SABADO Ť 20 Ť ENERO Ť 2001

Ť Escucharán testimonios de pobladores sobre la militarización en el área

Senadores, en gira exploratoria a los Loxicha

Ť También conocerán sobre la aplicación de la reciente ley de amnistía a presuntos eperristas Ť La Unión de Pueblos dice estar dispuesta a acogerse a ésta "con reservas"

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Oaxaca, Oax., 19 de enero. Una delegación pluripartidista del Senado inició hoy aquí una investigación para evaluar "y emitir opinión" sobre el proceso de militarización que padece la región de los Loxicha, en la Sierra Sur del estado, y sobre la ley de amnistía que el gobernador decretó para los zapotecas encarcelados como presuntos eperristas.

El promotor de la gira, el senador juchiteco por el PRD Felipe López Nelio, afirmó que se estudiará también la posibilidad de impulsar una ley de amnistía federal para todos los detenidos de ese grupo armado en distintos estados del país. Sin embargo, otro integrante de la delegación, el priísta Mariano González Zarur, de Tlaxcala, tomó distancia de esa posición y dijo que en esta gira "apenas se está conociendo" el problema y se va a evaluar el impacto de la ley estatal.

El pasado 8 de diciembre el Congreso estatal, con amplia mayoría priísta, dio entrada y aprobó vía fast track una iniciativa unilateral del gobernador José Murat para excarcelar a los 82 presos de los Loxicha acusados de pertenecer al grupo armado. Sin consulta previa, esta ley establece como condición para el desistimiento de la acción penal el que los detenidos reconozcan su pertenencia al EPR. La medida entró en vigor de inmediato, coincidiendo con una acción similar impulsada por el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que permitió la liberación de varios zapatistas detenidos desde hacía años en el penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez.

Hasta la fecha han sido liberados en estas condiciones 22 procesados por delitos del fuero común. A partir de la batida militar y policiaca que se desató en esa microrregión serrana en 1997, a raíz de la aparición del EPR en La Crucita, Huatulco, fueron apresados 137 indígenas de la zona, entre ellos menores de edad y ancianos. De éstos, en las semanas siguientes a su detención fueron liberados 55, por falta de pruebas y después de ser torturados. De los 82 restantes, nueve de ellos maestros bilingües, 66 tienen sus expedientes en el fuero común y son, por tanto, susceptibles de ser amnistiados. El resto -20 casos- fueron procesados por presuntos delitos federales y seis de ellos incluso están internados en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Conforme a la ley de Murat, éstos no alcanzarían el perdón.

La Unión de Pueblos de Loxicha contra la Militarización y la Represión, que ha asumido desde entonces la defensa de los presos, aceptó acogerse a la amnistía con reservas. La dirigente Donaciana Antonia Almaraz señaló ante los senadores que esa legislación "nos entrampa en una culpabilidad que nos fabricó el gobierno; deja impunes los asesinatos, la tortura y la violación masiva de derechos humanos que hemos padecido. Para gente como nosotros, que lo único que tenemos es nuestra dignidad, esta ley nos humilla".

En la primera jornada de la gira, los senadores panistas Francisco Fraile García y Guillermo Héber Pérez, los perredistas López Nelio y Leticia Burgos y el priísta Mariano González Zarur escucharon los testimonios de cuatro ex presos, de dos viudas (dos casos entre los seis asesinatos documentados) y siete esposas de detenidos.

Pedro Martínez Almaraz, recién amnistiado, denunció que pasó tres años y ocho meses preso "sin delito, sin saber por qué fui detenido ni por qué ahora estoy aquí". Campesino ya mayor, aseguró que nunca perteneció a un partido, mucho menos a un grupo armado. Ahora que ya está libre, insistió, no puede retornar a su casa, en la comunidad de Quilové, porque los entregadores que lo detuvieron con violencia, lo torturaron y lo mandaron a la cárcel son sus propios vecinos. Ninguno de los 22 presos amnistiados ha regresado a sus pueblos, por esta razón.

Los senadores tomaron nota que en todos los testimonios fue señalado directamente el alcalde del municipio San Agustín Loxicha, Lucio Vázquez. En particular, Estela García, cuyo esposo Ceferino fue asesinado, y Genoveva Ramírez, que tuvo presos a sus dos hermanos y a su padre, aseguraron haberlo reconocido en los violentos allanamientos que sufrieron sus familias, ya que Vázquez, en ese tiempo policía judicial, era de los pocos que actuaban con la cara descubierta. En la denuncia penal que Estela García presentó -y que ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA- acusa a Vázquez como autor material del asesinato de su esposo.

Esta dirigente, que actualmente reside fuera del estado por las constantes amenazas a las que se ve sometida, ha documentado al menos 40 asesinatos en la zona Loxhicha en los últimos cuatro años pero informó que sólo seis familias se han atrevido a denunciarlo penalmente. Explicó que las víctimas viven aterrorizadas y no se acercan al Ministerio Público debido al cerco militar y a la ignorancia.

La comisión senatorial no tiene prevista en su agenda entrevistarse con el presidente municipal de San Agustín. Los indígenas de la unión informaron a los senadores que éste se hizo elegir alcalde en una asamblea de usos y costumbres en la que la comunidad votó amenazada, pese a que como ex policía preventivo y judicial no cumple los requisitos que establece la normatividad indígena para ser autoridad.

López Nelio lo señala como "cabeza de los cuerpos paramilitares" que en la región son conocidos como "entregadores."

Este sábado los senadores visitarán el penal de Santa María Ixcotel, donde se reunirán con los loxichas presos y por la tarde se verán con el gobernador Murat, el procurador general de Justicia del estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la comisión de seguimiento de la ley de amnistía del Congreso estatal. El domingo se trasladarán a una comunidad del municipio de San Agustín para escuchar de viva voz a los habitantes de la región.