Ť Estable, el estado de salud del mandatario; descartan se nombre un interino

Aún no determinan el móvil de la agresión al gobernador de Chihuahua

Ť Detienen a un joven armado que intentó ingresar a la clínica de El Parque
 

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., enero 17. El gobernador Patricio Martínez García fue objeto de un atentado con arma de fuego, perpetrado por una ex agente de la Policía Judicial del Estado, identificada como Cruz Victoria Loya Montejano, despedida de la corporación hace un par de años.

Los hechos se suscitaron a las 11:30, en el momento en que Martínez bajaba la escalinata principal de palacio de gobierno, donde se detuvo para platicar con un grupo de jóvenes estudiantes. Desde atrás, y a escasos tres metros de distancia, Victoria Loya disparó a la cabeza del gobernante, con un revólver calibre .38 especial, hiriéndolo en la región parietal izquierda. La bala alcanzó a penetrar el cráneo sin dañar partes vitales del cerebro, informó Antonio García Hernández, coordinador de Comunicación Social local.

Cruz Victoria Loya tiene 30 años, es originaria de la ciudad de Chihuahua, con domicilio en la calle Carlos Fuero 6605, en la colonia Cerro de la Cruz, donde aparentemente vive sola en un departamento. El domicilio fue cateado esta tarde por la PJE. Extraoficialmente trascendió que en el interior del inmueble se encontraron pósters y objetos alusivos a imágenes satánicas.

El procurador general del estado, Arturo González Rascón, informó por la noche que en las primera declaraciones de la mujer ante el MP no se pudo determinar el móvil del atentado. Sin embargo, el funcionario destacó que se cuenta con algunas líneas de investigación que, por el carácter reservado de la indagatoria, no se pueden dar a conocer, pero descartó por lo pronto nexos con el narcotráfico.

El estado de salud del mandatario fue reportado estable en la clínica de El Parque, donde un equipo médico encabezado por el doctor Noel del Val informó que estaba consciente y había reconocido a sus familiares y colaboradores cercanos.

Detienen a un hombre armado

Quince minutos después del  ingreso del gobernador a la clínica, los agentes de la Judicial del Estado que formaron un cordón de seguridad en torno al nosocomio, detuvieron a un joven ?aún no identificado? que intentó ingresar armado al hospital, haciéndose pasar como donador de sangre. La Procuraduría local no proporcionó datos sobre esta persona, que quedó en calidad de detenida para investigación.

Victoria Loya, la presunta responsable del atentado, fue sometida a un riguroso interrogatorio en las instalaciones de la subprocuraduría Zona Centro. El subprocurador Oscar Castrejón Rivas informó que hace año y medio dejó de pertenecer a la PJE y que, aparentemente, está afectada de sus facultades mentales y ya tenía antecedentes de haber atentado a balazos contra su marido.

La agresión contra el gobernador ocurrió dos días después de la visita que hizo al estado el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien con el mandatario estatal anunció que se daría un combate frontal al crimen organizado en la entidad, especialmente contra el cártel de Juárez, lidereado por los herederos de Amado Carrillo Fuentes.

A principios de este mes la PGR consignó al ahora ex delegado de la dependencia, Norberto Suárez Gómez, en el momento en que pretendía cobrar medio millón de dólares por la venta de plazas en Ciudad Juárez.

Incluso, dos horas antes de sufrir el atentado, el propio gobernador manifestó durante su programa semanal de radio que el narcotráfico logró infiltrar las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, y aseguró que, en una acción coordinada, su administración y el gobierno de la República emprenderán acciones enérgicas contra el crimen organizado.

Ni el vocero gubernamental Antonio García ni el secretario general de Gobierno, Víctor Anchondo Paredes, quisieron abundar en la hipótesis de que el atentado tuviera relación con el narco. Ambos expusieron que la investigación irá despejando las interrogantes al respecto.

En Ciudad Juárez el delegado de la PGR, Lorenzo Aquino Miranda, informó que la dependencia envió diez elementos de la PJF, así como dos peritos y fiscales de la ciudad de México, para ayudar a la Procuraduría local en las investigaciones.

El reporte médico

Tras una cirugía de lavado para retirar esquirlas de bala y tejido óseo, el estado de salud de Martínez García fue reportado estable y fuera de peligro. Sin embargo, deberá permanecer bajo control médico los siguientes 15 días, indicó el equipo de neurocirujanos encabezado por el doctor Mario del Valle.

