viernes Ť 12 Ť enero Ť 2001
Silvia Gomez Tagle
Cosas nunca antes vistas
En los primeros 40 días del gobierno de Vicente Fox han pasado cosas que muestran la magnitud de los cambios en nuestro sistema político. Se han señalado los aciertos y los errores del Presidente, el uso y el abuso de símbolos religiosos, el desconocimiento de las diferentes funciones del Senado y de la Cámara de Diputados, los primeros pasos que se han dado para la paz en Chiapas. Pero a pesar del evidente protagonismo de Fox, el cambio de mayor importancia radica en el hecho de que se ha pasado de un sistema unipolar, con un solo partido y un Presidente que era el centro de la acción política, a un sistema pluripartidista con una multiplicidad de actores importantes capaces de actuar por sí mismos y también de generar conflictos.
Este nuevo sistema que podríamos llamar "multipolar" en el que interactúan el Congreso con sus diferentes fracciones parlamentarias, el Poder Ejecutivo, el Judicial y otros actores políticos como las Iglesias, los empresarios, los movimientos sociales, está produciendo resultados inesperados y generando múltiples contradicciones que no sabemos cómo resolver porque han quedado en evidencia vacíos legales muy importantes.
El caso de Tabasco no toca de cerca al partido del Presidente por lo que su intervención podría ser más imparcial, pero en el caso de Yucatán el PAN es la parte interesada más importante en virtud de su peso electoral, por eso está bien que Fox no intervenga directamente. Por un lado, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia exhorta a los partidos a acatar las disposiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), parece que la máxima autoridad en materia electoral está desarmada frente al poder de los gobernadores insurrectos. Y por el otro, resulta difícil justificar la desobediencia a las resoluciones del TEPJ con el argumento de que se está violentando el pacto federal, cuando esos poderes locales se han sustentado en estructuras autoritarias y en intercambios clientelares para resguardar sus privilegios.
La legitimidad de Roberto Madrazo ha sido cuestionada desde su origen, cuando el entonces presidente Zedillo hizo un tímido y frustrado intento de anular la elección de gobernador de 1994. Durante estos seis años, Madrazo fue gobernador y hasta precandidato a la Presidencia de la República, gracias a la complicidad de los altos mandos priístas, que le permitieron conservar el poder. Algo similar ha ocurrido en Yucatán, donde Víctor Cervera Pacheco violentó la Constitución para reelegirse gobernador cuando ya había sido gobernador interino por dos años en ese estado; y ahora pretende ejercer su influencia sobre el Congreso local para designar a un Consejo Estatal Electoral sumiso, que le permita maniobrar para conservar el control sobre esa entidad en las elecciones del próximo año.
El hecho de que haya dos gobernadores priístas en plena insurrección parecía inconcebible cuando el Presidente era de ese mismo partido, porque ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial ni el Congreso se atrevieron nunca a dictar medidas que afectaran las bases del poder de los gobernadores de partido, aun cuando fueran ilegítimas. La rebeldía de estos gobernadores nos habla precisamente de que el TEPJ ha dictado sentencias que afectan los intereses políticos de los caciques locales que se habían adueñado no sólo del PRI, controlando así el Congreso de sus respectivos estados, sino también de las instituciones electorales locales. Si hacemos memoria, ése fue precisamente el sentido de la reforma constitucional de 1996 cuando se le confirieron facultades al Poder Judicial para intervenir en conflictos políticos de las entidades de la República. En esa reforma se expresó un amplio consenso de fuerzas políticas y sociales respecto de las características que deberían tener estas instituciones para garantizar la transparencia electoral y los medios jurisdiccionales adecuados para dirimir en el marco de la ley los conflictos.
Sin embargo, las resoluciones del Poder Judicial y la distancia que pretende poner la Presidencia respecto a los conflictos locales, plantean problemas de gobernabilidad novedosos, dado que parecería que no existe un marco legal claro que permita someter a los poderes locales a las resoluciones del Poder Judicial. ƑQuién podrá resolver estos conflictos? Deberíamos preguntarnos dónde está la sociedad civil que tanto luchó por impulsar esas reformas electorales, porque estos problemas deberían empezarse a discutir a la luz pública.