VIERNES Ť 12 Ť ENERO Ť 2001
Ť Confían en que la crisis de Yucatán también se solucione por la vía institucional
Celebran Creel y Bravo salida política en Tabasco
ALONSO URRUTIA Y VICTOR BALLINAS
El acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país para solucionar la crisis en Tabasco se inscribe en el contexto de una nueva gobernabilidad democrática, sostuvo ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Adelantó además que ya se han iniciado los contactos para buscar una salida al caso Yucatán.
Añadió que la relación del Ejecutivo federal con el gobierno de Tabasco -encabezado por Enrique Priego Oropeza- será estrictamente institucional, a fin de que los programas convenidos en el presupuesto puedan operar.
Por separado, el presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, destacó que el acuerdo entre los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) en la Secretaría de Gobernación ''es un éxito de las fuerzas políticas; hubo generosidad de todos los actores para ir acercando posiciones y cediendo algunos aspectos que parecían insalvables''.
Entrevistado en el Palacio de Covián acerca de la situación en Tabasco y Yucatán, Creel Miranda subrayó que el convenio entre los implicados en la crisis no significa que los partidos políticos desistan de interponer acciones legales. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia defina los diferendos en torno a la legalidad de la reforma constitucional tabasqueña y, en consecuencia, del nuevo gobernador interino, Enrique Priego, es muy importante, porque para eso son los tribunales, para resolver conflictos jurídicos.
El encargado de la política interior señaló que el esquema de negociación para resolver la crisis en Tabasco inaugura una nueva era en la que ya no se buscarán las soluciones al viejo estilo, en el que desde el centro se imponían decisiones. "Ni en el caso de Tabasco ni en ningún otro del ámbito local la secretaría va a decidir".
Lo importante, dijo, es construir una gobernabilidad por medio del diálogo, pues aquélla no se consigue mediante confrontaciones o movilizaciones que pudieran provocar situaciones violentas y no democráticas.
Comentó que la voluntad de diálogo demostrada por las diversas fuerzas políticas demuestran que ya no pueden ser válidas las voces "trasnochadas" que renuncian al diálogo como forma de superar los conflictos.
Creel Miranda señaló que el acuerdo establece la renovación de los organismos electorales y una fecha intermedia en la elección -de las originalmente planteadas por PRI y PRD-, lo cual permitirá bajar los ánimos de confrontación que se habían dado en los últimos días.
Mientras, el líder blanquiazul destacó en conferencia con la prensa que en medio de un conflicto grave, de tensión fuerte y de una polarización acrecentada entre las fuerzas políticas tabasqueñas, emergió la voluntad de diálogo y se encontraron los mecanismos para encauzar las diferencias de manera institucional y no mediante ''movilizaciones desordenadas y presiones fuera de la ley, que hubieran incrementado el daño causado a la sociedad tabasqueña y que se debía evitar por todos los medios''.
Precisó que lo importante fue la construcción de una salida política al conflicto, pues se repondrá el proceso electoral en condiciones democráticas, habrá elecciones limpias y justas, y nadie podrá ejercer presión sobre el voto de los tabasqueños.
Bravo Mena aseguró: ''en Tabasco no ganó Roberto Madrazo; se anuló la elección, hay una nueva fecha para elecciones y habrá nuevo órgano electoral''.
El dirigente panista coincidió con el secretario de Gobernación en que dicho convenio ''no significa que los partidos desistan de continuar su lucha en demanda de que las instancias competentes decidan sobre la legalidad o no de la designación del gobernador interino en Tabasco''; incluso, apuntó, ''hasta donde entiendo, el PRD no le ha dado su visto bueno a Priego, y ellos han reservado lo que a su derecho corresponda para iniciar acciones judiciales que impugnan el tema del interinato''.
Lo importante de esta acción, subrayó Bravo Mena, es que el tema del interinato ''va por las vías institucionales y por las vías judiciales, y esto es de celebrarse, porque todo conflicto, por más duro que sea, si va por las vías institucionales hay manera de encauzarlo y no se lastima más al Estado''.
Yucatán, por los mismos cauces
Tanto Creel Miranda como Bravo Mena también se refirieron al caso Yucatán, donde el Congreso local de mayoría priísta desacató un dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El primero explicó que, como en la crisis de Tabasco, la apuesta de Gobernación es ''al diálogo, al entendimiento, al acercamiento de posiciones dentro de un marco legal; La solución tiene que venir de los yucatecos. Por supuesto el papel de la secretaría, en esta nueva época, es de acercamientos, de mediación, de buen componedor.
-Pero se habla de desacato, incluso por el presidente Vicente Fox, y se plantea la posibilidad del uso de la fuerza pública...
-Tenemos que fortalecer y apoyar el marco institucional del país; eso no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, pensamos también que el proceso político se puede convenir de tal manera que se encuentre una solución aceptable para todos. Ya estamos trabajando en ello, inclusive ya hay algunas propuestas que están cayendo relativamente bien entre los distintos grupos. No quisiera anticipar vísperas de esto, pero ahí van las pláticas, se vienen dando bien y vamos a ver seguramente buenos resultados -expresó Creel.
Añadió que en el caso Yucatán, como fue en el de Tabasco, la dependencia ha tenido contacto diario con los diferentes actores políticos para dar un "seguimiento adecuado" al conflicto.
Mientras, el líder panista se manifestó optimista: ''si en Tabasco pudimos, en Yucatán también se debe poder conducir una situación crítica, como la que está en este momento configurada en la entidad, pero a partir del acatamiento a las resoluciones de las autoridades judiciales''.
El PAN, agregó, apoya el fallo del tribunal y todas las decisiones que tome para hacer cumplir su resolución, incluido el uso de la fuerza pública, pero ''éste debe ser solicitado por la autoridad judicial, no por los partidos políticos''.