Enrique Montalvo Ortega
El sureste en crisis: neoliberalismo y olvido de la democracia
En Tabasco, varios meses después de las elecciones, hay dos gobernadores en disputa; en Yucatán, a cinco meses de que se realicen (si es que se cumplen las fechas programadas) las elecciones, existen dos consejos electorales para organizar los comicios estatales y municipales, uno apoyado por la mayoría priísta de la Cámara y otro resultado de la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se trata de situaciones en las que los conflictos políticos se enconan y no encuentran vías de solución, pues los mecanismos institucionales se muestran insuficientes para dirimir las confrontaciones que se presentan tanto al interior de las elites heredadas del autoritarismo priísta como las que se presentan entre las aspiraciones de estos grupos a continuar a toda costa en el poder y las del panismo en ascenso en sus diversos niveles (local y federal) y facciones.
En Yucatán por ejemplo se ha desatado una fuerte lucha entre el cerverismo, que para apuntalar su poder trata de construir un discurso ideológico de la yucatanidad defensora de la soberanía, y el panismo urgido ya de completar su dominio en el estado. En tales condiciones no ha estado ausente el folclor de los diputados locales, como fue el caso de Edwin Chuc, legislador priísta que rescatando el lenguaje foxista acuso al TEPJF de realizar "marranadas".
Como ha sido ya señalado reiteradamente por analistas, la alternancia en el poder no es lo mismo que la transición a la democracia. Para que dicha transición pueda verificarse es necesaria una reforma a fondo del Estado, con trasformaciones institucionales y jurídicas que otorguen el marco para una democracia participativa. Sin embargo, esto no sólo no ha sucedido, sino que por el contrario la transición a la democracia se ha detenido en México a partir de la llegada de Fox, se ha estacionado en la simple alternancia. A pesar de los reclamos contra la falta de democracia y las promesas del hoy presidente durante su campaña, todo indica que lo que menos le importa es la democratización, posición que parece ser compartida por las demás fuerzas partidarias, que no han emplazado con energía a realizar las transformaciones necesarias.
La reforma del Estado pasó a los archivos. Primero se formó, antes de la asunción de Fox, una comisión que sirvió para entretener a Muñoz Ledo, y luego se le dejó en el olvido. Hoy nadie recuerda a qué conclusiones se llegó.
Pese a que las crisis políticas que se viven en Tabasco y Yucatán ponen en evidencia la urgencia de reformas que abran paso a una auténtica democratización, este tema se halla en el olvido, como si no estuviéramos saliendo de un régimen autoritario y sin considerar que estos casos podrían repetirse con diversas modalidades en otros estados, y llevar a confrontaciones serias entre los estados y la Federación.
Pero precisamente cuando se muestra con mayor fuerza la tensión política generada por las herencias del autoritarismo y agudizada por la carencia de un proyecto de transición democrática del actual gobierno federal, este último anuncia un gigantesco proyecto de inversiones para el sureste, englobado en la línea del Proyecto Puebla-Panamá, anunciado por Fox durante su viaje como candidato a Centroamérica.
Se trata de un proyecto con inversiones de 80 mil millones de pesos, en varias etapas, "la primera está orientada a realizar inversiones este año por 2 mil 105.2 millones de pesos en infraestructura de transporte para resolver los graves rezagos en esta área. "Con los recursos previstos para 2001, se prevé la modernización de tramos carreteros en los estados del sureste, así como complementar las obras de Puerto Progreso, Yucatán, para lo que se destinará 106.8 millones de pesos adicionales."
Asimismo, "el gobierno prevé gastar 654.3 millones de pesos para mejorar la infraestructura hidroagrícola en proyectos de temporal tecnificado, irrigación mayor y aguas subterráneas en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán." (La Jornada, 5 de enero de 2001.)
Este programa ?continúa la información de La Jornada? viene "con el signo del empresario Alfonso Romo", líder del grupo Pulsar. En pocas palabras, el gobierno mexicano realizará enormes inversiones para montar una vasta infraestructura que parece hecha a la medida de las exigencias y necesidades de expansión y acumulación del grupo del industrial Alfonso Romo, paisano y gran amigo de Vicente Fox, pues como se señala en la nota periodística citada "en la información disponible hasta ahora, no están contenidas consideraciones de carácter social y cultural que atiendan las distintas peculiaridades culturales de la población de la zona."
Todo indica que al gobierno actual, como los anteriores, le interesa más la modernización económica y la apertura al capital trasnacional que la trasformación política y la efectiva democratización y reforma de las instituciones.
Lo que bien podríamos llamar vía neoporfiriana de modernización del capitalismo mexicano, impulsada durante los tres sexenios neoliberales (1982-2000), encuentra su nueva etapa en el gobierno actual, lo que confirma la caracterización del foxismo en cuanto fase superior del salinismo, y consumación a fondo del neoliberalismo.
Un proyecto de esta magnitud, que trasformará drásticamente el modo de vida de casi la cuarta parte de la población mexicana, tendría que ser diseñado desde la sociedad y no impuesto siguiendo las viejas tradiciones autoritarias del presidencialismo mexicano. ¿No era eso lo que tanto se criticaba desde el PAN y una de las banderas de Fox? Se anuncia, por ejemplo, que se continuará el puerto de Progreso, ¿qué diferencia hay entre la forma autoritaria en que Cervera Pacheco impuso su construcción y la que ahora lo pretende hacer el gobierno foxista? ¿Criticará ahora el PAN y en general la derecha yucateca esa obra como lo hizo cuando la construía el gobernador yucateco?
La situación actual del sureste de México, la enorme contradicción existente entre política y economía pone en evidencia la urgencia que tenemos de transitar a una democracia participativa, para que la inversión pública conduzca al bienestar social y respete los modos de vida y la voluntad popular, y no continúe sirviendo para la acumulación de unos cuantos y para crear una modernidad impostada.
Son estas las cuestiones que esperaríamos que levantara y pusiera en el tapete de discusión el PRD, en vez de estarse desgastando en estériles debates sobre si es mejor aliarse con el PAN o con el PRI, como está sucediendo en Yucatán y en otros sitios del país.