LUNES Ť 15 Ť ENERO Ť 2001
Ť Los consejeros asignados por el TEPJF deben tomar posesión hoy
Realidades de facto y jurídica en Yucatán
Ť El PRD responsabiliza a Cervera Pachecho de un eventual incidente violento en el acto
MIREYA CUELLAR Y LUIS A. BOFFIL ENVIADA Y CORRESPONSAL
Merida, Yuc., 14 de enero. La clase política yucateca vive hoy dos realidades; una de facto, puesta en práctica por el gobierno estatal, que puso a funcionar a un consejo electoral designado por el Congreso y desconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PAN y el PRD, y otra, a la que se aferra la oposición, la "realidad jurídica", que no ha tenido la posibilidad de concretarse porque el consejo designado por el tribunal tiene pocas posibilidades de tomar posesión.
Ariel Avilés Marín, uno de los siete consejeros del tribunal que este lunes intentaran tomar posesión de sus cargos y de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, dijo que sólo lo harán "si nos lo permiten (los consejeros del Congreso, que ya están trabajando), sino nos regresamos. Llegaremos y solicitaremos que nos entreguen el inmueble".
Descartó que alguna fuerza pública federal pudiera instalarlos por la fuerza y dijo que de toparse con una negativa se retirarán pacíficamente. Ya está aquí un grupo de actuarios del tribunal para dar fe de lo que ocurra.
Pidió a los partidos se abstengan de convocar a sus militantes a participar en el intento de instalación, porque ello podría dar origen a un enfrentamiento.
Amalia García y Luis Felipe Bravo Mena, informó, estarán en el acto, citado para las 12 del día, "para dar fe y ya".
Descartan acarreo panistas y perredistas
Las directivas de PAN y PRD anunciaron que no acarrearán contingentes para respaldar el evento. Y al empezar a correr versiones de que el PRI prepara una movilización, el secretario de Asuntos Electorales del PRD local, Jorge Vallejo, responsabilizó a Víctor Cervera Pacheco de cualquier incidente "violento".
Este lunes, el conflicto de los poderes locales con la Federación entrará en una nueva fase. El gobernador ha puesto como condición que no se instale el consejo del TEPJF para sentarse a negociar con Gobernación y los partidos una salida política.
Por lo pronto, el consejo por él avalado ya está trabajando. "Cervera está acostumbrado a vivir en el filo de la navaja, siempre quiere llevar ventaja", dice.
Los ciudadanos de a pie viven con expectación, pero al margen, las dos realidades del estado. El gobierno estatal ha jugado a exacerbar el localismo promoviendo el uso de la bandera de Yucatán y recordando los ánimos separatistas del siglo pasado, pero los mismos priístas reconocen que forma parte de la estrategia cerverista. Tampoco se puede decir que todos están muy contentos con la intervención del tribunal, "pues hay una reacción casi natural de rechazo a las decisiones que vienen del Distrito Federal, no sólo en Yucatán, sino en todos los estados del país, más allá de que sean legales o no, buenas o malas", indica el dirigente perredista. Pero insiste en que no hay más camino que aceptar la resolución del TEPJF.
El problema no es que existan dos consejos electorales y que uno pudiera estar integrado por ciudadanos afines al PRI (el designado por el Congreso) y otro por personalidades con filias opositoras (el nombrado por el tribunal), porque en ambos hay una mayoría de consejeros ligados al PRI. En eso hay consenso, lo reconoce el dirigente estatal del PAN y Carlos Sobrino, uno de los aspirantes del PRI a ser el candidato a gobernador.
Una de las consejeras insaculadas por el TEPJF, Miriam Ivette Mijangos, está en funciones con el consejo del Congreso, que todos identifican con el cerverismo; dos más, Ariel Avilés Marín e Ignacio Puerto Gutiérrez ya ocuparon esas posiciones en el Consejo Electoral anterior, y del resto de los ciudadanos elegidos sólo uno (de siete), Fernando Bolio Vales, está identificado con el Partido Acción Nacional y otra, Gabriela Solís Robleda, con el Partido de la Revolución Democrática.
