MIERCOLES Ť 10 Ť ENERO Ť 2001 A

Ť Demanda al TEPJF actuar para que se instale el Consejo Electoral yucateco

Interpone PRD recurso de incidente de ejecución

Ť Los perredistas, de acuerdo con el uso de la fuerza pública en esa entidad: Ortega

ANDREA BECERRIL Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El Partido de la Revolución Democrática interpuso ayer por la noche un recurso de "incidente de ejecución de sentencia" ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el que solicita a este órgano hacer uso de todas sus facultades para que el Consejo Estatal Electoral de Yucatán, que él mismo designó, pueda instalarse y sesionar "con plenas garantías" el próximo 15 de enero.

En tanto, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República, Jesús Ortega, afirmó que su partido está de acuerdo con el uso de la fuerza pública en caso de que la mayoría priísta en el Congreso de Yucatán se oponga a que el consejo electoral, nombrado por el máximo tribunal federal en la materia, tome posesión.

El legislador manifestó que hay un "desacato inadmisible" de los diputados priístas de Yucatán a la resolución del TEPJF, el cual está facultado para hacer uso de todos los elementos, incluida la fuerza pública, para evitar "alguna tropelía del gobernador Víctor Cervera Pacheco, como una agresión, algún intento de desalojarlos e impedirles que tomen posesión".

Jesús Ortega precisó que si tuviera que recurrirse a esto último tendría que ser la PFP la encargada de mantener el orden, aunque agregó que aún confía en que Cervera Pacheco actuará de manera prudente y acatará la resolución del TEPJF, "al igual que los gobernadores priístas".

Expresó que sería "gravísimo que un cacique regional le impusiera decisiones y normas al país y al propio estado, en contradicción con el Poder Judicial", y apuntó que su partido "por supuesto no participaría en los comicios si el actual gobernador pasara por encima de la resolución del tribunal e impusiera a otro consejo electoral. El PRD ni siquiera estaría en la disyuntiva de participar o no, porque no habría órgano electoral. El que pretende imponer Cervera Pacheco es inexistente".

Riesgo de delinquir

La secretaria de Relaciones Políticas de la directiva perredista, Lorena Villavicencio -quien interpuso el recurso también llamado de "incidente de apremio"- consideró que "ha faltado rigor al TEPJF para hacer valer sus fallos, ante el incumplimiento permanente de los diputados locales del PRI" en aquella entidad.

Advirtió que en el instante en que el consejo electoral afín al gobernador yucateco realice un solo acto como tal, "en ese momento sus integrantes delinquen y se colocarán en usurpación de funciones", y puntualizó que, en cuanto Cervera Pacheco entregue dinero a su consejo electoral, también pasará a ser "delincuente".

En tanto, la directiva nacional del PRD denunció que la estrategia priísta, desplegada tanto en Yucatán como en Tabasco, "pretende desestabilizar el proceso de alternancia en la conducción del gobierno federal, obligar a la desaparición de poderes y plantear una controversia política entre un grupo de gobernadores del PRI -con mando territorial en varias entidades- y el Presidente de la República".

Maniobras del Presidente o de la SG

Puntualizó: "No puede ni debe ser el Presidente de la República, ni el secretario de Gobernación quienes recurran a golpes de mano o a maniobras políticas para tratar de imponer criterios", y consideró que la disputa debe darse en el terreno legal, para "sujetar a los gobernadores priístas al cumplimiento de la ley, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes secundarias".

Caracterizó: "El estado de derecho hasta hoy no ha operado en el país; las componendas políticas, el tráfico de influencias, el encubrimiento de ilegalidades y los acuerdos por debajo de la mesa, en pactos políticos se dan entre la misma familia que gobernaba: un presidente del PRI y mandatarios del mismo partido".

Y recomendó: "Hoy hay que colocar a los gobernadores del PRI frente a la opinión pública y al país, ante la disyuntiva de acatar la ley o ser sujetos a las propias acciones de los tribunales jurisdiccionales para que con el imperio de la ley, y la fuerza del Estado, se les pueda someter".