DOMINGO 14 DE ENERO DE 2001
Secretaría de ƑDesarrollo Social?
Empresarios, panistas, funcionarios zedillistas, asociaciones altruistas. Todo cabe en la nueva Secretaría de Desarrollo Social: reestructuración de áreas, evaluaciones de académicos, eliminación de subsidios y apoyos de caridad, Progresa, Pronasol... la estrategia foxista de política social parece juntar un poquito de cada programa, aunque sean incompatibles. Así, mientras la miseria sigue al alza en el país, ya hay quienes vaticinan que la Sedeso se convertirá en una "caja vacía" para ocultar la molesta pobreza. Por lo pronto, Vicente Fox advirtió que "directamente" su gobierno no puede encargarse de la atención a los pobres
Daniela PASTRANA
Llevaba una semana al frente de la Secretaría de Desarrollo Social cuando Josefina Vázquez Mota se reunió formalmente con los delegados estatales de la dependencia. Presta, la nueva funcionaria -quien daba talleres de liderazgo en la Coparmex- escribió en un pizarrón la palabra HACERLO en forma vertical. Luego fue llenando los espacios siguientes a cada letra: Honestidad. Audacia. Confianza. Equipo. Respeto. Logros. Organización.
"Tenemos que hacerlo -dijo, y puso el énfasis en esta palabra-, con honestidad; hacerlo, con audacia; hacerlo, con confianza; hacerlo..."
Los delegados, quienes en su mayoría conocen la estructura de la Sedeso desde los célebres días de Solidaridad, se miraron atónitos.
"Fue la única instrucción que tuvimos ese día", cuenta un delegado del sur del país.
Cuatro semanas después de esa primera reunión, los funcionarios de la dependencia siguen sin tener claro cuál será el rumbo de la política social del gobierno de Vicente Fox.
Y las señales -un amasijo de propuestas y mensajes contradictorios, en el mejor caso- son menos que alentadoras.
Un ejemplo: se mantiene la idea de "eficientar" y focalizar los recursos que prevaleció en la administración de Ernesto Zedillo (Josefina Vázquez ya dijo que hay "demasiados programas" en la Sedeso), pero al mismo tiempo, se plantea la incorporación del sector privado y la creación de centros de desarrollo comunitario, muy al estilo de Solidaridad.
ƑNo fue Pronasol un programa de -Santiago Levy dixit- "tabiques y fierros" que Progresa se encargó de eliminar? ƑNo es Progresa un programa asistencialista y compensatorio?
A la confusión de conceptos se agrega la mezcla de funcionarios nombrados para distintas áreas: tecnócratas, empresarios, filántropos, panistas doctrinarios y operadores heredados de la administración salinista.
Una ensalada.
El miércoles pasado, en su reunión con senadores, Vázquez Mota aclaró que no habrá una "política de Teletón" en la Sedeso.
Pero las señales del gobierno foxista apuntan en sentido contrario.
Algunos botones:
* El proyecto de presupuesto que envió Fox a la Cámara de Diputados redujo sustancialmente el gasto social y siguió la tendencia de los últimos seis años de eliminar los subsidios. En cambio, se anexaron a la Sedeso tres instituciones que dependían del sector salud: DIF, Insen e Indesol.
* La generación de empleos es uno de los dos ejes del "desarrollo humano" planteado por el equipo de Fox. Sin embargo, el presupuesto sacó los proyectos productivos -Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) y Programa Productivo de la Mujer- de la Sedeso y los pasó a la Secretaría de Economía. En el caso de Fonaes, el traspaso fue promovido por los legisladores panistas.
* La Sedeso anunció que son 476 y no 250 municipios (cifra que dio Fox en diciembre) los que serán atendidos en forma prioritaria. Pero el Programa Nacional de Regiones Prioritarias (1999-2000), al que se destinaron más de 9 mil millones de pesos sólo de participaciones federales, no se considera en el presupuesto de este año.
*La "caja vacía"
21 de noviembre. El diputado panista César Nava presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Entre otras modificaciones, como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la iniciativa planteaba el traslado de Fonaes a la Secretaría de Economía.
