lunes Ť15 Ťenero Ť2001
Samuel Schmidt
La ficción del estado de derecho
Ultimamente he empezado a pensar que no tiene una gran utilidad la discusión jurídica de los actos políticos mexicanos. En un país que no ha logrado establecer una cultura jurídica, esta polémica puede convertirse en un ejercicio fútil. Vea si no la discusión sobre Tabasco.
Puede usted encontrar a alguien que le demuestre que la manipulación que hizo Roberto Madrazo fue legalmente pulcra, aunque hay quien muestra todas las violaciones cometidas. Vista desde la filosofía del derecho, le podrán demostrar que la maniobra fue un avasallamiento jurídico.
Acaso la pregunta debe ser si lo que debe predominar es la letra o el espíritu de la ley. Esta no es una pregunta simple, porque usando la letra los gobiernos autoritarios sentaron sus reales y distorsionaron la convivencia societaria. Resultaba lo que a ellos les convenía y no lo que el país necesitaba.
De esta polémica se desprende la concepción del estado de derecho. Hay políticos que creen que éste es aquél donde hay leyes que cubren los espacios de relación entre la sociedad y el Estado y las relaciones societarias. Cuando éstas se violan hay castigos correspondientes. Visto desde la letra, esta definición parece justificar las maniobras que cubren las bases legales. Desde el punto de vista del espíritu, esta definición refuerza el egoísmo individual, porque se subordina el interés general al del político. Si el estado de derecho es hacer que las leyes aseguren el interés de la nación por encima del beneficio de los individuos, especialmente de los políticos que normalmente ven a corto plazo, entonces concluiremos que estamos lejos de lograr este estadio.
Los políticos mexicanos se llenan la boca cuando nos rebelan que están negociando políticamente los procesos que se deben resolver de acuerdo con la ley. Luego entonces, puede parecerles una consecuencia lógica y hasta justificada que se pueda avasallar la Constitución. Siguiendo el silogismo, si un partido logró la mayoría de votos para reformar la Constitución, entonces puede prevalecer el interés del partido o, mejor dicho, de su jefe político. Como estamos lejos de haber logrado un sistema de equilibrio de poderes, prevalece el Poder Ejecutivo y entonces la mayoría de votos facilita que se imponga el interés del líder, que se logra disfrazar de interés del partido, a su vez disfrazado de interés general. Llegamos a una comedia que atenta en contra de la sociedad, porque a final de cuentas, la promoción y defensa de sus intereses termina desplazada.
Hoy que tanto se discute sobre la transición a la democracia, me parece que ésta no podrá consumarse, mientras no se dé el paso definitivo: asegurar el imperio de la ley por encima de la política. La política tiene que subordinarse a la ley y no al contrario. En una Federación tiene que armonizarse el equilibrio de poderes. Por muy legalmente que se someta a uno de ellos, estaremos lejos del derecho, porque la institución habrá fallado en el cumplimiento del propósito para el que fue creada.
El Congreso se sustenta en el principio del equilibrio entre poderes y no en la idea de ser un instrumento de ratificación de la voluntad del partido que controla el Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede con el Poder Judicial. Este equilibrio entre tres poderes es muy complejo y no se puede dejar al entendimiento de que uno de ellos cumple con una función simple. Es por eso que el ataque frontal en contra de la determinación de uno de los poderes, equivale a una agresión a la democracia y al estado de derecho.
Todas estas irregularidades se presentan en el país. El enfrentamiento en Tabasco y Yucatán contra un tribunal federal no puede tomarse a la ligera, porque es una agresión en contra del pacto federal y del marco legal que regula la relación entre poderes, incluyendo los federales y los estatales.
Luego entonces, no tiene sentido discutir sobre legalidad en un país en el que no hay ni cultura jurídica ni estado de derecho.
Los funcionarios electos tienen que predicar con el ejemplo. Si un diputado pasa por alto --como sucedió con el gobernador interino de Tabasco-- las normas que lo obligan como legislador, podemos esperar que viole otras normas. Los partidos que están dispuestos, en nombre de una armonía que ellos pervierten, a negociar la violación de la ley y la Constitución, se convierten en cómplices de la violación original y caen en una pena mayor, porque a sabiendas montan una irregularidad mayor. Esta es la impunidad más grave.
Es totalmente injustificable negociar irregularidades en nombre de la estabilidad. Las ilegalidades del presente se agravan en el futuro. Los partidos políticos deben acostumbrarse a que hay costos políticos en las decisiones y que no hay razón de Estado que justifique el pisoteo de las leyes. Este tipo de razonamiento político compromete severamente el futuro del país.
Mientras esto sucece, hay mentes lúcidas que continúan pensando en la aplicación de la ley y el mejoramiento de la legalidad en el país; algún día prevalecerán, ojalá que no sea muy lejano.