SABADO Ť 6 Ť ENERO Ť 2001

Alberto J. Olvera

Tabasco y Yucatán: el boicot a la transición política

Los conflictos políticos en buena parte del sureste del país constituyen la resistencia final del núcleo duro del PRI en contra de las leyes e instituciones que han abierto el camino de la transición. El Poder Judicial está particularmente bajo ataque, pues se ha convertido, por azares del destino, en el verdugo del viejo régimen. Quienes creen que la derrota del PRI el 2 de julio fue un cambio para que nada cambie deberán afinar su perspectiva y reconocer que en materia política mucho está cambiando frente a nuestros propios ojos, y que los riesgos del proceso son muy grandes como para ignorarlos.

Los casos de Yucatán y Tabasco son, evidentemente, decisivos para el transcurso de la incompleta transición política que vive el país. En Yucatán el viejo cacique Víctor Cervera Pacheco ha decidido jugarse todas sus cartas en contra de la decisión del tribunal federal electoral que obligaba a reponer el proceso de designación de los miembros del Consejo Estatal Electoral. Al tomar el camino de la confrontación con el TEPJF en supuesta defensa de la soberanía estatal, Cervera ha llevado a una situación límite un conflicto cuyo eje es si la ley y las instituciones electorales vigentes han de ser respetadas o no.

Este ataque al TEPJF ha sido plenamente avalado por la dirección nacional del PRI, lo cual sitúa a este seudopartido en los márgenes de la ley, demostrando así que reconoce que su sobrevivencia política depende del mantenimiento de sus viejos privilegios por lo menos en la escala local y que no le importa poner en riesgo los precarios equilibrios sobre los cuales se funda una transición sin pacto como la nuestra.

La ofensiva del PRI se está canalizando a la instancia máxima del propio Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el factor tiempo tiene aquí una importancia central, puesto que las elecciones para gobernador son en mayo, lo cual implica que la Comisión Estatal Electoral debe empezar a trabajar cuanto antes. Dado que el Congreso local ha decidido darle el presupuesto a su comisión, incurre en desacato al máximo tribunal electoral, lo que exige un juicio político en contra de los actuales diputados priístas.

En el caso de Tabasco, la decisión del TEPJF de considerar ilegales las pasadas elecciones de gobernador, aduciendo que se usaron fondos e instituciones del gobierno estatal para favorecer al candidato del PRI, implica que el gobernador anterior tiene una responsabilidad política y posiblemente otra penal al ser el ejecutor de esas acciones ilegales. Sin embargo, no está en claro cuál es la instancia que debe procesar al malhechor. En estricto sentido debería ser el Congreso local, pero esto no es posible dado que el PRI controlado por Madrazo sigue siendo mayoría en él. Es un terrible mensaje para la nación que mientras que el máximo tribunal electoral señala la ilegalidad de diversos actos del gobierno estatal, el Congreso mantiene la impunidad de los responsables. En este caso también tendría que hacérsele juicio político a los diputados priístas que omitieran cumplir su responsabilidad legal y moral.

Estos casos límite demuestran que los cacicazgos locales del sureste no pueden ser controlados, por lo menos en esta fase de la transición, mediante las leyes e instituciones locales. El "federalismo" representa aquí la defensa de la arbitrariedad y la ilegalidad de los grupos más retrógrados del país. Esto no puede permitirse so pena de dividir a la nación en dos partes, una donde opera o empieza a operar el estado de derecho y otra donde la ley es letra muerta. Frente a este panorama una respuesta posible sería una intervención federal a través del Congreso, declarando desaparecidos los poderes. Pero esto no puede hacerse porque para ello se requiere una mayoría calificada en el Senado, la cual es imposible de alcanzar sin el concurso del PRI.

Este peligroso proceso constituye un boicot abierto a la transición política en marcha. La vieja guardia del PRI ha puesto a la titubeante dirección del partido a su merced, forzándola a tomar posiciones temerarias y poniendo en riesgo la precaria estabilidad política del país. El PRI está demostrando que no puede convertirse en un partido moderno y que en su derrota está dispuesto a llevarse a la nación entre las patas. La fracción moderada del PRI, si es que existe alguna, debe reaccionar cuanto antes si quiere tener futuro y darle cauce legal a un conflicto que ha llegado rápidamente a un callejón sin salida.