De curioso en la comisión redactora, el hidalguense David Penchyna -ex coordinador sectorial de la Sedeso y uno de los hombres clave del PRI en la negociación del gasto social- advirtió al panista Armando Salinas Torre que sería un error sacar el programa productivo de la Sedeso.
Salinas Torre fue claro en su respuesta: "Podemos ver los otros puntos, pero lo de Fonaes de plano sí está difícil, porque así lo quiere el presidente Fox".
El PAN votó a favor, junto con la mayoría de los diputados priístas.
Entre los legisladores que aprobaron las reformas estaba Josefina Vázquez Mota, vicecoordinadora del área económica del PAN.
Una semana después Vázquez Mota fue nombrada secretaria de Desarrollo Social y ahora es una de las promotoras de que Fonaes se quede en la secretaría a su cargo.
El asunto no es menor. El proyecto social que han planteado los colaboradores de Fox tiene dos ejes: ampliación de las capacidades de las personas y generación de ingresos (con acceso a sistemas de financiamiento, microcréditos, cajas populares y autoempleo). Un modelo "incluyente" y no "compensatorio" como el que existe.
Pero la separación de los programas productivos rompe el esquema totalmente. Por eso ahora no saben cómo salir del embrollo.
La semana pasada, Vázquez Mota nombró a Eduardo Ibáñez coordinador general de Fonaes. Y en Sedeso insisten en que seguirá dependiendo de esta área.
Pero su cabeza de sector está, según la ley aprobada en noviembre, en la Secretaría de Economía que dirige Luis Ernesto Derbez, donde ya se asignaron 5 mil 127 millones de pesos para el programa de microcrédito. Y nadie atina a explicar cómo van a canalizarse los recursos.
El otro caso es el del Programa Productivo de la Mujer. Sin trámite previo -no está especificado en ninguna ley-, Fox lo sacó de Desarrollo Social y lo envió al ramo económico. Así quedó.
ƑPolítica de Teletón?
A saber. Pero ante las señales gubernamentales, especialistas como Julio Boltvinik, uno de los principales críticos de Progresa y asesor de Fox en el equipo de transición, han manifestado su temor de que la Sedeso termine convertida en una "caja vacía" de atención a la pobreza.
*El modelo de Estados Unidos
La semana pasada, Vicente Fox anunció que la Sedeso será el "eje central" de la política social, pero que ésta operará a través de organizaciones civiles dedicadas a labores altruistas.
Por dos motivos: uno, que estas instituciones realizan labores sociales "con más amor y calidez" que "el frío trato del gobierno". Y dos, porque "directamente" su gobierno no puede con el paquete.
La declaración de Fox causó revuelo por la indefinición de la función gubernamental en las políticas de atención a los pobres del país, amén del corte asistencialista de las organizaciones "altruistas" a las que piensa pasar la estafeta de la política social.
El argumento, empero, no era improvisado.
En agosto, Carlos Flores Alcocer, responsable en la transición del área social, esbozó el proyecto foxista: aprovechar "la gran energía de la sociedad civil" para invertir en programas sociales y a través de un "nuevo pacto" entre sociedad, gobierno y sector privado "rescatar la gran solidaridad del pueblo mexicano".
Pese a lo parecido del discurso, el actual coordinador de asesores en Planeación y Desarrollo Regional no se refería a la "gran epopeya" del Programa Nacional de Solidaridad. "Siempre tengo en mente el ejemplo de Estados Unidos -explicó entonces-, donde 80% de los recursos que se destinan a los problemas sociales son no públicos".
*Recortes y más recortes
Modelos aparte (igual ofreció mantener Progresa que Pronasol), Fox prometió en campaña gobernar para los "pobres, jodidos y los excluidos".
Pero su oferta no se vio reflejada en la orientación que dio a los recursos del país en el presupuesto de este año.
Nada quedó del ofrecimiento que en julio hicieron los responsables del área social en el equipo de transición, cuando aseguraban que se duplicaría el presupuesto en el gasto social. Por el contrario, en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, la reducción a los programas sociales fue tan drástica que unificó en contra a la oposición.
Programas como el de Fondos Compensatorios para Chiapas (conocido como Cañadas, que se destina a las zonas de conflicto zapatista) o el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) simplemente no aparecían en el escenario foxista.
Otros, como Diconsa, el principal sistema de abasto del país para las zonas marginadas, quedaban reducidos a menos de la tercera parte.
