JUEVES Ť 11 Ť ENERO Ť 2001

Ť Los "ajustes" se hicieron con retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas

En 18 años la burocracia disminuyó 50%

Ť La desincorporación de entidades públicas dejó sin trabajo a cientos de miles de empleados

FABIOLA MARTINEZ

En los últimos 18 años, la plantilla de trabajadores de base al servicio del Estado (a excepción del magisterio) ha disminuido poco más de 50 por ciento, al pasar de un millón a 480 mil empleados aproximadamente.

Lo anterior se ha derivado de la paulatina desincorporación (venta o liquidación) a la iniciativa privada y la fusión y transferencia de entidades públicas, así como de ajustes en las secretarías de Estado. Estos procesos han representado desde entonces recortes de personal -particularmente en empleados de confianza- a través de programas como el "retiro voluntario" o la jubilación anticipada.

Al término del sexenio del ex presidente José López Portillo, en 1982, había en el país mil 155 entidades propiedad del gobierno federal que podían tomar la forma de paraestatales, organismos descentralizados, empresas y fideicomisos.

Con la entrada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República comenzó el proceso más importante de reducción del Estado en la economía, al grado que, a cuatro años de su administración, sólo quedaban 732 entidades públicas, revelan informes oficiales de ese sexenio.

Las ventas de tales instancias de gobierno reportaron ingresos por 500 millones de dólares, particularmente por la "desincorporación" de empresas medianas -a favor de mexicanos- que representaban apenas 2.1 por ciento del PIB.

En los últimos años del gobierno de De la Madrid y el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) reportaba una membresía de casi dos millones de trabajadores, incluido el gremio magisterial, con un millón de integrantes, es decir, el resto de los empleados públicos representaba el 50 por ciento de la burocracia nacional.

Hugo Domensain, dirigente de la FSTSE en ese periodo, afirmó que los "ajustes" a la burocracia derivados del "adelgazamiento" del Estado se aplicaron en aquel periodo a través del retiro voluntario y jubilación. "Nunca en la figura de despido y, cuando ello sucedía, demandábamos", afirmó.

Sostuvo que al final del periodo de De la Madrid, la membresía del empleados de base no disminuyó significativamente porque el recorte se aplicó con mayor énfasis en el personal de confianza, mientras que "miles" de empleados fueron reubicados a otras dependencias o a las previamente fusionadas con otras paraestatales y organismos descentralizados.

Domensain, actual funcionario del ISSSTE, dijo que el "adelgazamiento" de la burocracia no es el camino más adecuado para obtener recursos o cuidar las finanzas públicas, mucho menos en las áreas de servicios médicos, donde actualmente se carece de personal.

De acuerdo con datos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2001, el número de cotizantes del ISSSTE (empleados públicos) en 1959, periodo de su fundación, era de 1.4 millones de mexicanos; para 1990 aumentó a 2 millones, incluido personal de confianza y eventual, y en el 2000 se registraron 2.3 millones de afiliados.

Sin embargo, dirigentes sindicales afi rman que los recortes generan carga financiera al ISSSTE, ya que la mayoría de estos empleados pasan al rango de pensionados o jubilados.

En 1980 había 64 mil jubilados, y tras el periodo de "ajustes" en la burocracia en los sexenios de De la Madrid y Salinas, así como los naturales retiros, esta cifra pasó a 204 mil. Actualmente, hay poco más de 384 mil jubilados y pensionados dependientes del ISSSTE, señala información oficial.

Respecto a las entidades públicas queda un centenar, además de las secretarías de Estado, en las que laboran 1 millón 680 mil trabajadores de base. A ello se agregan los empleados de empresas del sector estratégico que aún pertenecen al Estado, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, entre otras, cuyos trabajadores están regidos por contrato colectivo y cuentan con protección social distinta a la que otorga el ISSSTE.

Ante las versiones en torno a un nuevo recorte de burócratas, Enrique de la Garza, investigador de la UAM y coordinador del libro La privatización en México, consecuencias sociales y laborales, dijo que desde los años 80 el gobierno federal ha argumentado que se requieren obtener recursos por esta vía para solventar los gastos del país y, particularmente, para dejar al mercado la rectoría de la economía y no al Estado.

Esta política neoliberal, agregó, ha traído como consecuencia la privatización de empresas públicas de áreas estratégicas, y el despido de cientos de miles de trabajadores en sectores como el bancario, telecomunicaciones, petroquímica, siderúrgica, puertos, ferrocarriles, minería, ingenios y aeropuertos, entre otros, cuyos "éxitos" han sido parciales.

Por ello, dijo, si el gobierno actual tiene esta intención, debe pensar en principio en una restructuración y en programas de capacitación para los empleados públicos, pues ante los recortes y ajustes pasados las dependencias, salvo áreas particulares, ya operan con el personal mínimo indispensable.