Raúl Hernández y Rafael Baca Martínez, neurólogos que practicaron la cirugía al gobernador Martínez, indicaron que aún existen riesgos de que se presente una inflamación cerebral o hemorragias internas, por lo que continúa en terapia intermedia.

En conferencia en la clínica de El Parque, los médicos aseguraron que el mandatario no sufrió ningún tipo de afectación en sus facultades psicomotrices, auditivas ni de lenguaje, e incluso dentro de su condición médica pudo conversar con su esposa e hijos.

Sin necesidad de un interino

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Víctor Emilio Anchondo Paredes, afirmó que el mandatario Patricio Martínez García está en perfecto uso de sus facultades mentales para continuar al frente del gobierno, y durante el tiempo que requiera su recuperación seguirá tomando las decisiones propias del cargo, y no existe la necesidad de recurrir a un interinato.

La ahora indiciada Victoria Loya Montejano fue dada de baja de la Policía Judicial del Estado en 1997, durante la administración del ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, cuando la Procuraduría local estuvo a cargo de Arturo Chávez Chávez.

En esa época, la PGJE recibió varias quejas de agentes policiacos cuestionando el comportamiento agresivo de Victoria Loya. Antes de ser despedida, fue sometida a una serie de estudios psicológicos, donde se le calificó como una persona neurótica y violenta.

Fue dada de baja de la Policía Judicial en 1996, luego de un incidente con su esposo, ya que lo lesionó con su arma de cargo.

De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer está considerada como una "persona con afecciones emocionales y psicológicas", ya que es la tercera ocasión en que se ve involucrada en un hecho en el que aparecen armas de fuego.

En el interrogatorio a que fue sometida ayer estuvieron presentes dos psicólogos y dos agentes del MP, además de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En las próximas 48 horas la agresora será consignada al juez por el delito de homicidio en grado de tentativa, informó el procurador estatal Arturo González Rascón. La ex agente fue sometida ayer a una serie de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos, y se determinó que pose un perfil neurótico. En tanto, la prueba antidoping reveló que en el momento de perpetrar el atentado no se encontraba bajo influjo de drogas.

Las pruebas de balística que llevaron a cabo los peritos de la PGJE establecieron que el revólver .38 especial no pertenece a la Policía Judicial del Estado, por lo que continúan las investigaciones a fin de determinar su origen. El procurador aseguró que hasta el momento es la única responsable del atentado.

"No voy a contestar"

Tensa y demacrada, Victoria Loya se negó a responder las preguntas de los reporteros al momento de ser presentada ante los medios: "No voy a contestar", fue la única frase que pronunció. 

Ť Rechazan la agresión gobernadores, partidos y autoridades en seguridad

Vicente Fox: el atentado a Patricio Martínez García no es ofensiva del crimen organizado

Ť La administración federal coadyuvará en las investigaciones del caso, señala

El gobierno federal, gobernadores de siete estados de la República, los tres principales partidos políticos y las autoridades en materia de seguridad nacional condenaron enérgicamente el atentado que sufrió ayer el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García.

En Tapachula, Chiapas, el presidente Vicente Fox subrayó que ninguno de los tres hechos de violencia que se registraron ayer están conectados, "ni son efecto o producto de una ofensiva del crimen organizado frente al nuevo gobierno".

Al hacer una evaluación de los atentados contra el gobernador de Chihuahua, la familia del ex mandatario de Yucatán, Víctor Manzanilla, y de un magistrado del tribunal agrario, el jefe del Ejecutivo indicó que se trató de "crímenes y delitos comunes", los cuales se comprometió a investigar con "especial atención".

Para ello, instruyó al procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero -quienes descartaron que el caso de Martínez García esté relacionado con el narcotráfico- a que trabajen coordinadamente en los tres casos, "y esperemos tener noticias pronto".

Vicente Fox rechazó la violencia y se declaró con la obligación de garantizar la tranquilidad de todo el pueblo de México. "No vamos a dar espacio al crimen organizado en este país", advirtió.

Luego de la agresión a Patricio Martínez, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, advirtió que la administración foxista combatirá "a fondo, de forma frontal, sin miramientos, con la fuerza de la ley y la del Estado" al crimen, para asegurarse que "la violencia no impere y cese" en el país.

Creel estableció que Patricio Martínez tiene todo el respaldo del presidente de la República: "El apoyo, en estas circunstancias, es total. Que lo sepan quienes lo tienen que saber".