Tras las negociaciones, al presupuesto original se le aumentaron 630 millones para el gasto social. Y los diputados de oposición presumieron el "logro", a pesar de que ningún programa llegó al presupuesto ejercido el año anterior.
Diconsa, por ejemplo, obtuvo 300 millones más de los 215 que tenía asignados en el proyecto. La cifra, empero, quedó por debajo de los 716 millones que le asignaron el año pasado y muy lejos de los mil 27 millones que tuvo en 1995.
Incluso el presumido aumento de 26% a Progresa no es espectacular.
El año pasado, el gasto social en su conjunto tuvo un incremento, en términos reales, de 25.7%.
Con una diferencia: por las campañas electorales, el año pasado se suspendió la incorporación de familias al programa; en cambio, para este año se tiene proyectado que habrá 750 mil familias nuevas.
Es decir, el aumento presupuestal es el mismo para más familias.
En todo caso, la propuesta de gasto social de Vicente Fox no hace más que seguir la línea de las pasadas administraciones. La eliminación de subsidios y programas compensatorios, con la idea de "eficientar" los recursos, ha rondado en los escritorios de los responsables financieros del país desde hace varios años.
Sólo entre 1998 y 1999, según informes de la pasada legislatura en el Senado, el presupuesto federal al conjunto de programas alimentarios (Diconsa, Liconsa y Fidelist) se redujo a la mitad.
Para el 2000 -después de una fuerte presión de los grupos afectados, Hacienda decidió mantener los subsidios-, los mismos programas alimentarios registraban una reducción de 32.3% con respecto a 1999 y 71.5% respecto a 1995.
*Pobres y más pobres
El combate a la pobreza ha sido el tema más socorrido en los discursos presidenciales de los últimos dos sexenios.
En 1991, Carlos Salinas sustituyó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), que encabezaba Manuel Camacho, por la Secretaría de Desarrollo Social, que entregó a Luis Donaldo Colosio.
La novedad de esta secretaría era la adscripción de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que estaba a cargo de Carlos Rojas -artífice del Pronasol- y que hasta entonces pertenecía a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La Sedeso se convirtió en una poderosísima secretaría y Salinas hizo del Programa Nacional de Solidaridad su principal arma de propaganda.
Pero nunca concluyó su obra: el famoso segundo piso de Solidaridad (pasar de las obras de infraestructura a los proyectos productivos a cargo de empresas sociales) no se concretó y la "gran epopeya del pueblo mexicano" quedó en obras de infraestructura.
Los dos primeros años de la gestión de Ernesto Zedillo estuvieron marcados por la pugna entre Desarrollo Social y Hacienda, que terminó con la salida de Carlos Rojas de la Sedeso.
En el pleito se impuso la visión focalizadora (concentración de recursos en las comunidades más marginadas) del subsecretario de Egresos, Santiago Levy -hoy flamante director del IMSS-, quien terminaría por crear el programa estrella de la administración zedillista: Progresa.
En agosto de 1997, Zedillo anunció un programa especial de la Presidencia de la República para la Educación, Salud y Alimentación y nombró a su amigo personal José Gómez de León titular de ConProgresa (Coordinación Nacional del Progresa), que funcionaba en tres instancias: la SEP, con becas escolares; la Secretaría de Salud, con asistencia médica y una papilla, y la Sedeso, con la estructura burocrática administrativa y Liconsa.
En los últimos tres años, ningún otro programa fue tan defendido por Zedillo como el Progresa.
Los números de la miseria, empero, no dejaron de crecer.
Oficialmente se reconocen -desde 1996- 27 millones de pobres extremos (aunque ya a finales de la administración algunas oficinas gubernamentales reconocían 40 millones). Pero los especialistas en el tema han llegado a contabilizar hasta 66 millones de pobres en el país. Es decir, 72% de la población está por debajo de los niveles de bienestar prometidos.
Y es que a pesar de las cuentas del gobierno, la gestión de Zedillo se caracterizó por los constantes tumbos en el combate a la pobreza, con programas que nunca terminaron de cuajar.
Al final del sexenio, corría la broma de que en lugar de Desarrollo Social, se debería llamar Secretaría de Giras y Desastres.
