lunes Ť15 Ťenero Ť2001
Iván Restrepo
Una necesaria explicación pública
Varias veces hemos comentado aquí el grave problema que significan los bifenilos policlorados (BPC) o askareles debido a su enorme peligrosidad; entre otras cosas, son cancerígenos. Los askareles se originan especialmente en los transformadores y en México hay más de 20 mil toneladas, básicamente en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos y el Metro de la ciudad de México.
Para la eliminiación segura de tan peligrosas sustancias, grupos ecologistas, investigadores, gobiernos y organismos multinacionales suman esfuerzos en todo el mundo.
Según el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, los askareles o los residuos que los contengan, únicamente podrán destruirse en nuestro país por medio de dos mecanismos: métodos químico-catalíticos, en el caso de residuos con bajas concentraciones; o por incineración, si son residuos que contengan cualquier concentración. Todo lo anterior, de acuerdo con los criterios contenidos en la Norma Oficial sobre dichas sustancias y que todavía no existe.
Un anteproyecto de norma se publicó en enero del 2000, pero nunca fue aprobado, seguramente por las críticas que recibió de los especialistas. Desde entonces, se desconoce su suerte. También el año anterior, el Instituto Nacional de Ecología (INE) sostuvo que México no disponía de la infraestructura para tratar o destruir askareles, por lo que éstos se envían para tal fin a varios países europeos donde sí la hay.
Sin embargo, meses antes, en julio de 1999, la Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas del INE ratificó y modificó una autorización a favor de la compañía SD Myers de México para destruir BPC en la planta que tiene en Atlacomulco. La compañía ya eliminó 20 toneladas de esas sustancias, que la CFE almacenaba en varios lugares del centro del país.
Esa autorización despierta sospechas, pues mientras no se publique la norma oficial, que establece las especificaciones para el manejo de los askareles, el INE no puede autorizar su destrucción ni fijar criterios para su manejo.
En el caso referido, violó la ley sobre la materia. Además, fijó en 98 por ciento la baja concentración de dichas sustancias, cuando en cualquier otro país varía de 10 a 15 por ciento.
El asunto tiene otras aristas. Por ejemplo, en el sistema que utiliza SD Myers, de declorinación catalítica, se recurre al sodio metálico puro, que es muy reactivo. Con el oxígeno del aire se prende y alcanza altas temperaturas. Si por descuido se incendia el sodio con el askarel, se producen dioxinas, que son más peligrosas que los mismos askareles.
Por otro lado, al eliminar los askareles, se generan agua, aceite y lodos. Si éstos son peligrosos, deben ir a un confinamiento o recibir tratamiento especial.
ƑQuién garantiza que no los tiren a los basureros que sin control existen en la vecina entidad? Dado que el gobierno ahí no cuenta con personal suficiente para verificación industrial (unos cuantos inspectores y pésimo equipo de trabajo), se deja la seguridad de la población y de la naturaleza a la buena fe de la empresa.
Los desechos tóxicos industriales son un pendiente ambiental que heredó la actual administración y suman millones de toneladas en todo el país. La inmensa mayoría está en sitios inadecuados, donde son una amenaza para la salud pública y el medio.
A una industria "sucia", en términos ecológicos, se aúna la carencia de sitios para depositar, tratar o eliminar con seguridad tales residuos. En el caso de los peligrosísimos askareles, bienvenida la industria que resuelva el problema, pero no debe funcionar con permisos que violan la legislación vigente.
Según el Código Penal, los funcionarios que autorizaron a SD Myers tratar askareles y fijaron para ello bajas concentraciones, que no son tales, pueden ser sancionados por uso indebido de atribuciones y facultades. Este asunto merece una explicación pública del INE.