829 pesos por hectárea -Procampo- de manera anticipada, ambos reconocieron que eso es un "adelanto" que responde a una demanda reiterada de los productores, pero declinaron mostrarse optimistas de antemano, pues "antes, muchas veces la Secretaría de Agricultura propuso, y Hacienda dispuso... así que la moneda está en el aire".