*ƑNuevas tiendas de raya?
El año pasado se inició en Veracruz un programa piloto para que los apoyos de Progresa se pagaran en las tiendas de Diconsa a través de Banrural.
El programa fue vetado por Santiago Levy.
"Se convertirán en tiendas de raya", argumentó.
Ahora, la propuesta de entregar los apoyos de Progresa en las 2 mil 600 tiendas de Diconsa está siendo considerada muy seriamente por el equipo de Fox. Con un agregado: los desayunos del DIF.
Y es que la reestructuración administrativa del gobierno incluye el traslado de tres instituciones de la Secretaría de Salud a la Sedeso: los asistencialistas Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e Instituto Nacional de la Senectud (Insen), además del Instituto de Desarrollo Social (Indesol).
Estas instancias se incorporan a la nueva Subsecretaría de Atención a Ciudadanos, que también tendrá a su cargo las áreas de vivienda y desarrollo regional.
*šDios mío, hazlos ricos...!
En la nueva Sedeso ya no se hablará de "combate a la pobreza", sino de "creación de caminos a la prosperidad".
Por lo menos es lo que ha dicho la secretaria, autora del libro šDios mío, hazme viuda, por favor!, y quien no tiene empacho en manifestar sus anhelos: "Que todos (los pobres) se conviertan en microempresarios es un anhelo... pero sería muy grave decir que todo mundo va a ser microempresario. ƑDónde quedarían los poetas, los pensadores y los músicos?" (Reforma, 8 de enero de 2000).
El nombramiento de Vázquez Mota, decidido en el último momento y considerado como una de las concesiones de Fox al PAN, ha sido uno de los más cuestionados dentro del gabinete.
Por lo pronto, la mezcla de visiones entre los integrantes de su equipo ha puesto el aderezo a la confusión en la Sedeso.
Un breve repaso: entre las posiciones panistas están Ana Teresa Aranda, fundadora de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) -ubicada en el ala derecha de Acción Nacional- al frente del DIF, y Esperanza Gómez Mont, ex diputada federal por el Partido Acción Nacional y ex delegada de Benito Juárez durante la regencia de Oscar Espinosa, quien es secretaria técnica de Progresa y representa el ala doctrinaria de su partido.
Otro panista tradicional es Rubén A. Fernández, abogado y ex diputado de Baja California, especializado en temas de población y desarrollo social y quien es director general de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Progresa.
También hay cargos importantes en manos de empresarios. Es el caso de José Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex presidente de la Coparmex y quien es subsecretario de Desarrollo Regional, y el de Pedro Borda Hartman, ex presidente de la Cámara Nacional Hulera, quien dirige el Insen.
ƑSu visión será compartida por el ex presidente de la organización Alianza Cívica, Rogelio Gómez Hermosillo, quien dirige el Indesol?
Sabe. Pero seguramente chocarán con los funcionarios zedillistas que permanecerán en la dependencia. Es el caso de Alberto Walker López, ex director de Fonaes y ahora director de Fonhapo; Juan Francisco Mora, ex titular de Diconsa, quien dirigirá Liconsa, y Cuauhtémoc Sánchez Osio, ex director de Programas Sociales, quien será titular de Diconsa.
Sánchez Osio fue el responsable del Programa de Atención a Zonas Prioritarias de la pasada administración, destinado a atender las necesidades de los más pobres. Y hacia el quinto año de gobierno se daba a la tarea de concluir la base de datos de la pobreza.
La sorpresa es el oficial mayor, Juan Perdomo Bueno, cercano al ex gobernador de Veracruz Patricio Chirinos, y a quien se ubica en Sedeso como el diseñador del proyecto de "reingeniería" que presentará Vázquez Mota.
Y el mosaico ya tuvo su primera baja: José de Jesús Castellanos, ex director de Nuevo Criterio, la publicación del arzobispado y quien originalmente fue nombrado director de Comunicación Social. Esta semana fue relevado por Rodolfo Guzmán.
