viernes Ť 12 Ť enero Ť 2001
Jaime Martinez Veloz
A defender la iniciativa de la Cocopa
Al estilo de Shakespeare, a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) le parece haber llegado la hora de enfrentar el dilema existencial de su razón de ser. Sin embargo, ha sido el vértigo de la velocidad con que se desenvuelven acontecimientos relacionados con Chiapas lo que ha llevado a este cuerpo legislativo a la probable disyuntiva, propia de un drama hamletiano.
Más que por iniciativa de esta comisión legislativa, las acciones recientes de los actores locales chiapanecos, del presidente Fox y del EZLN han sido los detonantes de la dinámica hacia la que evoluciona el conflicto y algunos posibles visos de solución. Por ello, es necesario recordar que la Cocopa tiene la histórica obligación moral de sostener y defender la iniciativa de ley que elaboró en 1996, con base en los comprometidos acuerdos de paz firmados entre el gobierno federal y los indígenas revolucionarios en San Andrés Larráinzar.
ƑDebemos cuestionarnos la razón de existir de la Cocopa, si es incapaz de defender la iniciativa original, enviada por Fox al Congreso para su discusión, entre el mar de proyectos deformados, como la provocadora iniciativa zedillista al respecto, o las cartas municipales panistas? La próxima visita de los líderes zapatistas al Congreso de la Unión para abogar en pro de las necesarias reformas constitucionales derivadas de la iniciativa de la Cocopa, es una buena oportunidad de esta comisión legislativa para reivindicarse y allanar el camino deteriorado del diálogo y negociación entre el Estado y los eternamente olvidados indígenas mexicanos.
La defensa de la iniciativa de la Cocopa se ubica en el razonamiento simple: ser producto de un acuerdo entre los indígenas y el Estado mexicano, como reflejo del conflicto chiapaneco. Si esta comisión se abstiene de defender su iniciativa, Ƒcuál es, entonces, el reposicionamiento de la Cocopa en Chiapas? ƑQué confianza puede inspirar a la delegación indígena zapatista una comisión sin poder de convencimiento al interior del Congreso, para que bicameralmente, de forma colegiada, sea su iniciativa la que se discuta, así como que Fox deseche la descabellada propuesta de Zedillo y discuta con su bancada la conveniencia de analizar la iniciativa derivada de San Andrés y que retiren también sus célebres cartas municipales?
El posible planteamiento de convocar a un periodo extraordinario legislativo debe incluir en su agenda la discusión de la iniciativa sobre derechos y cultura de los pueblos indios mexicanos, coincidente con la presencia de los indígenas chiapanecos en el Congreso de la Unión, quienes vienen, para nuestra vergüenza, a defender la propuesta de la Cocopa, que ésta parece impotente de hacer avanzar. Vienen, a pesar del riesgo latente de una celada gubernamental, que el mismo titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, esbozó con la ya tan trillada frase barata de "preservar el estado de derecho".
La irresponsabilidad partidista es compartida por sectores ultras, tanto del PAN como del PRI. Es hipócrita, por ejemplo, la minuciosa y virginal pulcritud de algunos priístas para rasgarse las vestiduras con el ridículo argumento cretino de la creación de "fueros especiales" o "mexicanos privilegiados", como si en realidad las instituciones de justicia mexicanas gozaran de prístina y resplandeciente funcionalidad. ƑCon qué autoridad moral queremos ahora los priístas ser tan "escrupulosos" jurídicamente al analizar la iniciativa de ley indígena, si durante 71 años fuimos incapaces de pensar siquiera en un pacto social de Estado con nuestras etnias? Si supuestamente ante la ley y el derecho todos somos iguales, Ƒpor qué en la realidad somos tan desiguales? ƑAdmitimos los mexicanos nuestro carácter pluriétnico como país? Si así fuera, entonces debería contarse, por ejemplo, con 50 diputados federales indígenas, dado que el 10 por ciento de los mexicanos son indígenas. Mientras existan desigualdades, deben existir normas jurídicas especiales para los más desfavorecidos, además de la imperiosa necesidad de fortalecer el marco del Derecho Social Comunitario.
Los indígenas chiapanecos tendrán la virtud histórica de haber puesto en la mesa del debate y la conciencia nacional la oprobiosa endémica condición de miseria en que subsisten las etnias. El Estado tiene la obligación de crear las instituciones y mecanismos compensatorios que reviertan las condiciones de injusticia e inmoralidad hacia los grupos vulnerables.
La construcción de un acuerdo nacional con los pueblos indígenas es una necesidad inaplazable del Estado mexicano para mantener la estabilidad por las razones correctas y no la estabilidad por balance de fuerzas. Y en esa magna tarea, la Cocopa tiene una obligación irrenunciable para defender su iniciativa.