-ƑCuál es el problema?
-Que el gobernador quiere garantías de que no será perseguido una vez que deje el gobierno; sólo así permitirá que se realicen los comicios en forma tranquila -señala el dirigente perredista.
La opinión de otros políticos de la entidad, que no quieren ser identificados, es que Víctor Cervera Pacheco está midiendo fuerzas y ganando margen de maniobra al interior de su partido para poder imponer a su candidato, Orlando Paredes Lara.
El origen legal del conflicto yucateco está en interpretaciones jurídicas distintas y algunos errores políticos, no sólo del PRI, sino del PAN y el PRD.
Más tropiezos políticos
El gobernador Víctor Cervera y los diputados del PRI argumentan que no hay ninguna ley que faculte expresamente al TEPJF para designar al órgano electoral de un estado. Y los juristas muy puros -el tribunal lo ha usado como argumento para contener a los consejos del IFE- defienden la tesis de que las instituciones sólo pueden hacer aquello para lo que están facultadas por la letra de la ley. Sin embargo, el tribunal recurrió a interpretaciones jurídicas para designar a un consejo electoral y mantener así la legalidad ante el desacato del Congreso.
Pero los tropiezos políticos vienen de atrás. Cervera y sus diputados creyeron que en Yucatán podían seguir haciendo política como en los viejos tiempos. Primero engañaron a todos convocando a un proceso de selección de consejeros y terminaron ratificando al que ya había fungido las dos elecciones anteriores, con muy buenos resultados para el tricolor. La oposición se enojó y el PRD decidió impugnar el procedimiento ante el TEPJF.
En principio, Acción Nacional sostuvo lo mismo que hoy defiende el PRI, y consideró que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el TEPJF la que debía dirimir el conflicto.
El mismo día -12 de octubre- que la Corte se declaró incompetente, el tribunal admitió el recurso del PRD, que desde un principio argumentó que no se estaba dirimiendo un acto legislativo, sino administrativo en materia electoral.
El tribunal falló a favor del PRD y dijo que se debía elegir un nuevo consejo electoral. Así lo hizo el Congreso, pero los priístas se cerraron a las propuestas de la oposición y las organizaciones cívicas, lo que provocó el enojo del PAN y del PRD, que el día que el PRI aprobó a los nuevos consejeros cometieron el error político de abandonar la sesión y permitir que el tricolor se saliera con la suya. Si la oposición hubiera permanecido, el PRI nunca hubiera conseguido las cuatro quintas partes del quórum -son en total 25 y sólo tiene 15- que le exige la ley para hacer dichas designaciones.
Roger Cicero Mac-Kinney, líder de la bancada panista en el Congreso iba tan enojado ese día que no midió las consecuencias. Los dos diputados perredistas simplemente lo siguieron.
PAN y PRD volvieron a impugnar, esta vez argumentaron que se habían violentado las reglas de la convocatoria al exigirse a los aspirantes a consejeros una serie de requisitos extemporáneos, como la acreditación "de un modo honesto de vivir". Curiosamente, sólo 14 de 47 aspirantes "adivinaron" que el PRI solicitaría dichos documentos. El tribunal volvió a fallar -el 15 de noviembre- a favor de la oposición, y le dio de plazo 48 horas para que el Congreso repusiera el procedimiento y designara otro consejo, pero esta vez el PRI se negó. Y desde entonces vive en el desacato.
El tribunal impuso sanciones económicas a los diputados, les advirtió que podrían hacerse acreedores a un procedimiento penal y, finalmente, que asumiría la responsabilidad de hacer cumplir su resolutivo insaculando a los consejeros. El 29 de diciembre notificó al Congreso que debía tomarles protesta a más tardar ocho días después. Venció el plazo y como no lo hizo, los consejeros del tribunal fueron instruidos de hacerlo por escrito ante un fedatario público. El Congreso ya dijo que ese trámite carece de validez porque sólo pueden protestar ante el Poder Legislativo.
Y ahí están. Cada quien en su trinchera.