Ť El subprocurador Ibarrola apoya la decisión del juez Luna Altamirano

La PGR respalda la extradición de Cavallo

Ť Al ex director del Renave no se le han fincado cargos en México, informa

Ť Habrá mayor cooperación internacional ante la globalización del crimen

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de la República (PGR) apoya la solicitud de extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, reveló ayer el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la dependencia, Eduardo Ibarrola Nicolín, a unos días de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie al respecto.

Al hablar ayer en conferencia de prensa, Ibarrola destacó también que la PGR es partidaria de que connacionales sean extraditados a terceros países ?sobre todo a Estados Unidos?, en razón de que la delincuencia se ha globalizado y ello obliga a las autoridades de todos los países a adoptar nuevas medidas de cooperación internacional.

El funcionario comentó que actualmente hay "alrededor" de diez mexicanos que son requeridos por autoridades estadunidenses por haber cometidos presuntamente delitos contra la salud, sexuales y homicidio, y que han argumentado en sus amparos contra la extradición que es inconstitucional su extradición.

A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictamine que es legal la extradición de nacionales ?tal y como lo plantea la ministra ponente Olga Sánchez Cordero en su proyecto de resolución, mismo que es avalado por la mayoría de sus compañeros?, Ibarrola dijo que desde hace más de un año la PGR presentó a la Corte escritos donde "detalla" la argumentación jurídica para considerar que la citada extradición de mexicanos es constitucional.

Explicó que a partir de que la Suprema Corte decidió resolver la contradicción de tesis existente entre diversos tribunales colegiados del país ?unos han otorgado amparos en contra de la extradición y otro la negó, lo que dio lugar a la citada contradicción?, la PGR argumentó ante los ministros de la Corte, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la necesidad de otorgar la extradición de los mexicanos que han delinquido en otros países.

Esto con el propósito de combatir a la impunidad y que los delincuentes sean castigados, independientemente de su nacionalidad.

Ibarrola precisó que de ser favorable la decisión de la Corte para la extradición de nacionales, serán susceptibles de ser enviados a otro país aquellos que interpusieron amparo en contra de esa posibilidad y cuyo juicio se encuentra en proceso, toda vez que la sentencia y la aplicación de las tesis jurídicas del máximo tribunal son obligatorias para todos los juzgados y tribunales federales.

Además, quien pretenda ampararse en el futuro no podrá argumentar a su favor esta causa para evitar la extradición.

Aquellos que ya fueron amparados con anterioridad no podrán ser sujetos de extradición porque la ley no es retroactiva, dijo Ibarrola.

El subprocurador para Asuntos Jurídicos e Internacionales reveló en el marco de la conferencia de prensa que "en opinión de la PGR" Cavallo es extraditable a España, tal y como lo opinó jurídicamente el pasado viernes el juez sexto de distrito en materia penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano.

Explicó que "en caso" de que la Secretaría de Relaciones Exteriores resolviera favorablemente el pedido de extradición, el asunto Cavallo tardaría varios meses más porque éste tiene la posibilidad de ampararse ante dos instancias. Ibarrola Nicolín dejó en claro que la polémica del asunto radica sólo en que sí es extraditable o no, ya que no se le ha acusado formalmente en México por ningún delito.

El funcionario ofreció "investigar" si hay alguna denuncia en territorio nacional contra Cavallo, pero reiteró que en la subprocuraduría que encabeza no tiene conocimiento de alguna denuncia en contra del argentino.

Ibarrola Nicolín dijo que el gobierno mexicano está comprometido en luchar "con toda energía" en contra de la impunidad y perseguir a los delincuentes sin importar su lugar de origen. Además, agregó, de que en un mundo "globalizado" en donde se comete un delito en un país y el culpable huye fácilmente a otra nación, los gobiernos nacionales están obligados a adoptar medidas de cooperación internacional más eficaces.