*La vuelta de los 100 días
Concluidos los nombramientos, los directores de cada programa recibieron esta semana la instrucción de elaborar un plan de acción para 100 días. La idea seguramente nada tiene que ver con el fallido Programa de Atención a Regiones Prioritarias, con el que Ernesto Zedillo aseguró en 1999 que le ganaría terreno a la pobreza y que terminó por diluirse. Anunciado con bombo y platillo en la era del secretario Esteban Moctezuma, el programa se concentró en los municipios de 36 regiones de atención inmediata y daría resultados de los avances cada 100 días.
Ahora se habla de atención a 476 municipios, con proyecciones a 100 días de todos los programas involucrados.
El proyecto del gobierno plantea como novedad la federalización de los recursos, aunque los instrumentos de coordinación entre los estados y la Federación siguen siendo los convenios de desarrollo social que, por cierto, Vicente Fox se negó a firmar como gobernador de Guanajuato.
Pero además, se tiene proyectada la creación de los centros de desarrollo comunitario municipales que sirvan de punto de entrada a los programas sociales.
ƑAlguna novedad?
Una muestra, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000: "La dispersión de esfuerzos debilita la capacidad del gobierno de responder a las justas demandas de equidad y oportunidades. La política social también será clara, profundamente federalista. El gobierno de la República transferirá recursos y responsabilidades a los estados y municipios, a fin de que ellos sean los ejecutores de los programas sociales. En esa medida el gobierno federal se concentrará cabalmente en su función rectora del desarrollo social".
* * *
El 5 de mayo de 1999, al anunciar el Programa de Regiones Prioritarias, Zedillo insistió en que los programas sociales no daría resultados "tangibles y lucidores".
Pero por las prisas que traen en la Sedeso para juntar los planes de 100 días, parece que sí quieren resultados "lucidores".
Habrá que esperar. Por lo pronto, las contradicciones ya dieron los primeros reveses y el gobierno tuvo que corregir su presupuesto y dar marcha atrás en la transferencia de Fonaes y la desaparición de las zonas de atención prioritaria. Pero apenas van 40 días.
ƑY después?
Nadie sabe.
"En el beisbol -comenta un funcionario- dirían que estamos 3 bolas y 2 strikes. Nada para nadie".
EL GOLAZO DE HACIENDA: FUSION DE LICONSA Y FIDELIST
Discreto, sin hacer ruido, Carlos Jarque hizo su última jugada antes de irse a dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo: le limpió la casa a Vicente Fox.
Poco importó la iniciativa del PRD en la Cámara de Diputados (congelada desde 1994) para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Ni el punto de acuerdo del 21 de octubre de 1999 en el Senado para incorporar la iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que prevé el compromiso de "evitar la reducción o desaparición de cualquier programa o recurso del Estado que atienda las necesidades fundamentales y apremios de los sectores populares".
El 31 de noviembre pasado se concluyó el finiquito a los 846 trabajadores del Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla (Fidelist).
Con ello, se consumó un viejo anhelo de los responsables de Hacienda: fusionar los subsidios de la leche y la tortilla, para que con el paso del tiempo el único padrón de la política social sea el de Progresa.
Lo habían intentado de varias formas. En vísperas de la presentación del proyecto de presupuesto 2000, ofrecieron a los diputados tres opciones para "ajustar" el monto asignado al programa de subsidio a la tortilla ųque atendía a 1.2 millones de familias urbanasų al techo presupuestal: recortar en 25% el padrón de beneficiarios (la propuesta dejaba a más de 300 mil familias sin subsidio); cubrir un costo mínimo de 3.20 pesos por kilo y dejar el pago de la diferencia (en algunas zonas del país cuesta 5 pesos) a los beneficiarios, o que el "kilo" subsidiado fuera de 750 gramos.
La reducción representaba el cuarto recorte en tres años, y una disminución de dos terceras partes del número de beneficiarios con respecto a 1996.
No pasó.
Pero los diputados que participaron en la redacción final nunca advirtieron el artículo transitorio que se incluyó en el presupuesto y que planteaba la fusión de los programas.
Lo supieron meses después, cuando los funcionarios comenzaron a llamar por teléfono. Entonces tuvieron que admitir: "Fue un golazo que nos metió Hacienda".
