DOMINGO Ť 7 Ť ENERO Ť 2001
Ť Consumió ya medio sexenio en su intento de renovar el Tribunal de Justicia estatal
Colima: pleito del gobernador con los poderes Legislativo y Judicial
Ť Ha costado al erario $5 millones y el incremento de 10 a 15 magistrados en el órgano judicial
VERONICA GONZALEZ CARDENAS CORRESPONSAL
colima, col., 6 de enero. Un conflicto originado por un intento del gobernador Fernando Moreno Peña de renovar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) derivó en un pleito jurídico y político que consumió ya medio sexenio del Ejecutivo y lo mantiene enfrentado a los poderes Legislativo y Judicial.
Eje central en esta controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido dos resoluciones que han costado al erario 5 millones de pesos sólo en indemnizaciones, sin considerar que sus resolutivos incrementaron de diez a 15 los magistrados del órgano judicial local, aunque actualmente sólo ejercen el cargo 13 de ellos.
La oposición panista acusa ahora al gobernador ante la SCJN de evadir el dictamen y poner en riesgo los poderes en el estado y aunque su denuncia no tiene validez jurídica, sus promotores indican que pretende evitar malos precedentes.
No sólo eso, uno de los ex magistrados, Jesús Rentería Núñez, interpuso un incidente de inconformidad y un recurso de amparo ante un juzgado de distrito contra la resolución del gobernador de no ratificarlo en el cargo sin antes haber hecho efectivo su derecho de audiencia.
En el principio fue un empate
El primero de octubre de 1997 rindieron protesta los 20 diputados del Congreso local conformado por diez priístas, además de siete panistas y tres perredistas quienes se unieron en un bloque opositor que empató la legislatura y maniató de algún modo a Fernando Moreno Peña, quien asumió la gubernatura exactamente un mes después.
El 6 de noviembre, emulando a sus antecesores, Moreno Peña pretende renovar al STJE, en ese entonces de ocho magistrados, para lo cual envió al Congreso una propuesta en la que ratifica a Rocío López Llerenas y Eugenio Olmos Mendoza.
A los otros cinco propone renovarlos por Rafael García Rincón, Felipe Chávez Carrillo, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez y Fidel Vega Gudiño.
La propuesta se turna a la Comisión de Estudios Legislat
ivos y Puntos Constitucionales del Congreso, presidida entonces por el panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, la cual divide los nombramientos en dos dictámenes que son discutidos y votados en el pleno del primer periodo ordinario de sesiones realizada el 15 de noviembre de 1997.
El dictamen relativo a la ratificación de López Llerenas y Olmos Mendoza fue aprobado con 18 votos a favor y 2 abstenciones. Con ello adquirieron el carácter de inamovibles, igual que Enrique Guedea, quien ya gozaba de esa condición.
El segundo dictamen incluyó a los cinco postulados pero la votación se empató con los votos a favor del PRI y los del bloque opositor.
Preciado Rodríguez, por la bancada opositora, argumentó que reprobaban estos nombramientos por, entre otras razones, los antecedentes penales de tres de los promovidos por el Ejecutivo, ya que fueron consignados el 7 de mayo de 1992 por abuso de autoridad y un mes después aprehendidos y remitidos al penal estatal.
Uno de los inculpados, Rafael García Rincón, fue exonerado pero la Comisión de Estudios Legislativos consideraba que no reunía el requisito de buena reputación.
Respecto de Felipe Chávez Carrillo, la comisión observó que carecía de carrera judicial y dados los cargos de dirigente juvenil del PRI que había ejercido, la independencia del Poder Judicial no estaba garantizada. Se dijo también que "el tráfico de influencias de un síndico y miembro de una barra de abogados aumentaría siendo magistrado, ya que es fácil ver en su currículum que nos manda las cartas de recomendación redactadas más o menos iguales, con la firma y sellos de los distintos jueces del estado", incluido al también propuesto para magistrado Ramón Cervantes Amezcua.
Este último, dijo la Comisión, tampoco garantizaba la división y equilibrio de poderes y con respecto a José Alberto Peregrina Sánchez "tenemos conocimiento de que ha sido detenido en estado de ebriedad y que las autoridades administrativas lo han dejado el libertad gracias al cargo que tiene".
Aunque a Fidel Vega Gudiño no se le objetó nada, quedó incluido en este grupo de rechazados para ocupar un puesto en el STJE.
Triunfo y revés del gobernador
Según el artículo 70 de la Constitución estatal, el 15 de noviembre era el último día en que el Congreso debía aprobar o rechazar los propuestos del gobernador, pues "si no resolviera dentro de dicho término (diez días) se tendrán por aprobados".
Con esta disposición, la fracción del PRI declara una aprobación tácita de los nombramientos y cita para el día siguiente a una sesión solemne a la cual se niegan a asistir los diputados opositores y por tanto los magistrados no rinden protesta.
El gobernador decide entonces interponer la controversia constitucional 36/97 ante la SCJN, la cual resuelve el 20 de octubre de 1998 en favor del Ejecutivo y ordena al Congreso local que tome protesta a los magistrados rechazados por ese Poder Legislativo. Ese mismo día, se aprueba pensionar a Enrique Guedea, quien es sustituido por María Luisa Ruiz Corona.
Magistrados inamovibles
son destituidos
De ese modo se integran al STJE Rafael García Rincón, Felipe Chávez Carrillo, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez y Fidel Vega Gudiño -los cinco que el Congreso había rechazado-, lo mismo que Rocío López Llerenas y Eugenio Olmos Mendoza, los dos que la Legislatura había ratificado, y Enrique Guedea, quien era inamovible.
