SABADO Ť 13 Ť ENERO Ť 2001

GUSTAVO LEAL F. Ť

Sapos, lagartijas y caracoles

La "modernización" del contrato ley de la industria azucarera ha desatado diferencias entre los empresarios de 58 ingenios que reúne la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera (CIAARM) y los 45 mil trabajadores que aglutina el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de la República Mexicana (STIAARM).

La cuarta huelga azucarera emprendida bajo el sexenio de Zedillo (noviembre del 2000) dejó claro que: 1) el desafío de las pensiones es una realidad que llegó para quedarse, y 2) que la capacidad de negociación de los interlocutores depende, ahora sí, de los márgenes del llamado proceso de globalización.

El conflicto tiene antecedentes. Además de la emblemática ?por poco exitosa? primera "privatización" del delamadridismo, el conflicto está marcado, también, por la vergonzosa "negociación" salinista (Jaime Serra Puche) de la fructosa, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Si los tecnócratas que "diseñaron" la privatización azucarera de los ochenta, hubieran sido mínimamente cosmopolitas, otro gallo cantaría. Pero fallaron casi absolutamente en todo. En eso se parecen a aquellos que "privatizaron" la banca en los noventa; otra camada de eternos aprendices de alta falibilidad. Esperemos que el foxismo "aperturista" de la electricidad y de la salud y la seguridad social, aprenda pronto a preservar el marco nacional que, por incompetencia, sus arrogantes predecesores sacrificaron inútilmente.

Aunque por muy diferentes motivos, desde que Vicente Fox llegó a Los Pinos tanto el sindicalismo tradicional como el independiente le han franqueado la puerta para establecer un diálogo moderno y responsable. Veremos si Fox está a la altura del reto.

Pero el caso del STIAARM es de otro calibre. En la "modernización" del contrato, el sector empresarial busca modificar prestaciones relacionadas con la jubilación y el mantenimiento del hospital azucarero, entre otras. Carlos Soaene, presidente de la CIAARM, opina que la "grave crisis" por la que atraviesa 50 por ciento de los industriales del sector, indica que "ya es tiempo de actualizar el contrato ley y de adecuar muchas de sus cláusulas". Pero ¿y los trabajadores? No es casual que Enrique Ramos, líder del STIAARM, afirme que sus agremiados están "dispuestos a comer sapos, lagartijas y caracoles antes de renunciar a sus prestaciones históricas". (Elizabeth Velasco C., La Jornada, 17/12/2000.)

Mientras los empresarios proponían que se incrementara en cinco años más la edad para la jubilación ?que el contrato establece a los 60 años?, el sindicato se negó a aceptarlo. A la vez, se demandaba el pago de cuatro quincenas adeudadas a jubilados. Tocar el fondo de jubilación, a decir del dirigente Ramos, podría generar un conflicto "intergremial", porque "con la jubilación que incluye el salario integrado, está la pensión del IMSS. Por eso, algunos trabajadores ganan más que los trabajadores activos".

El desacuerdo obrero-patronal sobre el fondo de jubilaciones (fortalecido por las dudas sobre el manejo de los recursos que hiciera el fallecido ex directivo sindical, Salvador Esquer Apodaca) terminó con la presencia de un actuario que facilitó la "radiografía" del fondo financiero. Se determinó entonces que son responsabilidad de la industria 10 mil 800 jubilados, que representan una nómina quincenal de 10 millones 500 mil pesos.

De cara a este escenario y por voz de Guillermo Beltrán Pérez, director de la CIAARM, la patronal pidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que declarara inexistente la huelga.

Y, en efecto, la huelga fue declarada inexistente. Aunque el 26 de diciembre, ya "bendecidos" por el nuevo secretario de Trabajo, Carlos Abascal, y contando con Aarón Sáenz como representante de la CIAARM, las partes firmaron un convenio de diez puntos en que el tema de los jubilados quedó "pendiente". La JFCA será la que decida la forma en que deberá operar esa prestación para todos los pensionados. Al finalizar el acto, Ramos declaró que no se encontraba del todo satisfecho, pues los empresarios "insisten en aprobar la jubilación a partir de los 65 años de edad y no a los 60 como establece el contrato ley".

A finales de noviembre, Peter Fritsch, redactor del Wall Street Journal, escribió: "Hoy, cada una de las 60 refinerías mexicanas es abastecida por un promedio de 2 mil 500 cultivadores independientes. Y la industria azucarera de este país es la única del mundo en la que los cultivadores y los refinadores operan de manera separada. Esta estructura fragmentada ha demostrado no ser rentable. La crisis del azúcar podría convertirse en una crisis política".

Ť Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco