SABADO Ť 13 Ť ENERO Ť 2001
Gilberto López y Rivas
La lucha por la autonomía de las delegaciones
Las partidas presupuestales recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para fortalecer la estructura de gobierno y apoyar directamente a las delegaciones constituyen un paso, sin precedentes, en el reconocimiento de estas unidades territoriales como entidades administrativas y de gobierno capaces de enfrentar los retos que emanan de las necesidades más inmediatas de la población de la capital de la República.
En este proceso estuvieron involucrados distintos actores políticos, tales como la Cámara de Diputados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la ALDF y las propias jefaturas delegacionales. Su importancia no sólo estriba en los resultados obtenidos, los cuales son sin duda un avance democrático acorde a la última reforma política de 1996, que instituye el sufragio popular en esos ámbitos locales, sino que también se sustenta en el procedimiento mediante el cual se pudo convencer positivamente, con el diálogo y la negociación, a algunos actores políticos, en principio renuentes a otorgar mayor presupuesto.
Varios logros se derivan de esta experiencia reciente. A diferencia de las administraciones priístas, las delegaciones del DF dejaron de ser botines económicos y políticos con los que se premiaba, consolaba o proyectaba, desde el horizonte del amiguismo o el clientelismo, a una elite enquistada en el régimen de partido de Estado.
La reciente discusión sobre el presupuesto rebasó la inercia de los intereses partidistas y generó un espíritu de colaboración entre la mayoría de los jefes delegacionales y la jefatura de Gobierno de la ciudad para defender ante diputados locales y federales el presupuesto que presentó Andrés Manuel López Obrador, así como la asignación de recursos propios para crear y fortalecer áreas claves de ecología, salud, seguridad, que habrán de adaptarse a las características de cada demarcación.
La aprobación de 392 millones de pesos por parte de la ALDF para realizar modificaciones a las estructuras de gobierno delegacionales implica el reconocimiento de las diferencias y peculiaridades de cada demarcación. Un principio de los gobiernos justos debe partir de la heterogeneidad social y de la diversidad proveniente de personas con distintas necesidades y aspiraciones, y no de la homogeneización artificial.
No se trata de un engrosamiento burocrático del aparato gubernamental, y sí de construir los instrumentos propios de un proceso de descentralización efectivamente democrático. En efecto, la consecuencia política más inmediata del presupuesto aprobado se traduce en una nueva expresión del ejercicio del mando: la gobernabilidad democrática. Es decir, se logró generar reciprocidad entre la elección universal, directa y secreta de los jefes delegacionales y la jefatura de Gobierno con un presupuesto que aspira a satisfacer las expectativas generadas por ese proceso electoral.
Esta experiencia de negociación marca la pauta a mediano y largo plazos de subsiguientes discusiones en torno al ámbito de competencias y atribuciones entre los distintos niveles de gobierno, en las que los intereses colectivos se eleven por encima de los intereses personales, de grupos o de partidos.
Un presupuesto equitativo implica gobernar no "para", sino "con" los ciudadanos y ciudadanas. En la medida que se escuche genuinamente la voz de los representantes locales de un mandato popular, existirá mayor acercamiento entre las instituciones del Estado y el pueblo que le da vida.
La decisión de que las delegaciones políticas de la ciudad tengan mayores márgenes de autonomía para decidir el ejercicio de sus respectivos presupuestos y funciones, se traduce en un acto de corresponsabilidad gubernativa, mediante el cual se rompe con el ejercicio de mando unidireccional y vertical.
Los avances logrados hacen pensar en la necesidad de asumir la forma municipal en las entidades administrativas de la capital, lo cual quedó pendiente en la última reforma política; igualmente sigue pendiente profundizar en el proceso jurídico y político que daría mayor autonomía a los gobiernos delegacionales.