MIERCOLES Ť 10 Ť ENERO Ť 2001

Ť Preocupación de miembros del Poder Judicial

Consideran muy graves desacatos a fallos federales en Tabasco y Yucatán

JESUS ARANDA

Al interior del Poder Judicial de la Federación se considera que es "muy grave" que las autoridades de Yucatán y Tabasco se nieguen a acatar los dictámenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y se advierte que debe ser "irreversible" el proceso de judicialización de los conflictos electorales en el país.

Fuentes consultadas indicaron que Roberto Madrazo Pintado y Víctor Cervera Pacheco podrían ser sujetos de responsabilidad por violar el artículo 128 constitucional, el cual establece que todo funcionario público, sin excepción, antes de tomar posesión de su cargo protestará guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Es decir, explicaron, que antes de defender los criterios de su partido político, su obligación es -o fue, en el caso de Madrazo-, cumplir con la carta magna, la cual señala que el TEPJF es la máxima autoridad electoral y por tanto, sus resoluciones son definitivas e inatacables.

Tras los recientes hechos en Tabasco y Yucatán, así como las declaraciones del PRI de que habría que revisar las facultades de los magistrados electorales, los funcionarios recordaron que precisamente fueron los partidos políticos los que en 1996 decidieron por consenso dejar en manos de un tribunal la resolución de los conflictos electorales.

Además, dijeron, para darle mayor autonomía a sus resoluciones fue que la reforma de ese año integró el TEPJF.

Por ello los cambios en la estructura de la calificación electoral debe ser una decisión consensuada por los partidos políticos en el Congreso de la Unión, pero -aseveraron-, los cambios no deben alterar la judicialización de las diferencias electorales.

Se puede aumentar o reducir la cifra de magistrados electorales, se pueden cambiar plazos para emitir resoluciones, o bien, la forma de su designación, pero debe mantenerse la idea central de la última reforma electoral de que sea un órgano jurisdiccional autónomo el que califique los comicios. Sería inconveniente regresar a los métodos políticos para resolver las diferencias electorales.

Para los informantes, la preocupación por los últimos sucesos estriba en que se pasó de la crítica de los partidos al TEPJF por sus fallos, a que ahora las autoridades locales son quienes se niegan a aceptar decisiones que consideran contrarias a los intereses del partido que los llevó al poder.

Rechazaron que la situación en esos estados se deba a "lagunas jurídicas". Se trata, subrayaron, del incumplimiento, sin base legal, de decisiones jurisdiccionales.