SABADO Ť 20 Ť ENERO Ť 2001

Ilán Semo

Cavallo, el juez y la historia

La línea que separa el olvido de la evasión es incierta. La ruptura con el orden autoritario que dominó a América Latina hasta hace una década y media tuvo su origen en esta movediza frontera. Una de las condiciones que impusieron los regímenes militares para ceder gradualmente el poder al orden civil fue el mutismo: una tabula rasa con el pasado. Secuestros, torturas y crímenes debían quedar impunes si se quería que los generales admitieran la (en sí endeble) democratización de la vida pública. La sociedad argentina intentó infructuosamente llevarlos a juicio. Sólo logró negociar al jefe máximo a cambio de indulto a la jauría. La amenaza del retorno a la zozobra la obligó a optar por la estrategia del olvido. La democracia chilena guardó un silencio desgarrador hasta que la justicia europea lo exhibió. Sirvió para eso: exhibir y conmover, pero nada más. Pinochet sigue evadiendo los años y los tribunales. En Brasil y en Uruguay, los artífices del terror van a pie y toman café en las ahora apacibles alamedas. Todo el arrojo de quienes reclamaron una revisión de esa noche parda se estrelló en un mutismo compartido: el mutismo del miedo al pasado.

Como los individuos, las sociedades esconden (o reprimen) sus traumas en una figuración del pasado. Sus armas son las políticas del olvido: la negación y la evasión. Nada más grave para una sociedad que esquivar las heridas de su memoria. Desde sus orígenes, el juicio público tiene la función no sólo de condenar a quien comete un crimen, sino de colocar a la sociedad frente al espejo de sus propias monstruosidades. Finalmente, el criminal no es más que otra presa de lo que nos apresa. Al renunciar a revisar su pasado, las sociedades latinoamericanas no hicieron más que amargar su presente.

Tocó a un juez español remover este trauma. Baltasar Garzón decidió poner a prueba el sueño de Kant: la ley es universal y prima sobre el Estado (nación). El primer condenado fue Pinochet; ahora le sigue Cavallo. La justicia inglesa cometió el grave error de no extraditarlo. Un error lleno de suspicacias. La cancillería mexicana tiene, en el caso de Cavallo, la oportunidad histórica de enmendarlo.

El debate del caso Cavallo es, en realidad, mucho más complejo de lo que supone el nacionalismo de cartón que acusa a Garzón de "intervencionismo". Karl Schmitt fue acaso el primer teórico en plantear el problema a principios de los cincuenta. Al reflexionar sobre los juicios de Nuremberg, Schmitt los dató como un "giro civilizatorio". Los generales fascistas fueron juzgados por leyes que les eran ajenas, y tribunales que no eran alemanes. Por ello la defensa argumentó que, durante el nazismo, habían actuado apegados a leyes promulgadas en Alemania durante los treinta. Es decir, que no se hallaban fuera de (esa) la ley. La respuesta de la fiscalía fue que los crímenes de lesa humanidad se rigen por una ley que es superior a cualquier ley (nacional o local) que la contradiga. Schmitt observó que los militares alemanes eran acusados no por ser los enemigos vencidos, como dictaba la costumbre desde el siglo xvi, sino como si fueran "ciudadanos de una comunidad universal".

Años más tarde, con el mismo argumento, se constituyó el Tribunal Russell para revisar los crímenes en Vietnam, y más recientemente el tribunal europeo para procesar a los generales ex yugoslavos (croatas y serbios por igual) que cometieron crímenes de guerra en el más reciente conflicto de los Balcanes.

Si se les lee como momentos de un reordenamiento jurídico, Nuremberg, el Tribunal Russell y los juicios contra crímenes de guerra en los Balcanes responden a una realidad que gradualmente se verá regida por un derecho de orden posnacional.

Se trata de un derecho que aún está por escribirse, y cuya estructura global es un tema abierto. Pero no hay duda de que sin este derecho posnacional será imposible establecer una estructura jurídica en la que la protección de los derechos humanos trasciende los límites del Estado-nación, y lo haga de manera efectivamente justa. Para que algún día, de la misma manera que Garzón reclama a Cavallo en España por el asesinato de ciudadanos españoles en Argentina, las autoridades mexicanas, por ejemplo, puedan reclamar a quienes asesinan a emigrantes mexicanos en la frontera del norte.