MIERCOLES Ť 17 Ť ENERO Ť 2001

Ť Denuncian maniobras para evadir el juicio en España

Abogado busca que Cavallo sea procesado en Argentina

Ť Estarían reproduciendo el caso Augusto Pinochet

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 16 de enero. El abogado Licinio Scelzi, quien defiende al ex marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México desde agosto pasado y acusado por la justicia española de genocidio, comenzó su batalla judicial en los tribunales locales para que su defendido sea juzgado en Argentina, evitando así su extradición a España.

Estos intentos, así como las denuncias de abogados y periodistas locales sobre maniobras para abrir una causa que posibilite un pedido de extradición desde Argentina -donde Cavallo quedaría en libertad gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1987), que permitieron la impunidad para los criminales de la pasada dictadura militar-, mantienen en estado de alerta a las organizaciones humanitarias.

La defensa de Cavallo considera que a partir del fallo del juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien resolvió la semana anterior acceder a la extradición a España tras examinar el expediente del ex marino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), podría contar con un año para frenar la medida judicial. En este caso, el abogado Scelzi utilizaría el derecho que le permitiría interponer diversos recursos jurídicos. Así se sumarían las apelaciones contra la decisión del magistrado mexicano y esto daría tiempo a la defensa de Cavallo para tratar de "inventar" escapes al juzgamiento en España. La maniobra de Scelzi podría contar con algún visto bueno del juez Adolfo Bagnasco, quien tiene a su cargo una causa por robo de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura y por lo cual han sido procesados y detenidos -la mayoría en sus domicilios- varios jefes y oficiales de las juntas de entonces, como el ex contralmirante Emilio Massera, los ex generales Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Muchas organizaciones sospechan que algunos de estos juicios locales se agilizaron para evitar las extradiciones solicitadas por el juez español Baltasar Garzón contra la mayoría de estos ex oficiales en el juicio que lleva adelante por genocidio y terrorismo de Estado. Lo mismo sucede con las extradiciones solicitadas por la justicia italiana y de otros países.

Poco después de la detención de Cavallo el 24 de agosto pasado en México, donde había llegado a ser director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) al frente de una empresa creada en Argentina, y donde no se conocía su pasado como responsable de secuestros, torturas y desapariciones de personas vía la Esma, se comentaba en Argentina la existencia de maniobras para tratar de obstaculizar el juicio de Garzón y el pedido de extradición.

El presidente Fernando de la Rúa habló de "prescindencia" del gobierno, como lo dijo ahora su vocero, Ricardo Ostuni, quien ratificó que sólo se presta la ayuda consular, como a cualquier detenido fuera del país y que este caso es entre las justicias española y mexicana.

El pasado 7 de enero el periodista Horacio Verbitsky recogió en su columna de Página 12, una carta-denuncia del ex detenido-desaparecido Juan Gasparini, un periodista que estuvo secuestrado en la Esma y cuya esposa Mónica Edith Jáuregui y su amiga Olga Delia Aldaya fueron asesinadas por Cavallo y un grupo de tareas, en la que advertía de las intenciones del juez Bagnasco de llevar una causa contra el ex marino.

Según Gasparini, Bagnasco le confesó que pensaba seguir esta causa y citar a las víctimas de Cavallo que lo reconocieron cuando su foto apareció en el periódico mexicano Reforma. Así, Bagnasco podía pedir la extradición del ex marino a Argentina. Aunque el juez reconoció haber hablado con Gasparini, aseguró que no pensó en una resolución de urgencia que pudiera oponerse al pedido del magistrado español, señala Verbitsky.

Según las sospechas en Argentina, Bagnasco podría pedir la extradición de Cavallo y luego declararía inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero como este fallo sería revocado por la Corte, finalmente el ex marino quedaría libre y Bagnasco se mostraría como un hombre decidido a juzgar a los responsables de estos delitos aquí, de alguna manera tratando de imitar el caso del juzgamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet en su país, lo que se logró a través de una batalla entre las justicias de Gran Bretaña, España y Chile. "Basta con ver las maniobras que se realizan en Chile para evadir el juicio real a Pinochet", advierten los organismos humanitarios aquí.

El juez Garzón solicita la extradición de Cavallo como responsable de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo en 264 desapariciones y 159 secuestros y tormentos de personas que luego quedaron en libertad.

Se ha mencionado que el gobierno argentino habría intentado "rescatar" a Cavallo, bajo las apariencias de normas legales, pero también este caso sacó a relucir la figura del cuñado del presidente De la Rúa, el almirante Basilio Pertiné, elemento de la Marina en la época de la dictadura. Verbitsky menciona que el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Fernando de Santibáñez, amigo del mandatario y de Pertiné, habría intervenido en el armado del plan para "rescatar" a Cavallo y tranquilizar a los marinos, contando con ayuda de la camarista Luisa Riva Aramayo. Además de las tragedias que narran las víctimas, Cavallo ha creado un clima interno de fuertes consecuencias. Quizás tratando de alejarse de todo esto, Bagnasco confirmó hoy la posibilidad de renunciar al juzgado y entrar de lleno a la política, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.