Ť El objetivo, disminuir la presentación de juicios ante Conciliación: Abascal

Suscriben la STPS y el IMSS "acuerdo laboral"

Ť Convenios de ese tipo "no pueden suplantar a tribunales" del ramo: ANAD y CTM
 

ELIZABETH VELASCO C.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribió con el Instituto Mexicano del Seguro Social un "acuerdo laboral" con mecanismos para dar solución a conflictos laborales que surjan al interior de esa institución y disminuir la presentación de juicios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), anticipó a La Jornada Carlos María Abascal Carranza.

El titular de la STPS enfatizó que igual procedimiento se establecerá con Petróleos Mexicanos --"ya lo estamos iniciando", dijo-- y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De esta manera, las autoridades laborales intentan abatir el rezago en la impartición de justicia laboral, para que "sólo lleguen a la junta casos donde realmente hay un verdadero conflicto y no un problema que pudo resolverse desde el origen de la instancia", destacó el funcionario.

Para facilitar el procedimiento, dijo, se dialoga con las autoridades de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), para que se otorgue a funcionarios "facultades de solución de problemas o de relación laboral, con márgenes de control y supervisión para que, efectivamente, en cada dependencia se resuelvan los asuntos. Esto ya arrancó".

Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Juan Moisés Calleja, coincidieron en que dichos acuerdos "no pueden suplantar a los tribunales laborales ni convertir a los funcionarios en juez y parte en los centros de trabajo".

En entrevistas por separado, opinaron que ese tipo de acuerdos --consistentes en formar comisiones de conciliación para evitar la interposición de un juicio-- "no eliminan el derecho del trabajador de acudir a la junta en el caso de que se violen sus derechos constitucionales".

Con respecto al IMSS, Calleja recordó que gran parte de las demandas presentadas en la junta no son de trabajadores que laboran en ese instituto, sino de derechohabientes que reclaman el pago de su pensión por incapacidad total o parcial, o pensiones por jubilación, y beneficiarios en caso de muerte de un trabajador. "Si esos casos llegan a la junta es porque, pese a las diversas reclamaciones ante el IMSS, los consejos consultivos desechan o rechazan la reclamación. Entonces no queda más opción que acudir ante peritos y autoridades laborales para decidir lo correcto". Calleja opinó que "esos casos no son tan sencillos como lo plantea el secretario del Trabajo, pero ojalá y fructifique su proyecto".

El caso de Pemex es totalmente diferente, detalló, porque los conflictos obrero-patronales se suscitan por despidos, derechos escalafonarios y motivos similares, y dado que Pemex "actúa como patrón --pese a su carácter público-- en la relación laboral, no es necesario dar mayor atribuciones a los funcionarios públicos". Lo mismo ocurre en la Comisión Federal de Electricidad.

Para Calleja, el rezago de juicios en la junta "es una asunto muy sencillo de remediar: que se cumpla con la ley. No sólo en Pemex, el IMSS y la CFE; también en las empresas privadas". Pero "el problema de fondo es que la mayor parte de las empresas privadas torean la ley --como el caso de las textiles-- y en consecuencia hay una gran cantidad de violaciones a los derechos labores", afirmó.

En tanto, los juristas de la ANAD María Luisa Campos Linas, Víctor León y Jorge Vela explicaron que no pueden dejarse en manos de funcionarios facultades establecidas en la Ley Federal del Trabajo. "No pueden ser juez y parte al mismo tiempo".

Los funcionarios "podrán tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador, buscar la conciliación antes de llegar a un juicio --ya existen procedimientos para ello, no se está descubriendo el hilo negro--, pero si no se concreta un convenio, el afectado puede acudir a los tribunales laborales. Nadie le puede quitar ese derecho". Lo importante en estos casos, subrayaron, es que el asalariado cuente con asesoría laboral adecuada que evite la toma de determinaciones que lo puedan afectar en su empleo, subrayaron.