Ť Cambian su guardia personal; había tomado "medidas" para resistir su arresto

Versión de que el ejército presionó a Pinochet a someterse a los exámenes

Ť Según la prensa chilena, el general Izurieta "persuadió personalmente" al desaforado senador
Ť Propone líder del Senado investigar a la policía pinochetista, responsable de 400 desaparecidos 
 

AFP, DPA, AP Y REUTERS

Santiago, 11 de enero. Augusto Pinochet se sometió hoy a la segunda parte de los exámenes médicos ordenados por la justicia chilena, al tiempo que la prensa local insistía en que el ejército lo presionó para que acatara las decisiones del magistrado especial, Juan Guzmán Tapia, quien instruye numerosas causas en su contra.

Según versiones de radio y periódicos, el general Ricardo Izurieta, comandante en jefe del ejército, "persuadió personalmente" al ex dictador a acatar las órdenes judiciales, y esto coincidió con una declaración del jefe de información del ejército, coronel Pedro Pablo Bustos, quien aseguró que Pinochet tiene y seguirá teniendo el apoyo de la institución.

Según los informes, cuando el primero de diciembre Guzmán Ta-pia resolvió el procesamiento y arresto del ex militar como inculpado en el caso de la llamada ca-ravana de la muerte, las tensiones al interior del ejército habrían llegado al grado de que la escolta del ex dictador se habría alistado para disparar contra policías que pudieran detener a Pinochet, en acatamiento de la orden judicial.

Los cuatro oficiales que formaban la escolta de Pinochet fueron retirados de sus puestos cuando trascendieron sus intenciones.

Tal situación provocó alarma en el entorno del desaforado senador vitalicio, y como resultado de eso se habría realizado la semana pa-sada la visita del general Izurieta a su casa campestre en Bucalemu.

Cambios en democracia

Según las versiones de prensa, Izurieta fue acompañado del jefe del estado mayor, general Juan Emilio Cheyre, para decirle al ex caudillo militar que debía acatar las órdenes del juez.

Incluso Cheyre le habría dicho a Pinochet que de insistir en los consejos de sus abogados de no presentarse a los exámenes y a la de-claración indagatoria, no podría haber "dificultades con el apoyo logístico" que el ejército le brinda y que incluye protección física.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, no desmintió las versiones, pero restó dramatismo a los comentarios de la prensa al apuntar que "no es un tema que nos haya preocupado. Las cosas, en democracia, han cambiado".

Más aún, el funcionario socialista dijo a la prensa local no creer que haya sectores rebeldes dentro de las filas del ejército.

A modo de ejemplo evocó la detención en 1995 del director de la antigua policía del pinochetismo, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), ex general Ma-nuel Contreras, quien pretendió evadir su encarcelamiento tras ser condenado a siete años de prisión por su responsabilidad en el crimen de 1976 de Orlando Letelier.

A su vez, Pedro Pablo Bustos desmintió el supuesto incidente que habría obligado al alto mando a una total restructuración de la guardia personal de Pinochet, en relación a que sus miembros ha-brían tomado medidas especiales para impedir su arresto, y aseveró que el ejército le seguirá brindando "seguridad, asistencia médica, bienestar y ayuda espiritual", y todo ello pese a las críticas de al-gunos sectores u organismos.

Pero la principal critica pareció provenir de la hija menor del ex dictador, Jacqueline, quien declaró que el ejército debía defender a su padre con mayor energía.

Sin embargo, los rumores sobre la supuesta intervención del ejército para convencer a Pinochet a someterse a los exámenes médicos hizo que Eduardo Contreras, uno de los abogados de la parte acusadora, afirmara que el gobierno de Ricardo Lagos y el alto mando castrense llegaron a un "acuerdo" para evitar juzgar a Pi-nochet, según declaró al diario co-lombiano El Tiempo.

Contreras aseguró que la visita que el general Izurieta le hizo a Pinochet tuvo el propósito de im-poner "una línea de menos confrontación que tiene en cuenta que los exámenes mentales son la única esperanza para Pinochet, si se le considera loco o demente", y consideró que decidió aceptar los exámenes al cambiar la correlación de fuerzas en el equipo jurídico y en la propia familia.

Por eso, dijo que hace tiempo se habría dado el acuerdo para "salvarlo", y que el informe de las fuerzas armadas sobre los desaparecidos, pese a los datos fraudulentos, formaría parte de una operación de inteligencia militar para cambiar la tipificación de los delitos y retomar la amnistía.

Este jueves, Pinochet fue sometido a una segunda ronda de exámenes en el Hospital Militar, esta vez enfocados a la parte de facultades mentales, y que consistieron en una entrevista y una serie de preguntas como parte de un test con el que se determinaría su me-moria, su capacidad para recordar acontecimientos recientes, coherencia entre lo que quiere decir y la forma de expresarlo, capacidad de lenguaje y pensamiento.

Insisten en la rebeldía

Al término de las pruebas de hoy, que se prolongarán hasta este sá-bado, el portavoz del octogenario militar, el ex vicecomandante del ejército en tiempo de la dictadura Guillermo Garín, afirmó que Pi-nochet "terminó muy cansado", y añadió que es posible que el lu-nes 15 de enero no se presente a la declaración indagatoria ante el juez Guzmán Tapia.

Reiteró que el ex dictador no puede ser obligado a rendir dicha declaración sin que antes haya re-sultados de los exámenes médicos, y dio a entender a la prensa que da por hecho que éstos eximirán al desaforado senador vitalicio.

Este jueves se presentó la querella número 205 contra Pinochet por el homicidio, en 1984, del profesor Patricio Sobarzo, mientras la Iglesia católica chilena anunció que seguirá recibiendo antecedentes sobre detenidos desaparecidos de la pasada dictadura, pese a que el anterior día 6 se cerró el plazo sobre el tema, luego de apuntar que se trata de contribuir al "rencuentro y la reconciliación".

En tanto, el presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, propuso emprender una in-vestigación a fondo sobre la Dina, a fin de lograr un informe más completo sobre sus actuaciones como la primera policía represiva del Estado que existió en Chile entre 1974 y 1978, así como de las acciones de sus agentes.

Se estima que la Dina es responsable de unos 400 casos de detenidos desaparecidos, pues operó en todo el territorio chileno a través de centros de detención y tortura. Además, extendió su radio de ac-ción al extranjero y en conjunto con otras policías secretas, con las que organizó la Operación Cóndor para eliminar a opositores.

En Montevideo, familiares de cuatro uruguayos desaparecidos en Chile, que según el informe de los militares habrían sido asesinados y arrojados al mar en 1973, expresaron dudas y dijeron que aguardarán un fallo judicial.

Además, reclamaron al gobierno uruguayo que trate el asunto ante el gobierno de Santiago y so-bre el resto de los casos de uruguayos no mencionados.