MIERCOLES Ť 10 Ť ENERO Ť 2001
Carlos Martínez García
Oposición retardataria
Su papel como oposición retardataria, y suspirante por la restauración del antiguo régimen, se ha mostrado en toda su putrefacción en muy poco tiempo. Los priístas de Chiapas se aglutinan para sabotear las primeras acciones del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Al ver cada vez más lejos los beneficios de usufructuar el poder, que detentó de manera despótica y nepótica, la clase política del PRI que controló políticamente el estado se lanza cual kamikaze contra un proyecto democratizador que puede sentar las bases para el desarrollo con justicia y paz en la entidad.
La fracción del PRI encabezada por el diputado Mario Carlos Culebro, que se hizo de la mayoría en el Congreso chiapaneco bajo el modus operandi de Roberto Albores, mantiene su irracionalidad y peores reflejos sectarios que mostró grotescamente hace un mes, en la toma de protesta a Pablo Salazar como gobernador de Chiapas. En esa ocasión Culebro creyó que ser demócrata es cuestión de palabras, y las suyas -atropelladas e insensatas- se refirieron a la estricta separación de poderes, a la vigilancia que el partido derrotado en la entidad el 20 de agosto mantendría respecto de las acciones del gobierno, y a ensalzar la gestión del gobernador saliente. Esto último le valió una rechifla de antología, al grado de que Albores tal vez le haya recriminado en privado el haber mencionado su nombre, exponiéndolo a la jocosa como ácida reacción de las combativas graderías que se pitorreaban a cada invocación del apelativo del gobernador sustituto del sustituto del interino, o sea Albores Guillén. Quienes escuchamos la sarta de torpezas proferidas por Carlos Culebro, y alguna experiencia tenemos en eso de escrutar las declaraciones políticas, sentimos vergüenza ajena creciente al presenciar cómo entre más hablaba el legislador acumulaba ridiculeces y ejemplificaba el cinismo característico del peor priísmo.
Los que dieron constantes muestras de uso faccioso del poder, y se inclinaron ante el mismo con solícita voluntad, por estos días se presentan como perseguidos por defender la autonomía del Poder Judicial, cuando lo que Salazar Mendiguchía reclama nada tiene que ver con sujeción a las directrices del Ejecutivo, sino con la necesaria rendición de cuentas de quienes tuvieron a su cargo el manejo de importantes presupuestos en la (des)administración de Albores. Es el caso del relegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, Noé Castañón. Este personaje, que dice haber recibido amenazas de muerte por parte de Pablo Salazar y por eso hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos para que esté atenta a su caso, fue caja de resonancia del gobierno alborista. Se prestó gustoso, sin ver en ello la intervención del Poder Ejecutivo en el Judicial, a servir de canal para allegarle fondos a la Comisión y Consejo de Remunicipalización de Chiapas (uno de los organismo creados por Albores para intentar disminuir a las bases del EZLN). Castañón busca cubrirse bajo el manto de ser perseguido a causa de su lucha por salvaguardar la independencia del TSJCh, con ello pretende tapar la cloaca que revela su complicidad con el demencial uso que del presupuesto hicieron Albores y sus allegados.
El magistrado presidente, según investigaciones de la prensa (relativamente pequeña pero, eso sí, creciente) que en Chiapas está al servicio de los lectores y no de los gobiernos en turno, habría desviado cuatro millones de pesos de la instancia que preside hacia organismos adscritos al Poder Ejecutivo. Las evidencias que lo señalan de haber incurrido en delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad tienen solidez y apuntan en un sentido que Noé Castañón quiere desviar. Es la misma prensa aludida, una de cuyas publicaciones dirige Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en Chiapas, la que documentó la tarifa que le pusieron los legisladores del PRI a Roberto Albores por aprobarle la cuenta pública de 2000. Inicialmente, los 26 diputados priístas, más uno del PRD, exigieron 300 mil pesos para cada uno como reconocimiento al patriotismo de su voto favorable. El gobernador, a pocos días de dejar el cargo, pidió comprensión y una rebajita: todo quedó en 150 mil para cada uno de los congresistas. Mario Carlos Culebro estuvo al frente de las negociaciones que buscaban asegurarle una muy feliz Navidad a los diputados que desinteresadamente le dieron su solidaridad a Roberto Albores Guillén (nota de Daniel Pensamiento, semanario Páginas, 7/1).
El priísmo chiapaneco se acostumbró a depender única y exclusivamente de los gobiernos presididos por uno de sus integrantes, no quiere y no sabe hacer política en escenarios democráticos o en transición de serlo. Su visceral y resentida oposición a la administración de Pablo Salazar demuestra la dimensión de los estertores que le aquejan. En su desbarrancamiento, y eso es lo peligroso, puede llevarse a otros actores políticos que verdaderamente buscan la transformación integral de Chiapas.