VIERNES Ť 12 Ť ENERO Ť 2001
Ť Estamos dispuestos a jugar un papel más activo en la negociación: Soberanes
La pacificación de Chiapas, prioridad para la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Ť Desplazados e intolerancia religiosa, dos problemas urgentes de atender en ese estado
Ť Las comunidades indígenas, pobres entre los más pobres, expresa el ombudsman
DAVID APONTE Y CIRO PEREZ SILVA
La pacificación en Chiapas es una prioridad para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dispuesta a jugar un papel más activo para que el gobierno y el EZLN lleguen a la firma de un acuerdo de paz, manifestó ayer el ombudsman José Luis Soberanes.
Ante diputados, expuso que el gobierno federal debe atender en forma paralela dos problemas del entorno chiapaneco que han quedado un ''poco al margen'' ante el tema de la reconciliación: los 20 mil desplazados por la intolerancia religiosa y las condiciones sociales de los indígenas.
Almoloya, ''hotel de lujo''
Del problema en los penales y el tratamiento a los reos en prisiones de alta seguridad -publicado hace varios días por La Jornada-, dijo a los legisladores que Almoloya es un ''hotel de lujo'', comparado con otros centros de reclusión en todo el país, ''donde las violaciones a los derechos humanos son increíbles''.
Las autoridades han creado centros de violaciones a los derechos humanos, en lugar de centros de readaptación social, y no muestran voluntad política para resolver el problema, indicó.
El presidente de la CNDH sostuvo una reunión de trabajo, de poco más de dos horas, con los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias centraron sus preguntas en tres temas: la situación en Chiapas, el problema de los centros penitenciarios y el recorte presupuestal a la oficina del ombudsman.
Gustavo Buenrostro (PAN) planteó el primer asunto con un llamado al Ejecutivo federal para que la Procuraduría General de la República y el Ejército federal dejen de ser los ''dos clientes más importantes de la CNDH'', y el proceso de pacificación tenga lugar en un marco de pleno respeto a los derechos humanos de los indígenas chiapanecos.
''Chiapas es un tema prioritario para el avance democrático del país'', cerró el diputado panista.
Conflictos entre católicos y evangélicos
Soberanes respondió que la paz en Chiapas es un asunto de la más alta prioridad para la comisión a su cargo, pero también deben estar en el mismo nivel los conflictos originados por la intolerancia religiosa y las condiciones sociales de las comunidades indígenas, los pobres de los pobres.
''Fundamentalmente ahí hay una deuda, no del gobierno, sino de todos los mexicanos respecto de los indígenas, concretamente en este caso los chiapanecos. Vemos problemas muy serios en Chiapas, que quizá en este momento quedan un poco al margen ante el problema de la paz. Vemos, por ejemplo, el problema de la intolerancia religiosa, que actualmente ha hecho que tengamos aproximadamente 20 mil desplazados. Son desplazados que están verdaderamente en unas condiciones infrahumanas''.
La intolerancia religiosa ha llevado a la violencia física y ha ocasionado muertos. Tenemos como muestra el triste caso de Acteal, que por cierto todavía no ha sido resuelto. Estos dos tópicos tienen que ser atendidos de manera urgente, indicó.
''La problemática de Chiapas es muy seria y esperamos que el levantamiento del EZLN sea el detonante para que todos los mexicanos nos comprometamos con esa región perdida de nuestro país. Pero nosotros, tenga usted la seguridad, diputado, estamos conscientes y comprometidos absolutamente con los derechos humanos en el estado de Chiapas'', apuntó.
Actualmente, los esfuerzos del Ejecutivo y de los legisladores están encaminados a la firma de la paz, añadió Soberanes.
(Momentos antes de iniciar la reunión con los legisladores, dijo a la prensa que la CNDH trabaja para coadyuvar y ser un facilitador de los acuerdos de paz, sobre todo ahora que el gobierno federal ha estado cediendo a las condiciones del EZLN para el reinicio del diálogo. A pregunta de si cooperaría para salvaguardar la integridad de los zapatistas que viajarán a la ciudad de México, devolvió un sí, porque estamos en esa línea y tomaremos todas las medidas pertinentes.)
Otro panista, Víctor Hugo Sondón, planteó el problema de los centros de readaptación social del país, convertidos en sitios que producen delincuentes del más alto nivel y donde existen violaciones cotidianas a los derechos humanos.
El ombudsman indicó que la oficina a su cargo tiene un diagnóstico de las prisiones del país -que hará llegar a la Cámara de Diputados-, y más allá de la ''picaresca'' por las escenas de Almoloya que trasmitió la televisión, hay una grave violación a los derechos de los reclusos.
''Almoloya es como hotel de lujo respecto a lo que sucede en otros centros de readaptación social, donde las violaciones a los derechos humanos serían francamente increíbles'', dijo.
Como ejemplo, citó el caso de un indígena que murió en una prisión de Pochutla, Oaxaca, a consecuencia de tuberculosis porque no había penicilina. ''šParece mentira!''. El hombre falleció de ''eso en el siglo XXI'' y los medios de comunicación no le dieron una sola línea ágata, expresó.
''Así sucede y es mucho más grave eso, que si se filman escenas picantes (en Almoloya), Ƒverdad?'', manifestó.
Presupuesto de subsistencia
Lo más grave es que no existe voluntad política para resolver esta problemática en las prisiones y aquí el asunto también compete a la sociedad en su conjunto. Es un conflicto del Estado mexicano, siguió.
''Y el Estado no puede actuar como en la época de la Colonia, Ƒverdad?, de decir pues alguien robó, ahora le corto la mano. Es un Estado humanitario, no es un Estado sanguinario el que debemos tener.
''Entonces, se requieren recursos e imaginación para dar una mejor atención a los reclusos'', consideró.
Los diputados preguntaron qué impacto tiene el recorte de 250 millones de pesos para el ejercicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Soberanes dijo: ''Nos dieron un buen presupuesto de subsistencia'', que obligará a cancelar dos programas dirigidos a los indígenas y los migrantes. De por sí la oficina ya no pagaba impuestos al Distrito federal, porque carecía de fondos''.