Ť Presos comunes presionan en busca de libertad

Protestan reos en Chiapas por la excarcelación de zapatistas

Ť Paramilitares exigen la revisión de sus expedientes

Ť Ayunan dos personas recluidas por robo y homicidio

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 de enero. En los centros penitenciarios de esta entidad se vive un clima de inestabilidad a causa de la reciente liberación de 19 pro zapatistas.

Presos comunes, paramilitares e incluso militantes de organizaciones campesinas independientes exigen al gobierno federal la revisión de sus expedientes, así como su excarcelación. Para presionar, algunos reclusos emprendieron una huelga de hambre y sus familiares han efectuado marchas.

Unos 4 mil 800 reclusos de 13 penales chiapanecos esperan lograr su salida de las cárceles tras el cumplimiento de una de las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para volver al diálogo: la excarcelación de personas vinculadas con este movimiento.

Sin embargo, priístas, campesinos e indígenas han denunciado que los presos anotados en la lista de los más de cien supuestos zapatistas por liberar son delincuentes comunes, que se unieron a la organización de reos La Voz de Cerro Hueco "sólo para alcanzar su salida". Por ello, exigen que concluyan sus condenas.

A principios de 1997, unos 30 choles, originarios de la zona norte del estado, se organizaron en La Voz de Cerro Hueco ?nombre del penal en que se encuentran la mayoría de esos presos.

Esas personas fueron detenidas por las autoridades estatales a raíz de una serie de homicidios y emboscadas cometidas en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua. La violencia tenía su raíz en las confrontaciones entre bases de apoyo de EZLN y el grupo paramilitar Paz y Justicia.

Su movimiento salió a la luz con una huelga de hambre, mediante la cual llamaron la atención pública ?y la del propio grupo armado? sobre los constantes conflictos intercomunitarios que se vivían en la zona norte.

A lo largo de los tres últimos años, algunos de sus miembros lograron, por medio de drásticas medidas de presión (entre éstas varios ayunos), obtener su libertad. A esa organización se unieron los detenidos en operativos para desmantelar los municipios autónomos, y otras personas que dijeron ser también "presos políticos" ligados al zapatismo.

Ahora, los detenidos por el caso Acteal e integrantes de los grupos paramilitares Paz y Justicia y Alianza San Bartolomé de los Llanos exigen al gobierno federal la revisión de sus expedientes, e incluso un proceso de diálogo a su favor, semejante al efectuado con los zapatistas.

"Marcha por la fe"

El ex general Julio Cesar Santiago Díaz, a nombre de ex funcionarios detenidos por el caso Acteal, y Samuel Sánchez Sánchez, por parte de los paramilitares, consideran injusta la salida sólo de los zapatistas. Piden un trato igualitario como parte fundamental para la reconciliación intercomunitaria.

En tanto, el Consejo Permanente de Organizaciones Independientes, al que pertenecen las principales organizaciones indígenas y campesinas de la región, exigieron el pasado 8 de enero la liberación de unos 500 de sus militantes.

Víctor Pérez López, integrante de la agrupación, aseveró que esas personas están detenidas por la comisión de delitos cometidos en su lucha por mejores condiciones de vida, es decir, por tomas de tierras, alcaldías y carreteras, así como secuestros de funcionarios públicos.

Y por parte de presos comunes, entre ellos asaltantes de bancos, homicidas, secuestradores, violadores, traficantes de ilegales, narcotraficantes, etcétera, ta  mbién el pasado 8 de enero medio millar de sus familiares efectuaron lo que se denominó "Marcha por la fe".

Esposas, madres de familia e hijos de los reos piden desde mejores condiciones de vida en el interior del penal hasta la revisión de los expedientes y libertad. Denunciaron actos de corrupción en el interior de los penales y en los juzgados.

Dirigentes de este último grupo fueron recibidos por representantes del gobierno estatal, quienes se comprometieron a revisar su pliego de demandas.

De manera paralela, Edgar Romero Díaz y Humberto Cruz Martínez, recluidos en el penal de Tapachula por robo y homicidio, iniciaron un ayuno y se suturaron los ojos para presionar a las autoridades por su libertad.

A ese ambiente en el interior de los penales se une otro de inconformidad, tanto en algunos sectores priístas como en comunidades de las que son originarios algunos de los presos pro zapatistas.

Por ejemplo, Antonio Entzin López, comisariado ejidal de la comunidad Arimatea, ubicada en Palenque, envió un documento al gobierno del estado en el cual pide no liberar a seis personas que se encuentran dentro de la lista de los organizados en La Voz de Cerro Hueco, quienes asesinaron a una mujer. El homicidio lo cometieron "con pasamontañas, disfrazados de zapatistas", denuncia.

Priístas del municipio de Nicolás Ruiz se inconformaron por la liberación de Armando Jiménez López ?uno de los 19 excarcelados?, quien en el contexto de la disputa política que se vive entre simpatizantes del tricolor y bases del EZLN, habría asesinado al candidato a presidente municipal del lugar.

Diputados priístas locales, asociaciones de abogados, representantes de las cámaras de comercio y otros sectores conservadores consideran que la liberación de los presuntos pro zapatistas es un atentado contra la seguridad del estado, "porque se trata de delincuentes comunes".

Sin embargo, el representante de los reos, Abelardo Méndez Arcos, desmintió lo anterior, y remarcó: "Sí son simpatizantes y bases de apoyo del EZLN".

En tanto, el dirigente de Paz y Justicia, Samuel Sánchez, fue hospitalizado este lunes en una clínica pública de la capital del estado, víctima de un cuadro de apendicitis. El director del centro de readaptación, Castillejos Castellanos, dijo que al menos cinco custodios vigilan al recluso.