JUEVES Ť 18 Ť ENERO Ť 2001
Ť La Secretaría de la Contraloría audita a la administración de Albores Guillén
En Chiapas detectan malversación de fondos por 150 millones de pesos en tres dependencias del gobierno
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, chis., 17 de enero. Una auditoría efectuada a la administración del gobernador Roberto Albores Guillén ha detectado hasta el momento malversación de unos 150 millones de pesos destinados a tres dependencias del gobierno del estado, informó la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
Derivado de estos hechos se han turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado al menos dos averiguaciones previas contra ex servidores públicos y el presidente del Tribunal de Justicia estatal.
El grupo de auditores que arribó a la entidad el lunes pasado ya tiene en su poder pruebas del desvío de unos 120 millones de pesos que se gastó la Coordinación de Comunicación Social.
Así también, la denuncia sobre los 2 millones de pesos que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Noé Castañón, destinó de su presupuesto al Programa de Remunicipalización de la zona de conflicto, y un millón más en la Secretaría de Hacienda.
Los principales recursos a auditar, por la alta cantidad de desvíos, corresponde a las secretarías de Agricultura y Ganadería, y Desarrollo Rural, quienes a través de programas como Progresa y Procampo habrían canalizado millonarios recursos a las campañas proselitistas de los candidatos del PRI a la presidencia y al gobierno estatal.
Asimismo, tomaron en cuenta una denuncia de la sección 7 del SNTE sobre 400 millones que dejaron de ejercerse en acciones educativas, de un presupuesto autorizado de 4 mil 800 millones, y que habría ido a parar a aviadores o maestros que se dedicaron a trabajar en las oficinas del PRI.
Por lo que respecta a la Coordinación de Comunicación, al gobernador del estado le fue entregado un informe donde se señala que durante el pasado año fiscal -que coincidió con dos procesos electorales- a la dependencia le fue autorizado por el Congreso sólo 20 millones 741 mil 846 pesos.