Coadyuvarán en la investigación

Informó que el gobierno federal coadyuvará en las investigaciones y dijo que esta agresión se castigará con todo el peso de la ley.

"No se vale que mientras la gran mayoría de los mexicanos estamos trabajando en paz, buscando los acuerdos y la convergencia, otros -los menos, unos cuantos- estén intentando irrumpir con la violencia", declaró.

Los gobernadores de Aguascalientes, Felipe González; de Sonora, Armando López Nogales, y de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, relacionaron el atentado con un intento por intimidar a los mandatarios estatales en su lucha contra el crimen organizado, pero consideraron que este hecho los obliga a intensificar la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en sus entidades.

González consideró posible que en el atentado pueda estar involucrado el narcotráfico. López Nogales expresó que los sonorenses están "contra todo acto que transgreda la integridad física de cualquier persona, sobre todo si se trata de acallar una acción de gobierno". Millán anunció que este hecho lo obliga a profundizar en Sinaloa el combate al tráfico de drogas y a las bandas criminales.

El mandatario de Baja California, Alejandro González Alcocer, dijo que este hecho es parte "de los riesgos" de ejercer un cargo público, pero acotó que los gobernantes "no podemos dejarnos intimidar en nuestra obligación de combatir la inseguridad".

Para el gobernador de Querétaro, Ign acio Loyola Vera, de extracción panista, la agresión armada a Martínez García se limitó a una expresión de una persona afectada de sus facultades mentales.

"Es rescatable que no haya sido originado por represalias políticas o por causas relacionadas con el narcotráfico. Evidencia un alto riesgo para la política mexicana, y la presión colectiva que ejerce una sociedad dinámica, que hay gente que se trastorna y (que) todos requerimos de vez en cuando un psiquiatra".

El guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks se congratuló de que los reportes "de la familia es que la salud del gobernador no está en riesgo, lo cual nos reconforta mucho".

Reacciones de los partidos

Poco después de que el gobernador de Chihuahua fue agredido por una ex agente judicial, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI -partido en el que milita Patricio Martínez- emitió un comunicado en el que exige a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de los hechos.

"El gobernador se ha destacado por su trabajo al frente del Ejecutivo estatal para hacer de Chihuahua una entidad progresista y por atender las demandas y necesidades de la población, además de ser reconocido como un funcionario honesto y por su destacada lucha permanente contra el crimen organizado".

El presidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, expresó el repudio de su partido a "cualquier hecho de violencia que lastime a las autoridades de cualquier partido y signo", e hizo un llamado a todo el país para que "impere la sensatez" y a evaluar "con mesura este hecho tan lamentable".

También descartó que el hecho tenga tintes políticos. "No veo por ningún lado que pudiera sacarse una conclusión de ese tipo", dijo y desde la ciudad de México deseo a Martínez García su pronto restablecimiento que le permita reincorporarse a sus labores de gobierno.

En el Senado, el coordinador parlamentario del PRD, Jesús Ortega Martínez, dijo que si no había razón para ello, no podía dársele una conotación política al atentado en contra del gobernante chihuahuense, y pidió a la Federación "considerar la posibilidad de que la Procuraduría General de la República intervenga en el caso para que no queden dudas sobre las causas de la agresión".

En la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios suscribieron un punto de acuerdo en el que expusieron: "No permitiremos que ninguna actitud criminal, cualquiera que fueran sus motivaciones, enrarezca el clima de convivencia en el país y deteriore el estado de derecho".

La coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, pidió a las fuerzas políticas de Chihuahua no permitir que se altere la convivencia democrática de la entidad.

El senador Diego Fernández de Cevallos, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, reprochó el "atropello cobarde, inmoral y perverso" que se cometió en contra de Patricio Martínez.

"Esta noticia nos debe doler profundamente a todos los mexicanos por la brutalidad del acto, porque todos debemos sentirnos heridos por esa bala. Y sólo en esa perspectiva podemos enfrentar la violencia y la cobardía de sus autores materiales e intelectuales", afirmó.

Exigió a las autoridades del estado y a las federales a que ofrezcan una respuesta "con la ley y el derecho para que no sea otro crimen más que cubra la impunidad". (Alonso Urrutia, Juan Manuel Venegas, David Aponte, Enrique Méndez, Roberto Garduño; y los corresponsales Jorge Cornejo, Claudio Bañuelos, Alejandro González, Cristóbal García, Javier Valdez, Martín Diego y Carlos Camacho)