jueves Ť 11 Ť enero Ť 2001
Adolfo Sánchez Rebolledo
Riesgo de retroceso
El presidente Fox no quiere meter las manos en Tabasco y menos aún en Yucatán, pero mientras son peras o manzanas, Madrazo, Cervera y el PRI sacan provecho de esa curiosa política de neutralidad y "no intervención" presidencial, ganando un tiempo precioso mientras llega la hora de la negociación que sin remedio disipará la polvareda jurídica levantada por esta crisis. Es preciso subrayar que a la Secretaría de Gobernación, como bien acotó el secretario Creel, no se le puede exigir que "reconozca" mediante un acto discrecional al interino de su preferencia, cosa que sería absurda e ilegal; tampoco sería razonable pedirle que suplantara a los legítimos actores locales, pero sí puede exigírsele a quien por ley le corresponde que deje oír con claridad su voz a favor del derecho y contra las chicanas, afirmando el apoyo institucional del gobierno federal al Tribunal Electoral y su compromiso de propiciar una solución política dentro de la ley, solución que, por lo visto, no se dará espontáneamente en las instancias estatales.
No se puede soslayar el daño que ya se le ha hecho a la credibilidad del Tribunal Electoral, que fue factor importantisimo en el éxito de las tan celebradas elecciones presidenciales. No se olvide que la reforma electoral de 1996, aquélla que se quería "definitiva", nos trajo dos novedades mayores: la primera fue la constitución del IFE como un organismo autónomo del Ejecutivo; la segunda, la incorporación del Tribunal Electoral como máxima autoridad al Poder Judicial de la Federación.
El funcionamiento complementario de ambas instituciones permitió a México atravesar las turbulencias de la transición cuyo final no se ve todavía, a pesar de los mejores entusiasmos democráticos. Pero el ciclo no se cierra aún. No sólo no ha concluido el cambio sino que éste corre el riesgo de empantanarse en las lagunas de una legislación --y una relación de fuerzas, claro está-- que funcionaban más o menos bajo el presidencialismo, pero son una traba enorme para la plena normalización democrática del país. Aunque el Presidente advierte complacido en los sucesos de Yucatán y Tabasco la llegada de la "onda" de cambios inaugurada, según él, en el norte del país, lo cierto es que la crisis del sureste demuestra que el diseño constitucional que permitió los avances anteriores es insuficiente y debe completarse en el ámbito federal y local, si no se desea que la prometida reforma política del Estado se quede en la glorificación autocomplaciente de la alternancia, pero sin tocar los fundamentos del viejo régimen.
El PRI ya ha dicho con toda claridad que no desea seguir jugando con las mismas reglas mientras se mantengan en la liza los jueces y los árbitros actuales. Los conflictos en Tabasco y Yucatán reactivaron las más viejas sospechas del priísmo sobre la llamada ciudadanización de la autoridad electoral, poniendo en tela de juicio su pretendida imparcialidad, y ya puestos en el camino de regreso pidieron "acotar" al Trife debido a que, dijeron, la normatividad vigente deja a los partidos en la indefensión jurídica.
Y como el PRI no va a desaparecer de la escena por arte de magia, ni sus gobernadores se van a derrumbar a fuerza de exorcismos y condenas morales, aunque es posible que se divida como producto de este episodio, es urgente examinar el problema para tomar las providencias legales y políticas que sean pertinentes antes de que otro conflicto "pre" o "post" electoral nos arrastre a todos a una nueva crisis.
Si los señores diputados y senadores y el Presidente de la República desean poner orden en la casa federal, encauzando la lucha por el poder que subyace bajo el terciopelo de la transición, deberían asumir con absoluta seriedad la reforma del Estado que está pendiente, definir constitucionalmente las instituciones del régimen democrático, unas reglas del juego que sirvan para poner a punto la ley con la realidad.