MIERCOLES Ť 10 Ť ENERO Ť 2001
Emililio Pradilla Cobos
Fin al estatuto de excepción
La coordinadora de la fracción del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, María de los Angeles Moreno, ha ratificado, una vez más, la histórica oposición de su partido a la conversión del DF en el estado 32 de la Federación (La Jornada, 7-I-2001, página 25). Como lo demuestra también en Tabasco y Yucatán, el PRI se niega a reconocer los cambios políticos ocurridos en el país y la capital, para lo cual pretende eternizar un estatuto de excepción, viejo de más de 70 años, que recorta los derechos políticos de sus ciudadanos, limita la soberanía de la entidad y somete a sus poderes Ejecutivo y Legislativo a un ejercicio restringido de sus funciones en materia local frente a sus homólogos federales.
Esta situación de excepción que coloca al DF en el limbo entre estado y municipio, causa muchos problemas y conflictos, que la misma diputada Moreno Uriegas evidencia en su declaración. Impide la elaboración democrática de una Constitución local que consagre los derechos y deberes de sus ciudadanos y los poderes que los gobiernan, manteniendo un ordenamiento legal básicamente político-administrativo, el Estatuto de Gobierno, aprobado por el Congreso federal sin participación de los defeños. Las funciones de la ALDF en materia local se ven limitadas por las que aún conserva el Congreso federal, entre las que destaca la aprobación de la capacidad de endeudamiento de la entidad.
El Poder Ejecutivo local tiene facultades limitadas para la designación del procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, que están sometidos a la aprobación presidencial. La ambigüedad estado-municipio fue, y sigue siendo, el pretexto para que cada año se presenten conflictos por la asignación de las partidas del ramo 33 a la capital, aunque este año hayan tenido una resolución relativamente satisfactoria.
El estatuto de los jefes delegacionales y sus gobiernos, en relación con el gobierno central, sigue siendo insuficiente, confuso y con lagunas que no dejarán de traer problemas en el actual periodo, dadas las diferencias de origen partidario, que habrá que resolver mediante acuerdos inestables y normas establecidas sobre la marcha, sin referentes jurídicos claros.
Los jefes delegacionales electos, que ya no son "delegados" de la jefatura de Gobierno, cuya autonomía es imprecisa, carecen de un órgano colegiado que exprese la pluralidad política y social de su demarcación, como lo hacen los ayuntamientos municipales. En síntesis, la maraña político-administrativa que se ha ido tejiendo con las reformas sucesivas, incompletas e insuficientes, realizadas sin consultar a la ciudadanía, es un factor de mayor dificultad para enfrentar las complejas realidades de la más compleja concentración urbana del país.
Los argumentos hoy esgrimidos por el PRI repiten aquellos que a fines de los años 20 sirvieron para eliminar los municipios en la capital, e ignoran todo lo ocurrido desde entonces.
Con estas ideas, el PRI se opondrá también a otras reformas necesarias para administrar democrática, republicana y eficazmente una de las mayores concentraciones urbanas del mundo, la Zona Metropolitana del Valle de México, asentada sobre tres entidades federativas y 75 municipios y delegaciones, y fragmentada, por tanto, administrativamente: la creación de una autoridad metropolitana dotada de organismos ejecutivos para la gestión de infraestructuras y servicios comunes, y la posible formación de un parlamento metropolitano.
El PAN y el PRD --partidos políticos que han incluido en sus programas la conversión del DF en estado 32-- y otras fuerzas democráticas presentes en la ALDF y en el Congreso federal, tienen ante sí la disyuntiva de ceder a las presiones políticas del PRI, o impulsar una campaña amplia de concientización y consulta pública a la ciudadanía, que refuerce las consultas plebiscitarias llevadas a cabo en el pasado por organizaciones no gubernamentales, para empujar la reforma política plena para la capital.
En este proceso, que reivindicaría la ampliación de las libertades políticas y no su limitación, debería incluirse el problema de la autoridad metropolitana, como una primera aproximación al tema, dado que también habría que buscar el consenso de los ciudadanos y los gobiernos de los municipios mexiquenses e hidalguenses conurbados al DF en la ZMVM. Otras áreas metropolitanas del país tienen problemáticas similares, lo que ameritaría una reforma constitucional más amplia, de alcance nacional.
Estos son temas fundamentales en la búsqueda de una gobernabilidad democrática plena y una gestión eficaz y eficiente para una de las concentraciones más grandes y más complejas del mundo. No abordar y resolver estos temas es aplicar la política del avestruz, que hunde su cabeza en la arena para no ver ni oír lo que amenaza su cuerpo descubierto.