JUEVES Ť 11 Ť ENERO Ť 2001
Ť Falta presupuesto
Turbulencia en las universidades públicas del país
JOSE GALAN, CAYETANO FRIAS, MARTIN SANCHEZ TREVIÑO Y JAVIER SALINAS CESAREO
Los recortes federales y estatales al subsidio, la desigualdad en el financiamiento, las presiones de la base trabajadora para lograr aumentos salariales equiparables a los otorgados por planteles federales, la carencia de presupuestos para capacitación de docencia e infraestructura, y el uso político de las Legislaturas estatales para el tratamiento económico a instituciones autónomas por ley, ha comenzado a provocar turbulencias e inquietudes en diversas universidades públicas del país.
Además, las presiones de los tres niveles de gobierno para que las universidades públicas incrementen sus cuotas, es decir la captación de recursos propios, ha llevado a las autoridades universitarias de varias regiones a realizar labores de cabildeo que, de no resultar exitosas, podrían dar pie a marchas y plantones con el consecuente daño a las actividades académicas.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas obtuvo un amparo de la justicia federal para no ser auditada sobre la aplicación de los recursos que recibe por parte de la Federación, y que obligó, según el rector Humberto Filizola Haces, a que el órgano superior de fiscalización del Congreso de la Unión se desistiera de la auditoría.
En la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), ante el emplazamiento a huelga para el primero de febrero que realizaron los más de 3 mil 500 trabajadores administrativos y académicos, que reclaman un incremento salarial del 40 por ciento, el rector de la institución, José Reyes Sánchez, señaló que sólo se está en posibilidades de otorgarles un 10 por ciento.
En Jalisco, las cuatro fracciones legislativas representadas en el Congreso local (PAN, PRI, PRD y PVEM) acordaron aprobar reasignaciones en el presupuesto de egresos del gobierno del estado para destinar 120 millones de pesos adicionales a la Universidad de Guadalajara (UdeG), en entregas parciales, sacrificando más de 80 millones de pesos que originalmente estaban asignados al rubro de obra pública en los municipios.