El viacrucis de los subsidios
La unificación de los subsidios de la leche y la tortilla es una idea vieja. En 1995, la Sedeso anunció el programa de Canasta Básica Alimentaria para el Bienestar de la Familia, que sería la "columna vertebral" de una estrategia de atención de las necesidades alimenticias de 4 millones de mexicanos pobres. La fórmula fue entonces la creación de una "tarjeta de pobres", que sustituiría el subsidio a la leche y la tortilla, tendría un valor de 70 pesos mensuales, estaría a nombre de la madre de familia y se entregaría a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
El "pobremático" no funcionó para unificar los subsidios. Pero fue la base del sistema de tarjetas plásticas con las que ahora se controla el subsidio a la tortilla.
Pero el viacrucis de los subsidios no se detuvo.
Informes de la pasada legislatura en el Senado indicaban que el presupuesto federal al conjunto de programas alimentarios (Diconsa, Liconsa y Fidelist) se redujo de 10 mil 455 millones de pesos en 1998 a 5 mil 595 millones para 1999.
Esto fue posible debido a la reducción de un millón de beneficiarios de Liconsa, el recorte presupuestal a Diconsa y la desaparición de Conasupo.
En total, los programas alimentarios registraban un recorte de 71.5% respecto a 1995.
En 1999 le tocó a Diconsa, el sistema de abasto de 23 mil tiendas rurales distribuidas en 2 mil 291 municipios del país.
En julio, los funcionarios de Hacienda promovieron un acuerdo entre las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Social que establecía la desaparición del subsidio de Diconsa a partir del 1o. de enero de 2000, como parte de la reestructuración de la política social que busca no duplicar funciones.
No contaron con la capacidad de movilización de los representantes de los consejos comunitarios de abasto, quienes durante tres meses recorrieron oficinas de todas las instancias de gobierno, recolectaron firmas, amenazaron con cierres de carreteras y finalmente advirtieron a los diputados del PRI: "No podemos decir a la gente por quién votar, pero sí por quién no votar".
Hacienda, en principio, se echó para atrás.
"Se propone una asignación a Diconsa igual, en términos reales, a la de 1999... En los casos de Liconsa y Fidelist, se mantendrá la cobertura", dijo el secretario José Angel Gurría al presentar el proyecto de presupuesto.
No se mencionó la fusión.
ƑY los riesgos?
En las dependencias oficiales juran que se trata sólo de una fusión administrativa, para "optimizar los recursos". Que la única diferencia es que ahora Fidelist dependerá de Liconsa, pero el padrón no será tocado.
Pero el artículo 11 transitorio es claro: "El Ejecutivo federal... deberá constituir un padrón único de familias urbanas en pobreza extrema, con base en los padrones de beneficiarios de las zonas urbanas marginadas de los programas alimentarios a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla y de Liconsa... Como parte de este proceso el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá consolidar y unificar las estructuras administrativas de dichas entidades".
Además, en la Sedeso ya está trabajando una área que se concentrará en la unificación de padrones.
La tarea no es fácil.
Liconsa es un programa que vende leche subsidiada a 4.2 millones de niños, pero no tiene un padrón de las familias. En cambio, la unidad básica de registro de Fidelist es la familia (un padrón de 1.24 millones de familias urbanas).
Según cálculos de los propios funcionarios, los dos universos no coinciden en más de 6%.
Pero más allá de las ventajas o desventajas de contar con un padrón único de la pobreza, lo que queda de fondo en la fusión es la tendencia a eliminar los subsidios y los programas alimentarios a cargo del gobierno.
Los resultados de esta política ya se han visto: mientras el número de familias beneficiadas por Fidelist se redujo de 2.8 millones en 1996 a 1.2 en 1999, el consumo de tortilla se desplomó y el precio se cuadruplicó.
Y ni siquiera los productores se han beneficiado, pues a pesar de que en 1995 las autoridades advertían de una "coyuntura internacional muy favorable que representa una oportunidad para desarrollar un mercado privado", los precios disminuyeron 40% en los últimos tres años.
Para Víctor Suárez, especialista en el campo mexicano, el resultado del desmantelamiento del sistema productivo maíz/tortilla en el país aún no ha dejado ver su peor cara.
"El Estado no tiene ningún instrumento de defensa ante una crisis ųexplicaba en entrevista con Masiosare en mayo del año pasadoų. Lo que puede pasar es que simplemente no haya disponibilidad de maíz para abastecer el mercado interno y venga una crisis alimentaria masiva".