lunes Ť15 Ťenero Ť2001
Sergio Valls Hernández
La eficacia judicial
Es innegable el cambio de comportamiento en la ciudadanía que ahora se interesa por una mayor oferta de justicia y una manifiesta oposición a la injusticia. Esta tendencia, común en nuestros días, encaminada a disfrutar de la protección de los derechos fundamentales de los individuos, es motivo de las más variadas disquisiciones que van desde los factores externos hasta cuestiones que tienen que ver con la naturaleza particular, de índole ética y moral, de cada individuo.
Entre dichos factores predominan: una mayor difusión de los beneficios que otorga la impartición de justicia, lo que se traduce en dotar a los ciudadanos de una cultura jurídica; una justicia imparcial, más oportuna e independiente, lo que propicia sentencias justas y equitativas; un cuerpo más profesionalizado de juzgadores y defensores de oficio; pero también, esta propensión se debe a que pareciera haberse reducido la capacidad de diálogo entre los gobernados, y haber menguado su sentido de responsabilidad para cumplir con los compromisos adquiridos.
No es este espacio donde corresponde analizar las causas de dichos cambios de conducta, basta decir que estas mutaciones culturales y sociales simplemente constituyen un reflejo del tránsito que nuestro país vive hacia la democracia plena, pero también evidencian una sociedad agraviada, entre otras razones, por el incremento de la criminalidad cotidiana, por la disminución de su poder adquisitivo y por la falta de oportunidades suficientes que les permitan el desarrollo armónico de sus capacidades. Cabe aclarar que aunque las dos últimas causas no competen de manera directa al ámbito judicial federal, se citan porque representan factores determinantes en la transformación del pensamiento general de la sociedad.
Un aspecto positivo de todo lo anterior es el hecho de que el rechazo a la injusticia por parte de la comunidad implica, en gran medida, fidelidad a la ley, denota lealtad al mandato constitucional y legal, revela un deseo de obediencia a la norma y, en general, demuestra que los mexicanos refrendan día a día su voluntad en el sentido de que nuestro país sea un Estado de derecho a cabalidad.
En este contexto, es cierto también que, en torno a la eficacia del estado de derecho, los gobernados se preguntan si el Poder Judicial de la Federación es capaz de responder con éxito a los desafíos de los tiempos; si el aparato judicial dispone de instrumentos eficaces que protejan la vida, la salud y la libertad de los ciudadanos; si los tribunales cuentan con elementos que permitan la aplicación del derecho tanto a victimarios como a víctimas, a manera de que nadie quede fuera del acatamiento de la norma.
La respuesta a dicha interrogante es afirmativa. A más de seis años de la publicación del decreto que reformó al Poder Judicial de la Federación (30 de diciembre de 1994), su modernización es tangible; la creación del Consejo de la Judicatura Federal y el ejercicio de sus atribuciones han permitido avanzar en la modernización de este poder.
Como dijera Ortega y Gasset: "...La reforma es siempre creación de usos nuevos...", y estas nuevas formas de administrar al Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han ido mejorando la calidad de la impartición de justicia, con base en experiencias pretéritas, pero también aplicando métodos nuevos, a través de concursos de selección de juzgadores; de la aplicación de procedimientos disciplinarios que sancionan y previenen irregularidades en el actuar de los jueces y magistrados; de un mejor desarrollo profesional, aun de aspirantes a ejercer la noble tarea de decir el derecho y de un mayor número de defensores públicos y asesores jurídicos, entre otros aspectos.
En estas condiciones, es evidente que la figura del juez ha alcanzado un grado preeminente en el México actual, gracias a que la oferta de justicia paulatinamente está siendo correlativa a la demanda de los justiciables, pero también el juez se sabe y cumple como imagen de la justicia y guardián del derecho. Este es el compromiso: poner al alcance de todos los ciudadanos la justicia federal que garantice el imperio de la ley, pero también que procure fortalecer la democracia, dado que una democracia con un poder judicial fuerte es una democracia más fuerte, que ofrece mayores garantías y oportunidades a los mexicanos.