Sin embargo, durante los once meses que duró la controversia constitucional, los cinco magistrados nombrados en el sexenio anterior y que debían ser sustituidos -Enrique de Jesús Ocón Heredia, Jesús Rentería Núñez, Yolanda Macías García, Jorge Magaña Tejeda y Carlos Alberto Macías Becerril- continuaron en funciones, por lo que el gobernador, para dar cumplimiento a la decisión suprema de incorporar a sus elegidos, los destituyó el 20 de octubre de 1998.
Estos, sin embargo, se amparan ante la SCJN, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los magistrados duran seis años en su cargo y si se ratifican son inamovibles.
El 15 de noviembre de este año, la Corte resuelve los amparos 2021/99, 2083/99, 2130/99, 2185/99 y 2195/99 y concede la protección de la justicia federal a los cinco magistrados del sexenio anterior y ordena a las autoridades estatales que dejen insubsistentes los actos reclamados -los nombramientos hechos por Moreno Peña en 1997-, los reinstalen en sus cargos con pago de salarios caídos y, hecho lo anterior, "se emita por el gobernador el dictamen de evaluación de desempeño en el puesto que concluya con la determinación de si procede ratificarlo o no en el cargo atendiendo a los criterios especificados en el artículo 116 de la Constitución federal, todo lo cual deberá ser sometido para su aprobación al Congreso de la entidad".
El gobernador acepta parcialmente la reinstalación -las de Yolanda Macías García, Jorge Magaña Tejeda y Carlos Alberto Macías Becerril- y el 16 de noviembre envía al Congreso estatal dictámenes para no ratificar a Enrique de Jesús Ocón Heredia y Jesús Rentería Núñez, lo que convalida dos días después el Poder Legislativo.
El 23 de noviembre se pagan los salarios caídos a los cinco magistrados amparados y los tres reinstalados se integran a los ocho que conforman ya el STJE y aparentemente allí concluye el conflicto. La resolución así cumplimentada incrementa de ocho a once el número de magistrados.
Unos meses después, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora al Tribunal a Eliseo Arroyo Alcalá y José Alfredo Jiménez Carrillo, por lo que actualmente integran 13 magistrados el STJE.
Respecto a la legalidad del rechazo de Ocón Heredia y Rentería Núñez, el secretario de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso, el priista Roberto Chapula de la Mora, recordó que en 1998 la Barra de Abogados de Colima y la Federación de Colegios y Barras de Abogados de la cual él era vicepresidente, presentaron una demanda de juicio político contra los integrantes del pleno del STJE, del cual formaban parte ambos magistrados.
Los abogados consideraron que los jueces disponían de fondos provenientes de la oficina de productos y consignaciones que tenían en custodia, o sea, los rendimientos de los depósitos que hacían los particulares a una autoridad jurisdiccional con motivo de algún acto jurídico, tales como consignaciones por pensiones alimenticias y fianzas.
Al respecto, el 12 de diciembre pasado Rentería Núñez interpuso un recurso de amparo ante el juzgado segundo de distrito, en el cual refiere violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución de la República, pues el Congreso del Estado firmó el acuerdo número 7 por medio del cual lo cesa como magistrado, aprobando un dictamen del Ejecutivo estatal en el cual lo pone como "lazo de cochino, y creo que todos tenemos derecho a nuestra honra y buen nombre".
Explicó que presentó el recurso de amparo porque el juez segundo de distrito ya declaró cumplimentada la sentencia de la Corte de reinstalarlo y pagarle los salarios caídos por parte de las autoridades responsables, pero él está en desacuerdo con esa declaratoria, pues el artículo 14 de la Constitución señala que no puede ser privado de su cargo mediante juicio ante la autoridad competente, sin antes haber hecho valer su garantía de audiencia. Rentería Núñez negó las acusaciones respecto a un supuesto mal uso de recursos del erario público: "lo desmiento totalmente", aseguró.
El día que los poderes estuvieron en peligro
En el cumplimiento del segundo mandato de la SCJN, el gobernador comete una serie de errores que la oposición utiliza para presentar el 7 de diciembre, ante la SCJN, una denuncia de hechos en su contra en donde lo acusan de evadir la resolución emitida por ese órgano judicial para reinstalar a los cinco magistrados destituidos por él mismo y que obtuvieron el amparo de la justicia federal.
Los senadores panistas Salvador Becerra Rodríguez y Víctor Manuel Torres Herrera, y los diputados locales Antonio Morales de la Peña y Jorge Octavio Iñiguez Larios, éste coordinador de la bancada blanquiazul, denunciaron ante el ministro Mariano Azuela Guitrón que los nombramientos de los magistrados propuestos por Fernando Moreno Peña, que sustituyeron a los removidos en 1997, se declararon insubsistentes "a destiempo", pues los funcionarios "fernandistas" se coludieron con el gobernador para evadir el fallo de la Suprema Corte de Justiciapresentando su renuncia.
Morales de la Peña, secretario de la Comisión de Justicia, explicó que "ni el gobernador ni (el) Congreso declararon la insubsistencia de los nombramientos de 1997, por lo que declaramos ante la opinión pública que estábamos en peligro de que se decretara la desaparición de los poderes en Colima, puesto que el fallo de la Corte debía acatarse en 24 horas y cuando la autoridad responsable no acata la sentencia de una autoridad jurisdiccional procede la inmediata separación del cargo".
La denuncia, sin validez jurídica: STJE
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Felipe Chávez Carrillo, aseguró que la resolución de la SCJN para reinstalar a los cinco magistrados removidos en 1997 por el gobernador se cumplimentó en todos sus términos y por tanto la denuncia de hechos presentada por los legisladores ante la Corte carece de validez jurídica.
No obstante, el pleito sigue y quizá Moreno Peña termine su periodo (el 1o. de noviembre de 2003) igual que como inició: enfrentado a los poder Legislativo y Judicial.